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4 OPINIÓN SÁBADO 21 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LOS QUE MUEREN EN EL MURO DEL MAR LA COMPLEJA SOCIEDAD VASCA A encuestasemestralqueelabora laUniversidad del País Vasco sobre el estado de opinión de los ciudadanos de esta comunidad, el Euskobarómetro presenta unos resultados, correspondientes al mes de junio pasado, queexponen la complejidad de sentimientos y actitudes que marca la convivencia de la sociedad vasca. La revocación de la tregua de ETA ha supuesto- -como también revela el CIS, cuya última encuesta, publicada ayer, registra la creciente preocupación por el terrorismo etarra- -la recuperación de las opiniones más pesimistas sobre el cese de la violencia, al mismo tiempo que hace aumentar los porcentajes de quienes manifiestan no sentirse libres para hablar de política o participar en ella. También vuelvea destacar elnúmero de vascos dispuestos a abandonar su tierra (hastael 12 por ciento) Una sociedad quevalora másaArnaldo Otegi que a María San Gil tiene un grave problema moral y político de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, caldo decultivo adecuado para queaún haya un 12 por ciento de vascos quelegitima la violencia y porcentajes mayores que creen que los etarras son idealistas y patriotas aunque se rechacen sus métodos criminales de forma mayoritaria. Aún así, la encuesta de la UPV revela que los criterios políticos actuales de los vascos rebajan las tendencias separatistas. Aumentan los que hoy votarían a favor de la Constitución de 1978; el 71 la mayoría se declara no nacionalista en Guipúzcoa y Alava; y la fórmula de la autonomía tiene más adeptos (34 por ciento) que el federalismo (29 por ciento) y el independentismo (30 por ciento) Aunque pudiera parecerlo, estos datos no son contradictorios con el del 63 por ciento que aboga por un acuerdopolítico sobre el derecho de autodeterminación. La presión terrorista y la hegemonía nacionalista disuaden a una parte significativa delos no nacionalistas, fundamentalmenteen elelectorado del PSE, de oponerse a la demanda autodeterminista, si con ella se pudiera favorecer un proceso de fin de la violencia. La interiorización del chantaje etarra resulta evidente, aunque, al tratarse de una opinión ciudadana, no contempla, por un lado, los problemas insalvables decarácterlegal ypolíticodeuna con- L sulta de autodeterminación; por otro, la ausencia de garantías de que ETA respetaría como definitivo un rechazo a la independencia o fórmula similar. La experiencia canadiense demuestra que lo que ha neutralizado el soberanismo quebequés no ha sido la política de referendos de autodeterminación- -tantas veces perdidos como nuevamente exigidos por el nacionalismo- sino la decisión de las institucionales federales del país de atajar las demandas nacionalistas con condiciones, recogidas en la ley de Claridad que hacen prácticamente inviable la separación de Québec. La radiografía que ofrece el Euskobarómetro no invita al optimismo sobre las posibilidades reales de que la clase política vasca pueda desarrollar proyectos de gobierno viables. Los vascos suspenden a las instituciones y los grupos políticos por su participaciónen el llamado procesodepaz ElejecutivodeIbarretxe recibe la peor valoración de los últimos cinco años, lo que refuerza la actitud crítica del presidente del PNV Josu Jon Imaz, a quien, por paradójico que resulte, pueden beneficiar los datos del Euskobarómetro si se interpretan en el sentido de que el lendakari y su proyecto soberanista radical han perdido fuelle en esta legislatura. El desfase entre sentimientos y actitudes en los ciudadanos vascos, directamente relacionada por la presión terrorista, hace muy complicada la actividad política en el País Vasco. Pero a la vista de que hay más no nacionalistas de lo que podría aparentar el estereotipo de la sociedad vasca, lo lógico sería que PP y PSE se sintieran compelidos a reforzar sus posiciones comunes a favor del estatuto y de la Constitución, y a facilitarse recíprocamente el gobierno en las instituciones municipales y forales donde son mayoría, como sucede, por ejemplo, en Alava. Más aún cuando los socialistas tienen ante sí el dato de que la gran mayoría de los vascos está convencida de que ETA no tiene voluntad de poner fin a la violencia, ni la izquierda abertzale de aceptar las reglas del juego democrático. Cuando la propia sociedad vasca descarta el fundamento de cualquier nuevo proceso de negociación con los terroristas. INJURIAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN L ordenamiento jurídico español garantiza la libertad de expresión al mismo nivel que los sistemas democráticos más avanzados y que los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Sin embargo, ningún derecho es ilimitado, sino que está basadoen el respetoa laley y a los derechos de los demás. Desde este punto de vista, es plenamente ajustada a Derecho la decisión del juez Juan del Olmo de ordenar el secuestro del último número de la revista El Jueves que incluye en su portada caricaturas y comentarios denigrantes hacia los Príncipes de Asturias. Se trata de una medida que nuestro derecho admite con normalidad en este tipo de situaciones, de modo que no entraña privilegio alguno para la Corona, sino que se ha utilizado reiteradamentey en fechas recientes en defensadelhonor de determinados personajes públicos. Según el auto judicial, dictado a instancias del Ministerio Fiscal, estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de injurias al sucesor de la Corona y de menoscabo del prestigio de ésta, tipificados por el Código Penal. En todo caso, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen es un derecho fundamental del más alto rango constitucional, que resulta manifiestamente vulnerado en este caso. Este tipo de expresiones, además de reflejar la falta de talento de su autor, cuya identificación exige la resolución del juez, son resultado de un clima de relajación y de relativización de valores, cívicos y morales, necesarios para la convivencia. E Más allá del oportunismo y de la pésima calidad del producto, el contenido de la citada portada supone una presunta infracción penal que, en su caso, habrá de ser castigada con arreglo a la ley, aunque hubiera sido deseable que la misma diligencia mostrada por el Ministerio Fiscal en este caso se hubiera empleado en otros episodios, en los que también resultó calumniada e injuriada la institución monárquica. Por elmomento, ladecisión deljuez consigueevitar las consecuencias másevidentes deldelitomedianteunaorden desecuestro queconstituyeunamedidaplenamenteacordecon elordenamiento. La sociedad española valora mucho a la Corona, que ocupa puestos de privilegio en todas las encuestas de opinión. Como el resto de los miembros de la Familia Real, los Príncipes de Asturias cumplen de forma irreprochable con sus obligaciones al servicio de España y del Estado social y democrático de Derecho. Es lógico, por tanto, que las leyes de este mismo Estado les protejan frentea estetipo deagresiones, que afectan también al conjunto de los ciudadanos, agraviados así mismo por una ofensa que no puede ampararse en la libertad de expresión. Don Felipe y Doña Letizia gozan del reconocimiento general, de modo que se equivocan por completo quienes pretenden romper la relación de respeto y afecto entre la Corona y los ciudadanos a través de expresiones que sólo demuestran el ínfimo nivel cultural y educativo de sus autores. A pasado apenas una semana desde que el presidente del Gobierno utilizó en México aquella desafortunada frase sobre los muros- no hay muro, por alto, ancho o largo que sea, y cualquiera que sea el material que lo conforme, que pueda imponerse al sueño de una vida mejor -y ya se ha encontrado bruscamente con la realidad que demuestra lo insensato que fue pronunciarla: cincuenta personas, al menos, han muerto en uno de los episodios más amargos del ya largo drama de la inmigración ilegal, lo que demuestra que la peor manera de ayudar en estos momentos a aquéllos que se juegan la vida para llegar a Europa es precisamente lo que estaba haciendo el presidente, animarles a venir con discursos cargados de falsas promesas. Después de una regularización tan poco reflexiva como ineficaz, el Gobierno socialista ha hecho de España un imán para quienes buscan forjarse un futuro en Europa. Todo el despliegue en este campo no ha tenido ningún resultado. No es éste un problema que se pueda resolver a corto plazo, pero, aparte de lograr que la inmigración ilegal sea mencionada sistemáticamente en los consejos europeos, poca cosa más se puede decir de una política de la que se ha querido hacer una bandera. Los episodios vergonzosos de policías españoles varados en Mauritania porque las autoridades de este país se negaban a colaborar en la repatriación de los emigrantes no son la mejor tarjeta de presentación de una política que no ha servido para cambiar significativamente las cosas. El goteo de inmigrantes que llegan a Canarias no cesa y, mientras tanto, no se conocen las cifras de las repatriaciones y, lo que es peor, no hay manera de saber si los datos que reconoce el Ministerio del Interior reflejan la realidad sobre este asunto. Puesto que la miseria y la tiranía son las principales causas para que los africanos dejen sus casas y busquen un nuevo futuro en Europa, arriesgándose a morir en el empeño, es necesario que, cuanto antes, se señale a los responsables de la catastrófica situación que registra la mayor parte del continente. Con la actual política, la emigración no hace sino despojar a las sociedades africanas de sus miembros más audaces y, de paso, liberar a los dirigentes menos eficientes y corruptos de la presión social. En vez de escribir poesías contra los muros, lo lógico hubiera sido poner en marcha una política que traslade la presión a los gobiernos de los países emisores de inmigrantes. Como ha demostrado el caso de Marruecos, cuando un país decide colaborar, el problema deja prácticamente de existir. Tanto es así que, debido a la eficacia de las autoridades marroquíes, la emigración se ha trasladado más al sur, con lo que la travesía se ha hecho aún más azarosa. Frente a este drama, el Gobierno tiene que actuar, junto a la Unión Europea, para obligar a esos gobernantes a hacer frente a sus responsabilidades y, de manera urgente, a dejar de enviar a sus ciudadanos a la muerte. H