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20 ESPAÑA VIERNES 20 s 7 s 2007 ABC El TS ve justificada la detención de los militantes del PP en el caso Bono Había motivos para pensar que Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz podían haber participado en el incidente, subraya la sentencia que absuelve a los policías NATI VILLANUEVA MADRID. La concurrencia de motivos racionales bastantes para creer en la realización del hecho delictivo y de motivos igualmente razonables para creer en la participación de las personas indicadas (los militantes del PP Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz) concurren en el hecho, y su racionalidad deriva de las notas informativas elaboradas por los funcionarios de policía El que posteriormente, en la investigación judicial no llegara a concretarse esa participación en el concreto hecho de la agresión (al entonces ministro Bono) es algo ajeno a la situación ex ante que es la que debe ser valorada para la adopción de la medida privativa de libertad Este es el principal argu- Detención precipitada La sentencia del TS ha contado con el voto discrepante de Manuel Marchena. El magistrado considera que sí hubo un delito de detención ilegal cuando se privó de libertad a los militantes populares y que esta detención se vio precipitada, por un lado, por las declaraciones del delegado del Gobierno Constantino Méndez (anunciando detenciones) y, por otro, por la condición de militantes de Barrios y De la Cruz. Marchena asegura que las diligencias policiales no permitían atribuir los hechos a ninguna persona concreta. Baltasar Garzón AFP El CGPJ pedirá explicaciones a Italia por el espionaje a jueces españoles ABC MADRID. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad dirigirse a las autoridades italianas para obtener la información disponible sobre el supuesto espionaje a magistrados españoles realizado entre 2001 y 2006 por el Servicio de Información Militar Italiano (Sismi) con el fin de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la independencia judicial Este asunto fue discutido a propuesta de tres vocales de la denominada minoría progresista del Consejo- -su vicepresidente, Fernando Salinas, y los vocales Montserrat Comas y Javier Martínez Lázaro- El órgano de gobierno de los jueces se dirigirá al Consejo Superior de la Magistratura de Italia y al Ministerio de Justicia de este país para solicitar la información sobre actividades de espionaje que afectan a magistrados españoles y averiguar si existieron intromisiones ilícitas en su privacidad. El Consejo Superior de la Magistratura italiana aprobó el pasado 4 de julio un acuerdo en el que señala que su Comité de Presidencia abrió en noviembre de 2006 un expediente de tutela de la independencia judicial, al tener noticias de la aparición de documentos del Sismi que ponían de manifiesto que este departamento había llevado a cabo intromisiones ilícitas en la privacidad de numerosos magistrados En concreto, el documento apunta que la inteligencia italiana espió entre 2001 y 2006 a un total de 203 jueces de 12 países europeos, entre los que se encontraba el magistrado español de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del caso Telecinco En él, la Fiscalía Anticorrupción consideraba a Berlusconi autor de seis delitos fiscales y otros seis de falsedad documental. mento que esgrime la Sala Penal del Tribunal Supremo para absolver a los policías Rodolfo Ruiz y Javier Fernández del delito de detención ilegal que sí vio la Audiencia Provincial de Madrid cuando el 8 de mayo de 2006 les condenó a dos años de cárcel. Además, ese tribunal apreció un delito de falsificación en documento público por parte de estos dos funcionarios y un tercer agente, José Luis González, y otro de coacciones sólo en el caso de Rodolfo Ruiz. De todos ellos han sido absueltos los tres acusados en la sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta y que estima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión de la Audiencia Provincial. En el caso del delito de detención ilegal, los magistrados consideran, a diferencia del Tribunal de instancia, que la detención de los militantes populares no fue inmotivada, arbitraria y abusiva sino que estaba plenamente justificada desde el momento en que era posible la participación de Barrios y De la Cruz en los incidentes que se originaron a raíz de la presencia de Bono en la manifestación convocada por la AVT en Madrid el 22 de enero de 2005. Opiniones y juicios de valor Respecto a la falsificación de documento oficial por la que fueron condenados los tres funcionarios (al haber alterado, según la Audiencia Provincial, el atestado original abultando los hechos objeto de investigación) los magistrados señalan que en uno y otro atestado (elaborados por instructores distintos) no se aprecian hechos sustancialmente distintos a los narrados en el primero de los atestados. Lo que para Sala Segunda diferencia uno y otro es que el segundo es más amplio, al contar con opiniones juicios de valor que distintos funcionarios vierten sobre los mismos hechos. Ninguno de ellos altera la esencia, sustancia o autenticidad del documento dicen. Finalmente, el ex jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid Rodolfo Ruiz es absuelto del delito de coacciones (la Audiencia consideró que las cometió con sus subordinados) al entender el Supremo que condenarle atentaría contra su derecho a la defensa, pues durante la vista oral no se formuló acusación alguna contra él en este sentido.