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4 OPINIÓN VIERNES 20 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LAS INVERSIONES PARTIDISTAS DE FOMENTO PIQUÉ, OTRA CONVULSIÓN EN EL PP A dimisión de Josep Piqué de la presidencia del PP de Cataluña introduce al primer partido de la oposición en una innecesaria crisis, cuando todavía se vivía en la organización el regusto amargo de la precipitada retirada de Jaume Matas en Baleares. Es difícil indagar con plena seguridad cuáles han sido las causas de esta decisión del dirigente catalán, porque la secuencia temporal de los acontecimientos conduce a un análisis confuso de los acontecimientos. Si- -como informó ABC antes de que lo hicieran otros medios- -el propio Piqué había aceptado y asumido el miércoles los cambios organizativos que le proponía la dirección nacional del PP, resulta desconcertante que tal consenso quedase roto ayer, jueves, inmediatamente después de la publicación de unas interpretaciones periodísticas objetivamente lesivas para la imagen del dirigente popular. Piqué se desdijo ayer de su convenio con Ángel Acebes e hizo recaer sobre la dirección nacional del partido la responsabilidad última de su dimisión. Algo ha debido de ocurrir- -por ahora sin determinar- -para que un miembro de los llamados maitines -sanedrín de notables del PP con los que Mariano Rajoy mantiene una sintonía particular- -mude tan rápidamente de criterio sin que las más altas instancias del partido hayan sido capaces de evitar una decisión que, objetivamente, repercute de forma negativa sobre la imagen de la formación. En Cataluña los resultados electorales del PP estaban por debajo, no sólo de las expectativas- -el saldo de las municipales no fue bueno- sino también de sus necesidades para disponer de oportunidad de ganar las elecciones generales en el conjunto nacional. Era precisa una reorganización, nuevos nombres y un impulso igualmente nuevo para afrontar en mejores condiciones los comicios legislativos. Parece inconcebible que Piqué, por una parte, y la dirección nacional del partido, por otra, hayan sido incapaces de acordar los términos de esa reorganización e, inmediata- L mente después, de transmitirlos a la opinión pública con el necesario discurso integrador y cohesivo que los populares requieren en estos momentos. La crisis resultante- -verdaderamente evitable- -concierne a Piqué, que habría debido aguantar el tirón, pero también a la dirección nacional del PP, cuya autoridad se ha visto cuestionada en poco tiempo por dos presidentes autonómicos en comunidades de vital importancia política y electoral, Baleares y Cataluña. No se trata de repartir culpas o de igualar recriminaciones, sino de apelar a la responsabilidad colectiva del Partido Popular: con episodios como éstos se está ofreciendo bazas argumentales a sus adversarios, que en su discurso crítico cuartean la percepción del PP cuya imagen ha de ser la de un partido con plu, ralidad de sensibilidades pero perfectamente disciplinado y cohesionado en coherencia con el delicado momento por el que atraviesan la sociedad española y el propio Estado. El Partido Popular es la expresión de la derecha democrática española, del muy amplio sector liberal- conservador nacional, de los ciudadanos moderados y de los sectores centrales de la sociedad española. El PP es un partido para una gran mayoría electoral; una organización con vocación de Gobierno que ha demostrado durante dos legislaturas que dispone de proyecto, programa y personas para llevarlo adelante con eficiencia y rigor. Una organización de estas características ha de favorecer un liderazgo fuerte- -en este caso el de Mariano Rajoy- -y deponer diferencias para encararse al Gobierno y al Partido Socialista con una unidad de acción indubitable, sin fisuras y con moral de victoria. Dimisiones como las de Piqué o- -siendo distinta, también lesiva para el partido- -la de Matas no permiten sostener un buen diagnóstico sobre la situación interna del primer partido de la oposición y responsabilizan a todos sus dirigentes a conjurarse en la unidad y la discreción para alcanzar la cita electoral con posibilidades de victoria. Porque España la necesita. SIN APOYO A LAS EMPRESAS A política impositiva sobre el tabaco- -con dos subidas consecutivas en apenas seis meses- -ha contribuido a la operación de compra de Altadis por Imperial Tobacco. Los reajustes fiscales de septiembre de 2005 y de enero de 2006, que agudizaron además la guerra de precios entre las tabaqueras, supuso una pérdida de valor de 3.266 millones de euros para Altadis, según cálculos que recoge ABC, lo que a su vez recortó en unos 230 millones de euros la cuenta de resultados de la compañía. Estas mermas han puesto en bandeja a la empresa hispano- francesa para ser adquirida por sus rivales, como pone de manifiesto la opa de Imperial Tobacco o las que puedan lanzar otros compradores, como el fondo CVC. La opa presentada por Imperial Tobacco por 16.200 millones de euros representa 14,2 veces el resultado bruto de explotación de Altadis. Si no se hubiese deteriorado su valor, el precio final mínimo de venta- -sumada su deuda, de 3.000 millones- -debería subir hasta 19.500 millones de euros, una cifra inalcanzable para Imperial por su compromiso sobre nivel de deuda contraído con sus accionistas. Además, de no habérsele restado recursos a través de estas subidas de impuestos, Altadis hubiera podido acometer nuevos proyectos de inversión. El caso de Altadis es uno más de la miope política industrial del Gobierno, ayuno en la defensa y apoyo a las empresas españolas, lo que propicia una nueva compra de otra industria puntera española, que puede repetirse con otras otras im- L portantes compañías participadas por Altadis, como Aldeasa, también recientemente privatizada, o Logista, uno de los grandes operadores en logística del sur de Europa, un sector clave en el desarrollo industrial de un país. Algo similar puede pasar con otras compañías emblemáticas con sede en España, como Iberia. La ausencia recalcitrante de una política industrial efectiva, respetuosa con el libre mercado, junto con el permanente intento de intromisión en la marcha y los resultados empresariales, o la invitación y hasta el descarado apoyo a que accionistas amigos desplacen a los tenidos como enemigos son síntomas palmarios de que el Gobierno olvida el verdadero motor de la economía: el libre mercado. Episodios recientes y reiterados ilustran unas prácticas que, además, han minado la autoridad y el prestigio de nuestros organismos reguladores. Todo ello, unido a la escasa y tímida ayuda a nuestras empresas en sus conflictos internacionales, tanto en Iberoamérica como en Europa, como lo sucedido en Bolivia o ahora, con Telefónica, ante la Comisión Europea. El caso Altadis contrasta con el papel activo de defensa decidida de sus industrias y empresas que practican otros paises europeos, socios como España de la UE, algo que, además, es perfectamente compatible con la defensa de los intereses de los consumidores, de la propia legislación comunitaria y el libre mercado. N reciente informe elaborado con todo rigor técnico pone de relieve el desequilibrio regional en las inversiones que realiza la Administración central en materia de infraestructuras. Se desprende del informe, entre otros datos, que Fomento gasta seis veces más en Asturias o en Castilla- La Mancha que en Madrid y que, con carácter general, hay una relación inversa muy acusada entre la riqueza de la región y el esfuerzo inversor del Estado. Si alguien piensa ingenuamente que el objetivo es aplicar el principio de solidaridad o corregir desequilibrios, basta llamar la atención sobre un aspecto concluyente: las comunidades más beneficiadas están gobernadas por los socialistas, mientras que, en el periodo de referencia (2003- 2006) las más perjudicadas estaban todas ellas gestionadas por otros partidos. Es llamativo también el caso de Cataluña, puesto que- -pese a la protesta constante del tripartito- -la inversión ministerial duplicó a la de Madrid, si bien es cierto que no llegó a alcanzar la media nacional. El dinero público debe estar al servicio de los ciudadanos y no de las estrategias partidistas. Esta regla básica en un Estado democrático se incumple cuando, de forma directa o indirecta, el Ejecutivo premia a los votantes de su partido y castiga sin pudor alguno a los demás. No es ésta, desde luego, la exigencia de la Constitución cuando determina, en el artículo 103, que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia y eficiencia. La patronal de la construcción, autora del informe, ofrece también otras consideraciones de interés. Estima Seopan que, para hacer creíble la aportación solidaria de los españoles, las comunidades autónomas deben aportar más recursos propios. La plenitud del estado autonómico y el importante volumen de recursos que gestionan los entes territoriales exigen, en efecto, que se arrincone la idea de las autonomías como un poder centrado en la reivindicación permanente, de modo que deben convertirse en gestoras responsables de sus competencias y obligaciones. Es interesante también la referencia a la cohesión social y la movilidad de personas y mercancías como elementos del mercado libre, lo cual exige planes de inversión coherentes y no decisiones erráticas en función de circunstancias coyunturales. Antes de responder airadamente a las acusaciones de discriminación, Magdalena Álvarez debería estudiar con detalle este informe técnico. La inversión del Estado en infraestructuras es un arma política y financiera de primer orden que, a la vista de los datos, se utiliza al servicio de comunidades afines, de modo que la oposición debe pedir explicaciones en sede parlamentaria y las administraciones perjudicadas presentar sus quejas ante el Ministerio, aunque ello provoque el enfado de una ministra que encaja mal las críticas. U