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4 OPINIÓN JUEVES 19 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CIUDADANOS OPERACIÓN FALLIDA OS partidos políticos son elementos básicos en los sistemas democráticos contemporáneos. Los partidos verdaderamente representativos son formaciones complejas, que mueven notables recursos humanos y materiales y cuentan con miles de afiliados y simpatizantes. No es fácil improvisar una organización de este tipo y, por ello, es frecuente el fracaso de determinadas operaciones que obtienen al principio un cierto apoyo social. ABC advirtió en su día sobre los riesgos que implicaba el modelo Ciutadans impulsado por un grupo de intelectuales de reconocido prestigio y que logró un buen resultado en las elecciones catalanas. Merecen el mayor elogio los promotores de esta plataforma cívica, personas con notable influencia en la opinión pública y que han tenido el mérito de llamar la atención sobre ciertas deficiencias del sistema de partidos. Sin embargo, cumplida su tarea, ellos mismos dieron un paso atrás y Ciudadanos quedó en manos de personajes dispuestos a ganar fama y notoriedad aunque fuera a costa de alejarse del espíritu fundacional. Algo de esto quedó ya patente en la campaña electoral a la vista de la peculiar forma de atraer el interés de los votantes por parte del cabeza de lista y todavía líder del grupo político. Se confirma ahora la crisis interna, en la que se han reproducido los comportamientos más tópicos de la lucha por el poder y el reparto de influencias, es decir, lo mismo que se reprocha a los partidos tradicionales con el agravante de la falta de equilibrios estatutarios e ideológicos. En la práctica, se ha producido incluso la ruptura de la unidad entre los intelectuales que pusieron en marcha la operación, de manera que se sitúan ahora en opciones diferentes que parecen irreconciliables. No se trata sólo de un problema de organización. La cuestión de fondo reside en que ciutadans pretende ocupar un espacio político que ya está ocupado. Más allá del debate estéril sobre las personas, el PP representa en Cataluña esa opción moderada y centrista que defiende sin rodeos el sistema constitucional y denuncia los excesos del nacionalismo. Si los impulsores y votantes de ciudadanos quieren, como es el caso, plantar cara al sectarismo imperante, lo que deben hacer es apoyar el proyecto popular y hacer pública está decisión. La reflexión es válida también para el País Vasco o para una eventual operación a escala nacional, según el modelo- -ya muy cuestionado después de la crisis- -de este movimiento cívico catalán. De lo contrario, el mecanismo electoral puede producir graves perjuicios a la única opción que a día de hoy defiende sin matices la teoría y la práctica de la España constitucional. El puñado de votos que se escapan por esta vía refuerza a partidos como los nacionalistas que no dejan escapar ningún sufragio y, por esta vía indirecta, sale ganando ese socialismo dispuesto a pactar en todas partes en nombre de una llamada España plural que encubre en realidad la ruptura del modelo territorial vigente. L ZAPATERO SE DA CONTRA EL MURO ADA la escasa y generalmente poco afortunada actividad internacional de Rodríguez Zapatero, su viaje oficial a México ha sido una buena noticia por el hecho mismo de haberlo realizado. Al menos, ha visitado Iberoamérica sin dar nuevas muestras de sus afectos populistas por Hugo Chávez, Evo Morales o Fidel Castro. El principal resultado del viaje al país azteca interesa más a su presidente, Felipe Calderón, pues ciertamente la visita de Zapatero es una manera de expresarle públicamente su respaldo frente a la campaña de deslegitimación en la que aún persevera el candidato izquierdista López Obrador y cuyos seguidores han criticado, por este motivo, al presidente español. En este sentido, Zapatero ha acertado al apoyar a Calderón y pronunciarse a favor de la estabilidad política en México. También ha sido oportuno el acuerdo de colaboración en la lucha contra ETA, especialmente en las redes de financiación que existen en México. Desde que José María Aznar acordara en 2001 con Vicente Fox, anterior presidente mejicano, una nueva etapa de colaboración antiterrorista, México ha expulsado o extraditado a España 14 etarras, algunos de ellos, como los 6 que fueron entregados en mayo de 2006, acusados por la Audiencia Nacional de blanqueo de capitales y recaudación de fondos con fines terroristas. También es un acierto que Zapatero, al menos en este capítulo, siga el camino trazado por Aznar. El problema del Gobierno socialista es que no tiene un planteamiento estratégico para España y esta carencia hace que sus relaciones diplomáticas, además de escasas, estén desprovistas de objetivos ambiciosos y de voluntad de asumir compromisos. Hay una evidente superficialidad en los discursos del presidente del Gobierno ante los mandatarios extranjeros, a los que suele obsequiar con disquisiciones muy coherentes con su talante, pero sin contenido alguno para desarrollar la diplomacia de altura que merecería España. Más grave es que en este ámbito de las relaciones exteriores, el presidente del Gobierno suela ceder a su fijación con Estados Unidos. Lo hizo en su visita a Tú- D nez, en septiembre de 2004, cuando invitó a los países aliados de Washington a que abandonaran Irak como hicieron, a su orden, las tropas españolas. Poco importó a Rodríguez Zapatero que su gobierno hubiera aprobado tres meses antes una resolución de Naciones Unidas que pedía a los Estados miembros exactamente lo contrario, el envío de tropas al país árabe para colaborar con la Fuerza Multinacional dirigida por Estados Unidos. En México, Rodríguez Zapatero ha cedido nuevamente a sus prejuicios ideológicos. Despreciando la gran incidencia de la inmigración ilegal en las relaciones entre los gobiernos mexicano y estadounidense e ignorando la sensibilidad producida por este problema al sur de Río Grande, al presidente del Gobierno no se le ocurre nada mejor que criticar la iniciativa del muro que Washington quiere alzar en la frontera para impedir la entrada de inmigrantes sin papeles y, también, que sigan muriendo en el desierto de Sonora. Adornando su pensamiento con una lírica, Zapatero dijo que no hay muro, por alto, ancho o largo que sea, y cualquiera que sea el material que lo conforme, que pueda imponerse al sueño de una vida mejor Estas palabras son impropias del presidente de un Gobierno que tiene en su país el problema más grave de inmigración ilegal de toda Europa. Son, además, claramente inconvenientes porque suponen entrometerse en las relaciones de dos países extranjeros, por un lado, y enturbian, aún más, la imagen de España ante la administración Bush, quien ha defendido la regularización de doce millones de hispanos, iniciativa a la que no aludió Zapatero. Además, son inoportunas porque deslegitiman las demandas españolas de ayuda a la Unión Europea y a los países del África subsahariana para frenar la entrada de inmigrantes por las costas canarias. ¿Por qué unas patrulleras españolas o las vallas de Ceuta y Melilla sí pueden frenar el sueño de una vida mejor y un muro fronterizo no? Zapatero debería ser consciente de que, cada vez que habla en el extranjero, compromete la imagen y el prestigio de España, y no para bien, precisamente. TELEVISIÓN PÚBLICA Y PUBLICIDAD N plena negociación del contrato- programa que debe regir la actividad de la televisión pública estatal durante los próximos años, se hace necesaria una reflexión a fondo sobre la cuestión de la publicidad en los medios de comunicación. Vivimos un periodo de cambios en el régimen jurídico de las televisiones, que- -como el resto de los medios- -deben adaptarse a nuevos retos que dejan muy atrás antiguas formas de funcionamiento, hoy ya obsoletas. Hemos avanzado bastante, pero falta mucho por hacer para que tengamos un modelo homologable con otros países de la Unión Europea. Las formas han mejorado, pero los contenidos distan mucho de ser coherentes con el nueva situación. Se ha llamado recientemente la atención sobre hechos muy concretos que actúan en dirección contraria a las previsiones legales. Entre ellos, que algunas televisiones públicas suprimen programas infantiles, promocionan series norteamericanas o trasladan los programas culturales al horario de madrugada. No siempre se cumplen las reglas para racionalizar los horarios y se desequilibra el mercado comprando series a precios muy altos a las grandes productoras multinacionales. Lo peor de todo es el incremento de la publicidad, lo que supone un serio inconveniente para el libre juego de un mercado cada vez más fragmentado y competitivo. Si quie- E nes tienen en sus manos la fuerza institucional que deriva del poder público atraen hacia sí recursos publicitarios que son por definición escasos, los medios privados quedan en situación de indefensión, puesto que es imposible que las empresas incrementen de forma exponencial la cuantía que destinan a la publicidad. Por tanto, es imprescindible una actitud de autolimitación por parte de entidades que están orientadas por ley a realizar una programación de servicio público y, precisamente por eso, deben nutrirse a través de los presupuestos de las entidades correspondientes y no drenar recursos que podrían tener otro destino en un mercado abierto. Las cifras que se han dado a conocer últimamente reflejan un incremento publicitario que contraviene el juego limpio y la normativa en vigor. En definitiva, ningún medio público debe eludir su obligación de cumplir los fines para los que está destinado y que en ningún caso consisten en competir con los medios privados en busca del favor del mismo tipo de consumidores. No es fácil determinar con exactitud cuánto cuestan a los ciudadanos los medios de comunicación públicos. Sin embargo, el Estado democrático exige que no exista ocultismo de ningún tipo ni que se mantenga el secreto sobre la gestión del dinero de todos.