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ABC MIÉRCOLES 18- -7- -2007 Tensiones territoriales ESPAÑA 15 Montilla lleva al Gobierno ante el TC coincidiendo con los nuevos traspasos I. ANGUERA BARCELONA. El presidente de la Generalitat, José Montilla, anunció ayer la presentación de un conflicto competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto regulador de la formación profesional para la ocupación. Montilla, que habitualmente no comparece tras la reunión semana de su gabinete, reconoció que este real decreto es mejor que otros años, porque da más dinero y competencias pero señaló que aún no es óptimo porque regula ámbitos que la Generalitat reclama como competencia exclusiva. El presidente catalán se refirió además al ritmo de despliegue del Estatuto impuesto por el Gobierno del PSOE para señalar que ve el vaso medio lleno pero no se da por totalmente satisfecho. La disposición del Gobierno es mejorable, siendo conscientes de la complejidad de los temas abiertos, pero estoy rezonablemente satisfecho concluyó. Montilla se refirió también a los recursos del PP contra el Estatuto y anunció la decisión de la Generalitat de presentar un escrito de alegaciones en el TC secundando el informe del Abogado del Estado sobre la incongruencia popular. El TC tilda de extravagante el recurso de Camps contra el Estatuto andaluz En el auto en el que tumban el escrito, los magistrados reprochan a la Generalitat que utilice el recurso de inconstitucionalidad para hablar de la financiación catalana MANUEL CONEJOS VALENCIA. El recurso del Gobierno valenciano contra el apartado sobre financiación que se recoge en el Estatuto de Andalucía fue ayer desestimado por Tribunal Constitucional, que calificó el escrito de extravagante La Generalitat valenciana fundamentó el recurso en sus dudas sobre la disposición adicional tercera de la norma andaluza, que establece que la inversión destinada a Andalucía sea equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años Este precepto rompía, según el Ejecutivo que preside Francisco Camps, el criterio de solidaridad y multilateralidad en las inversiones estatales en las diferentes regiones españolas. El Tribunal, por contra, ha tildado de extravagante el recurso valenciano al entender que persigue un pronunciamiento judicial, no tanto acerca de la inconstitucionalidad o no de la disposición del Estatuto andaluz, sino más bien sobre el capítulo de financiación del Estatuto de Cataluña. Por ello, decide su inadmisión. cogidas en el Estatuto andaluz y el Estatuto de Cataluña, respectivamente (con arreglo a criterios poblacionales o del PIB regional) Para Rambla, lo que el Constitucional dice en su resolución es que no es el órgano para atender las incongruencias provocadas desde el punto de vista presupuestario en los Estatutos de las diferentes comunidades autónomas En ese mismo sentido se pronunció la dirigente del PP nacional Soraya Sáenz de Santamaría, para quien la decisión coloca la pelota en el tejado del Gobierno Según Sáenz de Santamaría, la pretensión del Gobierno valenciano no fue nunca la de cuestionar la constitucionalidad del Estatuto andaluz, sino que se marcaba el objetivo de que Zapatero establezca un criterio de financiación común Sin embargo, el vicepresidente económico del Gobierno, el valenciano Pedro Solbes, nunca ha dado pie a propiciar un diálogo abierto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer esos criterios objetivos. En clave interna, la inadmisión de este recurso desatasca una incómoda situación entre Francisco Camps y Javier Arenas; ambos mantienen una magnífica relación, pero la apertura de este capítulo territorial había colocado al presidente del PP andaluz en una posición complicada. Precisamente, este argumento fue ayer esgrimido por el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien manifestó que la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de la Generalitat supone una desautorización clara, rotunda y contundente de la estrategia desplegada por el PP para dañar la imagen de Andalucía Pizarro añadió que también deja claro que el texto estatutario es plenamente constitucional Para Pizarro hoy (por ayer) es un mal día para el PP y es un día negro para Javier Arenas a quien consideró víctima de un varapalo político y jurídico al ver cómo el TC des- Criterio común Camps se plantea modificar de nuevo el Estatuto valenciano MIKEL PONCE Otro objetivo Resolución del TC La demanda satisface la concreción de la Ley, la disposición y el acto impugnado, en todo o en parte... aunque no precisa el precepto constitucional que se entiende infringido El escrito de interposición explícitamente considera que el precepto estatutario impugnado es plenamente constitucional, si bien plantea su incongruencia con lo regulado en el apartado primero de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña Resulta extravagante y ajena a la jurisdicción constitucional, pues no sólo no se compadece con el objeto propio de un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que la propia demanda lo considera ajustado a la Constitución, sino que se endereza a lograr otra interpretación, esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto que ya fue recurrido monta el montaje irresponsable que había urdido su partido Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto de Cataluña, el Gobierno valenciano se plantea abordar una nueva reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana con la que se buscaría evitar que la Comunidad Valenciana quedará relegada en la financiación de los Presupuestos Generales del Estado. Sería el tiempo de la aplicación, aunque falta ver mediante qué fórmula jurídica, de la llamada cláusula Camps que permitiría a los valencianos alcanzar el nivel de financiación y competencial máximo que logre cualquier otra Autonomía. Esta cláusula quedó en su día en hibernación a la espera de ver lo que sucede con otros Estatutos y, sobre todo, de la decisión del Gobierno al respecto; hasta la fecha, el Ejecutivo se ha abstenido de fijar criterios objetivos de financiación dentro del Consejo de Política Fiscal. El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, aseguró que acatamos la decisión, aunque advirtió que la Generalitat seguirá reivindicando un modelo de financiación que atienda a criterios objetivos y únicos para el conjunto de comunidades autónomas Esta frase de Rambla encierra realmente la intención última del recurso de inconstitucionalidad planteado, ya que deja bien a las claras que la finalidad era la obtención de un pronunciamiento ante las evidentes contradicciones en materia de inversión pública re- Cláusula Camps JULIÁN DE DOMINGO El Gobierno valenciano no descarta impulsar una nueva reforma de su Estatuto para no quedar en desventaja