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4 OPINIÓN DOMINGO 15 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL PATRIOTISMO DE SARKOZY L primer 14 de julio en Francia bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy trae consigo muchos cambios en la forma y en el fondo. No se trata solo de una estética renovada de la fiesta nacional, más abierta y menos encorsetada que en otras épocas, sino que lo más llamativo es el dinamismo que el presidente actual imprime a la vida política y a la sociedad francesa para superar la parálisis tantas veces denunciada. El desfile militar en los Campos Elíseos, con presencia de unidades de todos los países miembros de la UE, ha venido precedido por una visita a las bases nucleares donde se custodia el arsenal atómico, como referencia expresa a la garantía de los intereses vitales de la nación. En pocos meses, Sarkozy ha formado un Gobierno con representantes de diversos sectores políticos y culturales para adaptarse al pluralismo irreversible del país. Su hiperactividad en política exterior ha sorprendido a propios y a extraños. Impulsor, junto a Angela Merkel del relanzamiento de una UE que parecía incapaz de superar la quiebra del Tratado Constitucional, ha planteado a los 27 nuevas iniciativas económicas y ha logrado el apoyo a un candidato socialista francés para dirigir el FMI tras la retirada voluntaria de Rodrigo Rato. El presidente ha visitado Argelia, recuperando una relación natural con ésta y con otras antiguas colonias, y está utilizando sus bazas en diversas crisis internacionales, rompiendo a veces los modales formalistas de ciertos usos diplomáticos. Así pues, Francia empieza a cambiar de acuerdo con la voluntad expresada por los ciudadanos de forma rotunda en las elecciones presidenciales y legislativas. Superar los valores anticuados del 68, recuperar la cultura del esfuerzo y de la excelencia y promover un patriotismo legítimo son principios que han calado hondo en una sociedad que apuesta por un proyecto atractivo después de muchos años de estancamiento. Sarkozy promueve sin complejos el orgullo de ser francés y pone en movimiento los enormes recursos- -económicos, pero también morales- -de una nación que vuelve ahora a creer en sí misma. Resulta muy ilustrativa la comparación con otros gobernantes europeos, atrapados por extraños complejos acerca de su propio país. Sarkozy sabe lo que quiere y procura- -a veces, con cierta precipitación- -trasladar sus ideas a la práctica y demostrar a la gente que no está dispuesto a ser una esfinge lejana y distante como alguno de sus antecesores. Lejos de encerrarse en su despacho y de rodearse de colaboradores complacientes, hace política a pie de calle, ejerce el protagonismo que le corresponde en Europa y recuerda en cada momento los valores que han hecho grande a su país. La V República Francesa recupera así su sentido institucional, puesto que la Constitución aprobada en 1958 a la medida del general De Gaulle exige un fuerte liderazgo presidencialista que Sarkozy practica con una gran capacidad de iniciativa y de trabajo. E FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ETA A sólida cadena de detenciones de etarras ejecutadas en España y Francia desde el anuncio del final de la tregua, demuestra que la acción policial es imprescindible para derrotar a ETA, pero insuficiente, porque necesita el complemento de una estrategia conjunta entre Gobierno y Partido Popular, que es de lo que carece la lucha antiterrorista del Ejecutivo socialista. Desde el fin de la tregua han sido detenidos catorce etarras que estaban en fase de planificación y de ejecución de atentados inminentes. Esta eficacia policial merece un diáfano reconocimiento por parte de la opinión pública y de todos los partidos políticos, porque es lo que inmensa mayoría de los ciudadanos venían reclamando al Gobierno, como contrapunto a tres años de confusión y ambigüedad. En absoluto es fácil conseguir estos resultados policiales en la lucha contra ETA, incluso aunque alguno de ellos tenga que ver más con la suerte que con una labor de seguimiento. Sin embargo, el alto número de detenidos en poco tiempo es motivo suficiente para lamentar que el Gobierno no hubiera empezado antes esta presión policial contra ETA, en todos sus niveles de comandos y de kale borroka esa violencia terrorista y callejera de la que, hasta hace no mucho, el PSOE dudaba que tuviera que ver con los etarras, como sucedió con el atentado contra el negocio de un concejal de UPN en Barañain o con la colocación de un artefacto bajo el coche del hermano de un concejal socialista. La debilidad organizativa de ETA explica esta sucesión de detenciones. Pero no hay que ser triunfalista, porque desgraciadamente el Estado no puede fallar nunca frente al terrorismo, pero a ETA le basta con golpear sólo una vez para demostrar que aún es capaz de matar. ETA sigue débil, pero el problema es que lo está menos que en 2004. Estos tres años de contemplaciones han servido a los terroristas para rearmarse- -con las pistolas robadas a cientos en Francia, por ejemplo- -y L reclutar nuevos pistoleros. Aunque ETA aún sigue sufriendo las consecuencias de la política firme de acoso y derrota que se le aplicó en la anterior legislatura, su determinación criminal es la misma y ha recuperado el terreno que le ganó la ley de Partidos Políticos y el Pacto Antiterrorista. De haber continuado esta política desde 2004, hoy sí se podría decir que el fin de ETA estaba muy próximo. Ahora no, porque, la otra cara de esta organización criminal la forman nuevos terroristas que tienen que demostrar que sigue existiendo el conflicto político con el que puedan justificar su propia existencia. Cuanto mayores sean los logros policiales, mayor será la desesperación de ETA y su ansiedad por atentar y confirmarse así como vanguardia de la lucha del pueblo vasco. Ahora mismo, la lucha de ETA es una lucha por la supervivencia y por esto mismo resultan especialmente dañinos los mensajes y los gestos que, en vez de deslegitimar sus objetivos políticos, los avalan como opciones legítimas. El lendakari, por ejemplo, vuelve a defender una consulta popular sobre su plan soberanista, que fue apoyado por ETA, a través de Batasuna, en el Parlamento vasco. En otro plano, la vuelta de la izquierda proetarra a los ayuntamientos vascos y navarros, así como la aceptación de la negociación política con los terroristas, han sido graves errores del PSOE y del Gobierno de Rodríguez Zapatero, con los que han facilitado un nuevo despliegue estratégico de ETA en las instituciones vascas y en la opinión pública, confundida temerariamente sobre si es o no lícito negociar con terroristas e invitada a pensar si realmente hay cuestiones innegociables ante el señuelo de la paz. La detención policial de terroristas es imprescindible, pero hay que volver a atacar legalmente la estructura política de ETA, representada por Batasuna, ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas. ARBITRARIA RETROACTIVIDAD IENTRAS el Ejecutivo decide cómo articular la promesa electoralista de Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación, crecen las dudas acerca de la justificación política y la precisión jurídica de la anunciada prestación de 2.500 euros por hijo. Ante todo, suscita fuertes objeciones la igualdad sin matices de esta prestación no contributiva, en la que no se toma en cuenta la muy diferente posición social y económica de las familias. En los últimos tiempos, la izquierda asume una extraña concepción mecánica de la igualdad, como ocurre con la propuesta de renta básica de ciudadanía que promueven algunos socios radicales del PSOE. Lo mismo ocurre con esta ayuda que ofrece ahora el presidente del Gobierno sin tener en cuenta que una medida aislada no puede sustituir a una política integral de apoyo a la familia. Los 2.500 euros no significan casi nada para algunas personas, mientras que para otras pueden llegar a ser un incentivo para la natalidad. La desigualdad es tan patente que sorprende su defensa por un partido que se proclama socialista pero que está ahora dispuesto a dar lo mismo a unos ciudadanos que a otros. Si se pretende hacer una política redistributiva y utilizar los recursos públicos en apoyo de los sectores menos favorecidos, sería más lógico atender a criterios objetivos, como la renta personal determinada según el IRPF. To- M do ello, hay que insistir, desde el punto de vista de una política que se dice de izquierdas y que hace bandera de la libertad concebida como no dominación que Zapatero parece haber aprendido de las teorías republicanistas. En el plano jurídico, es insostenible la pretensión de que la medida, una vez aprobada por norma con rango de ley, empiece a producir efectos con carácter retroactivo desde el día 3 de julio, fecha del discurso presidencial. Éste es un caso patente de arbitrariedad en el ejercicio del poder, que la Constitución prohíbe expresamente en su artículo 9.3. Zapatero tiene tan alta concepción de sí mismo que convierte el momento- -puramente accidental- -en que anuncia la medida en el Congreso de los Diputados en el punto de partida para generar derechos subjetivos a favor de los ciudadanos. No hay razón objetiva alguna que justifique la discriminación para las familias con hijos nacidos el día anterior o en cualquier otra fecha próxima. El presidente debe dar marcha atrás en su pretensión, de manera que la norma correspondiente comience a producir efectos el día de su entrada en vigor o, en caso de aplicarse con efectos retroactivos, lo haga con fecha de 1 de enero de 2007. En un Estado de Derecho todas las decisiones de los poderes públicos tienen que estar justificadas razonablemente y ello no ocurre en el caso de este día elegido con criterios puramente arbitrarios.