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4 OPINIÓN SÁBADO 14 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro REFORMA ELECTORAL CONVENIENTE RIMERO fue la rebaja de los impuestos y ahora se trata de la reforma de la Ley Electoral. Lo cierto es que Mariano Rajoy está anticipando algunos elementos básicos del programa del PP, lo que demuestra que- -a pesar de los intentos de Zapatero de mantenerla con vida- -la legislatura actual está ya agotada a efectos políticos. El líder de la oposición ha dicho en Galicia que dicha reforma es una prioridad y ha puesto como ejemplo a esa misma comunidad autónoma como falta de respeto a la voluntad de los ciudadanos: el PP saca 10 puntos de ventaja al PSOE y 20 al BNG, y sin embargo estos dos partidos gobiernan en coalición. Las recientes elecciones locales y autonómicas han puesto de manifiesto esta grave distorsión del sistema. No se trata sólo de que beneficie o perjudique a un partido o a otro en función de su capacidad para llegar a acuerdos post- electorales. Lo realmente grave es que la opinión pública contempla entre la perplejidad y la indignación esta falta de respeto al resultado de las urnas, con grave daño para la legitimidad del Estado democrático. Hay partidos minúsculos que sacan una gran rentabilidad de un escaso número de votos para obtener cuotas de poder que no les corresponden. El caso de Baleares es tal vez el más exagerado, pero no es el único. En la práctica, algunas formaciones políticas sacan a subasta sin pudor alguno el apoyo de sus concejales o representantes autonómicos, y están dispuestos a aliarse con el que más ofrezca, incluso en algún caso para promover operaciones de dudosa legalidad. Rajoy acierta en el planteamiento político del asunto, si bien su articulación técnica es muy compleja. En el ámbito nacional, establecer la regla de que gobierne quien más escaños o votos consiga exige una reforma constitucional y, en todo caso, cualquier modificación del sistema electoral implica cambiar la LOREG, norma con rango de ley orgánica y que requiere por ello la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En el ámbito autonómico, haría falta retocar los estatutos, cuya modificación es particularmente compleja. El marco natural de la propuesta sería, sin duda, la legislación de régimen local, puesto que en muchos ayuntamientos se producen verdaderos fraudes a las preferencias electorales de los vecinos. En todo caso, el problema no está sólo en las leyes, sino sobre todo en la voluntad de los dos grandes partidos nacionales para frenar la influencia excesiva de los nacionalistas y otros grupos minoritarios. Un pacto público y solemne en favor de la lógica democrática- -es decir, que la mayoría gobierna- -produciría el mismo efecto que una reforma legal. El líder del PP ha expresado ya su disposición a cambiar las cosas. Sin embargo, es de temer que Rodríguez Zapatero no quiera saber nada del asunto y siga buscando aumentar su poder territorial a base de pactos interesados y oportunistas, aunque sea en perjuicio de la voluntad real de los ciudadanos. P EL FRACASO ESCOLAR, CUESTIÓN DE ESTADO EGÚN los últimos datos publicados por el periódico Magisterio el fracaso escolar afecta a cerca del 30 por ciento de los alumnos, el porcentaje más alto desde 2000 y con un incremento de tres puntos desde este año hasta 2005. El mapa del fracaso de los alumnos españoles se concentra en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Murcia y Extremadura, comunidades que superan el 29,6 por ciento alcanzado por la media nacional. Ceuta y Melilla son casos especiales que superan el 40 por ciento. En el reverso de la situación se encuentran Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León, cuyos porcentajes oscilan entre el 14,9 por ciento de la primera y el 20,9 por ciento de la última. Al aumento de los alumnos que fracasan se suma la distancia que separa a la comunidad con peor resultado de la que obtiene el mejor (con una diferencia de 23 puntos porcentuales) lo que quiere decir que se está abriendo una sima social en materia educativa con consecuencias muy negativas para la formación general de los jóvenes y su adecuación para el mercado de trabajo. Estos datos revelan que el sistema educativo acusa el golpe de varios errores de planteamiento que, a pesar de todo, se mantienen inalterados. El primero es que el modelo de educación se ha impregnado de una evidente falta de ambición formativa, en sintonía con una actitud social generalizada que no premia el esfuerzo, el sacrifico ni la dedicación al estudio. Suele cuestionarse si los colegios e institutos son o no suficientemente exigentes con los alumnos. El problema, en cambio, y aunque haya algunos casos concretos de dejación por parte de los centros, es si la sociedad está dispuesta a ser exigente con la formación de los jóvenes y a aceptar que su enseñanza se base en criterios de disciplina, conocimiento y dedicación. En este sentido, la colaboración de los padres es imprescindible para dotar al sistema de mayor nivel de calidad y como ésta colaboración no se produce ni los poderes se sienten obligados a revisar sus normas educativas, ni el profeso- S rado cuenta con el respaldo necesario para ejercer su labor con autoridad. La experiencia diaria de los maestros muestra cómo aumenta el proteccionismo paterno al alumno no sólo frente a cualquier decisión disciplinaria del centro, sino también a un simple suspenso. El incremento de agresiones a profesores por parte de familiares de alumnos es todo un síntoma de esta situación. El segundo error es la fragmentación territorial del sistema educativo. Obviamente, no se puede aspirar a un mismo nivel de excelencia académica en todas las comunidades autónomas, porque cada una de ellas presenta factores propios, como la población escolar, los recursos asignados o el impacto inmigratorio en la conformación del alumnado. Esto último obliga, como debe ser, a la organización de planes específicos de refuerzo académico y lingüístico, con la consiguiente repercusión en el rendimiento general. Pero precisamente por estos factores territoriales es necesario que desde los poderes del Estado se creen los medios legales adecuados para cohesionar el sistema educativo español, sin lo cual no sólo seguirá instalado en la mediocridad académica y en la fragmentación social, sino que dificultará, como ya está sucediendo, cualquier proyecto político, cultural o económico que se base en una idea nacional y común de los españoles. Si la discusión en Cataluña consiste en dejar la enseñanza del castellano en dos horas o tres a la semana; si el alumno de Bachillerato podrá pasar de curso aunque suspenda la mitad de las asignaturas; si cada vez que se habla de una examen general de conocimiento salen a la luz todos los prejuicios progresistas contra la cultura del esfuerzo y el estudio- -como los que dedicaron a la Comunidad de Madrid por hacer a todos los alumnos madrileños una Prueba de Conocimiento y Destrezas Indispensables lo previsible es que en el futuro los porcentajes del fracaso escolar no disminuyan y que la formación de los alumnos sea cada vez más deficiente. EL CHAPAPOTE LLEGA A IBIZA A llegada del verano suele dejar al descubierto graves deficiencias en la gestión del Gobierno, siempre ocupado en diseñar estrategias partidistas y no en buscar soluciones eficaces para problemas concretos. La nueva marea negra de Ibiza es fiel reflejo de que el Ministerio de Fomento no aprende las lecciones del pasado reciente. Una vez más, ha llegado tarde el departamento que dirige Magdalena Álvarez, y eso que su titular, sin duda una firma candidata a ser destituida, ha logrado salvar el puesto en la última remodelación ministerial. El Ejecutivo se moviliza cuando el litoral ibicenco ha sufrido ya múltiples daños. Aviones de Defensa trasladan a la isla 3.500 metros de barreras absorbentes de fuel y aparecen operarios dedicados a la limpieza de las playas. Pero, una vez más, han pasado demasiadas horas de desidia administrativa con grave perjuicio para los intereses generales. Algunos daños son ya irreparables porque hay sectores muy sensibles como el turismo, perjudicado por el cierre de tres playas en la isla. A los perjuicios económicos se suman, por supuesto, los que afectan al medio ambiente, que podrían agravarse notablemente si la marea alcanza al parque nacional de Las Salinas. Después de utilizar el chapapote y el Prestige como arma electoral y de desgaste contra el Gobierno anterior, el PSOE tiene ahora que cargar con la gestión de una serie de crisis que L dejan al descubierto fallos en los servicios públicos y, en especial, una falta de dirección política. No basta con cambiar el lenguaje y sustituir los hilillos de plastilina de Rajoy por la expresión regueros Falta gestión. Magdalena Álvarez carga ahora las culpas sobre el armador y apela a fallos humanos en las evoluciones del buque, en contraste de nuevo con lo que dijeron en su día los socialistas en relación con el Prestige Por supuesto que el Estado debe ejercer con todo rigor las acciones jurídicas que procedan, pero ello no basta para eludir el cumplimiento de sus propios deberes. El control de la navegación marítima, en particular de los buques con cargas peligrosas, y la capacidad de reacción inmediata ante los primeros síntomas de riesgo siguen siendo lecciones pendientes para el Ministerio de Fomento. Las responsabilidades jurídicas se sustancian a través de procesos judiciales, lentos y complejos, de modo que las indemnizaciones llegan tarde y no resuelven los problemas acuciantes. De ahí que la administración tenga que anticiparse a los riesgos y adoptar medidas eficaces y eficientes para la defensa del interés general, como exige la Constitución. Una vez más, Zapatero- -y también el flamante nuevo presidente balear, el socialista Antich- -han fallado a los ciudadanos, que otra vez se sienten indignados por la ineficacia de las autoridades y la escasez de los medios.