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4 OPINIÓN VIERNES 13 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro VENENO DE LA CORRUPCIÓN MARBELLA Y EL EL TC DEBE ACTUAR SIN MÁS DILACIONES L Estado es de Derecho cuando la organización política de la sociedad se somete a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, de forma que todos los comportamientos, tan públicos como privados, estén sometidos a unas reglas legales. El ordenamiento jurídico sólo cumple satisfactoriamente esta función organizadora cuando está compuesto por leyes estables y ciertas, es decir, que realmente sirvan a los ciudadanos y a las administraciones para tomar sus decisiones con la tranquilidad de saber que no están bajo la espada de Damocles de derogaciones sorpresivas o de interpretaciones judiciales cambiantes. Por eso, el control de constitucionalidad de las leyes es un instrumento insustituible para dar seguridad al ordenamiento jurídico, ya sea por la confirmación de sus leyes, o por la expulsión de las que atentan contra la Constitución. Desde la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, cuya sola admisión a trámite producía la suspensión de la vigencia de la ley impugnada, el Tribunal Constitucional está especialmente obligado a resolver con celeridad los recursos y cuestiones que afectan a las leyes estatales y autonómicas, porque en tanto se tramita el proceso correspondiente, aquéllas están vigentes y generan nuevas situaciones jurídicas que luego pueden verse afectadas por una sentencia que declare su inconstitucionalidad. En este momento, el TC tiene en su mesa el futuro de la organización política del Estado español, en virtud de los recursos interpuestos- -principalmente por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo- -contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Toda la responsabilidad decisoria está en manos del TC, instancia a la que la Constitución ha reservado, con carácter exclusivo y excluyente, el juicio último sobre la constitucionalidad de las leyes. El TC no debe demorar por más tiempo su decisión sobre ese Estatuto. Se trata de una norma que, por un lado, está condicionando la estructura misma del Estado, al afectar a la extensión y funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, más allá de lo que sería propio de un mero Estatuto de autono- E mía. Por otro, está siendo desarrollada a marchas forzadas en aspectos sustanciales para descargar sobre el TC un gravamen añadido a la decisión sobre el propio Estatuto, pues leyes como la que crea la Agencia Tributaria catalana o la de Colegios Profesionales y Profesiones reguladas- -anterior incluso al Estatuto, pero directamente basado en sus preceptos y también recurrida ante el TC por los populares, con el apoyo de los Consejos Generales de las profesiones reguladas de España- -se verían directamente afectadas por la resolución de los recursos del PP y del Defensor del Pueblo. La finalidad del tripartito catalán, con la complicidad del Gobierno central, es simplemente intimidar al TC, algo que su presidenta y sus magistrados deben evitar a toda costa. La responsabilidad de la aprobación del nuevo Estatuto es obviamente de los gobiernos y de los partidos que lo apoyaron. Pero cada día que pasa sin que el TC emita su sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán es una dificultad añadida a la necesaria certeza jurídica que necesita el Estado y también los ciudadanos. La provisionalidad y la incertidumbre son absolutamente nocivas para la confianza en el sistema institucional, más aún cuando sobre este Estatuto existen dudas más que razonables de inconstitucionalidad, reflejadas en dictámenes e informes de órganos constitucionales- -como el Consejo General del Poder Judicial- -y de expertos constitucionalistas, algunos incluso contratados por el Ministerio de Administraciones Públicas o el propio PSOE. La independencia del TC no lo libera de asumir íntegramente su papel en la maquinaria del Estado, del que también forma parte y a cuyo funcionamiento debe contribuir evitando dilaciones que, además, dan pie a especulaciones sobre las posibles motivaciones políticas o los juicios de oportunidad y conveniencia electoral que podrían estar detrás de este retraso. El TC debe velar por el Estado- -y por el respeto debido a su propia función- -antes que por intereses ajenos de corte político, siempre menos importantes que los de la nación. ALERTA ROJA EN PAKISTÁN A se ha visto en Islamabad cómo entienden algunos la religión islámica: en una escuela coránica se ha pasado del rezo al fusil, y del fusil al ataque directo contra el Gobierno. Aquellos que han sumado a una aberración espiritual la inmoralidad del uso injustificado de la violencia no podían esperar ninguna comprensión por parte de las autoridades paquistaníes, que habrían firmado su propia sentencia de muerte si no hubieran reaccionado con la mayor contundencia ante un desafío de semejantes características. Ya lo ha dicho el presidente Pervez Musharraf, si hay que hacer una crítica a la actuación de las fuerzas de seguridad en el caso de la Mezquita Roja es que se habrían podido salvar vidas si no se hubiera perdido tanto tiempo en negociaciones estériles con aquellos que, cegados por el peor fanatismo, preferían la muerte antes que someterse a la ley. Pakistán es una de las piezas clave de la estabilidad de medio mundo. Una potencia nuclear en el meollo de todas las tensiones del islam con el mundo moderno. El hecho de que fuese proclamada oficialmente como República Islámica y que como tal guarde un respeto preferente a las leyes y costumbres musulmanas en todos los aspectos de la vida, no la ha preservado de los peligros que atenazan a toda la comunidad islámica. De hecho, durante las últimas décadas el régimen paquistaní y sus inquietantes servicios secretos han Y mantenido unas relaciones con la galaxia del integrismo internacional que como mínimo se pueden calificar de equívocas. La Mezquita Roja no es ni mucho menos la más radical de las escuelas coránicas de Pakistán, entre las que figuran los centros de adoctrinamiento de muchos de los que han dirigido después actos de terrorismo en Occidente. Pakistán fue durante muchos años la primera etapa de la peregrinación de los yihadistas de medio mundo, un paso previo al Afganistán de los talibanes, y no puede resultar chocante ahora que los radicales hayan decidido levantarse contra un régimen del que siempre obtuvieron protección, porque está en la esencia de su fanatismo. El único objetivo que puede aplacarlos es el de la obtención del poder para imponer una dictadura teocrática. Visto lo que hicieron los talibanes con los medios rústicos de un país hundido en la Edad Media como Afganistán, asusta pensar lo que sería una potencia nuclear como Pakistán en manos de terroristas y dementes. El general Musharraf, que es un militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado, pero que ha sabido preservar hasta ahora la esperanza de una democracia en Pakistán, se enfrentará sin duda a nuevos desafíos por parte de otros extremistas. Si no logra contener la situación, lo que puede venir es una espeluznante sucesión de mezquitas rojas en otras partes de Pakistán. ADA nueva revelación del sumario de la Operación Malaya demuestra la espectacular extensión de la trama. Se conocen ahora los regalos realizados por una promotora para intentar ganarse los favores de jueces, notarios, registradores, concejales y funcionarios de diversos ayuntamientos, así como de directivos de empresas privadas, aunque en un loable ejercicio de ética no todos los aceptaron. La investigación judicial sostiene que obsequios, repartos de dinero e incluso pagos de tratamientos de belleza estaban a la orden del día, afectando a profesionales de todo tipo en una sorprendente extensión hacia ámbitos que se han distinguido siempre por el rigor y la limpieza de sus actuaciones. La corrupción en Marbella se había convertido en una especie de régimen que llegó a alcanzar de una u otra manera a una parte amplia de la sociedad local. Es inconcebible que los poderes públicos tardaran tanto tiempo en poner freno a una situación que era bien conocida por todos aquellos que no estuvieran dispuestos a cerrar los ojos. En el plano político, los ciudadanos se han pronunciado en las urnas de forma rotunda, otorgando el Gobierno municipal al PP, único partido cuyos concejales han permanecido ajenos a la trama. Sin embargo, falta mucho por hacer para recuperar la normalidad en los comportamientos sociales e institucionales. El acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial para la suspensión de un juez- -y ayer, para la investigación de otros- -es fiel reflejo del grado de deterioro al que se había llegado. La labor jurídica de depuración de responsabilidades civiles y penales debe continuar con el máximo rigor que exige el Estado de derecho, una de cuyas virtudes consiste precisamente en la capacidad para responder con la ley en la mano a las propias deficiencias en su funcionamiento. Es importante ahora que la sociedad civil tome el protagonismo para impulsar la regeneración. Una sociedad sana no puede vivir bajo el síndrome permanente de la corrupción. La imparcialidad de los jueces, la veracidad de los fedatarios públicos en el ejercicio de sus funciones o la honradez de los que gestionan el dinero de todos son reglas elementales para una convivencia civilizada que en Marbella se habían llegado a poner en cuestión. La especulación urbanística genera un dinero fácil que demuetra la fragilidad en las concepciones morales de muchas personas, desde magistrados a políticos oportunistas o tonadilleras famosas. Por fortuna, una parte sustancial del tejido social en esta emblemática ciudad de la Costa del Sol ha permanecido al margen y debe estar dispuesta ahora a tomar las riendas de la recuperación. El resultado electoral es muy significativo y los avances en el terreno procesal van dejando las cosas claras, aunque sea obligado el respeto a la presunción de inocencia. En todo caso, hay que aprender la lección que ofrece la operación Malaya para impedir su exportación y conseguir que sea un fenómeno reversible. C