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20 ESPAÑA JUEVES 12 s 7 s 2007 ABC La juez interviene Intervida y suspende del cargo a sus gestores Tres administradores judiciales propuestos por la Generalitat de Cataluña asumirán la gestión de la ONG s Cinco locales fueron registrados ayer por la Policía Judicial JANOT GUIL BARCELONA. La Fundación Intervida, ONG denunciada por la Fiscalía por desviar fondos recabados para apadrinar niños del Tercer Mundo para constituir empresas sin fines sociales, pasará en las próximas horas a estar administrada, por mandato judicial y durante un tiempo no superior a los cinco años, por tres personas designadas por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Según informó la consejera catalana de Justicia, Montserrat Tura, tras admitir a trámite la querella del Ministerio Fiscal contra los responsables de la ONG, la juez del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que instruye la causa, ordenó ayer la intervención judicial de siete de las entidades que forman parte del entramado societario que gestiona la Fundación Intervida en España, así como la suspensión temporal de sus responsables y administradores. Las sociedades intervenidas son la Fundación Intervida, la Fundación Cuna, y la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo, con sede en Cataluña, y cuatro entidades más con sede en el resto de España: Fundación Metropoli, Fundación Universal, Fundación Ecoplanet y la Asociación Alianza Mundial Intervida. La juez, además, instó al Departamento catalán de Justicia, que ejerce la labor de protectorado las fundaciones, a proponer a tres personas o a un ente público para que pueda actuar como administradores judiciales para asumir los cargos de dirección y gestión de Intervida. Según explicó Tura en rueda de prensa, su departamento se ha decantado por la primera opción y hoy comunicará a la juez sus tres candidatos, cuyos nombres no facilitó. El propósito de estos administradores será controlar los recursos de estas sociedades, asegurar su normal funcionamiento y velar por los derechos de los donantes dijo Tura, quien pidió a los posibles futuros donantes que no cejen en su intención, expresó su apoyo y compromiso con los trabajadores de base de estas entidades, y se comprometió a dar continuidad a los proyectos solidarios en marcha de la ONG. La consejera de Justicia cree que se ha actuado bien La consejera de Justicia afirmó que la Generalitat ha actuado bien en el caso Intervida. Pero no lo parece. Y es que el Protectorado de Fundaciones no aprobó las cuentas de la ONG de 2004 y 2005, tras apreciar desequilibrios Con todo, no se dirigió a la Fiscalía hasta el pasado abril, cuando ésta ya investigaba el caso, y tras sospechar de irregularidades de la ONG a raíz de unas revelaciones que les hizo una ex directiva. Tura alegó que no actuaron tras detectar irregularidades en los ejercicios de 2004 y 2005- -aún por aprobar, porque las aclaraciones de la ONG no han convencido- porque no eran de un calado suficiente para ser denunciadas por la vía civil o penal. Registros en la sedes Pero la intervención de Intervida no fue la única acción llevada a cabo ayer. También por mandato de la juez instructora del caso, durante todo el día agentes de la Policía Judicial registraron, en la ciudad de Barcelona, dos sedes de esta entidad y tres domicilios de gestores de su patronato. Se llevaron una furgoneta llena de cajas de documentación. Fuentes policiales declinaron dar detalles ya que se decretó el secreto de las actuaciones. Al parecer, también se ha instado a las entidades bancarias que trabajan con Intervida a que den cuenta de sus movimientos económicos. Estas acciones responden a la admisión a trámite de la querella que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó el pasado mes contra la Fundación Intervida, que es la tercera ONG más importante de España, y que cuenta con 346.561 socios en nuesto país. El grupo obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de los apadrinamientos. La querella de la Fiscalía contra Intervida es fruto de cuatro años de investigaciones llevadas a cabo por el ministerio público por el presunto desvío de dinero procedente de las cuentas de la ONG que estaban destinadas a apadrinar niños, para la constitución de empresas y sociedades, algunas de ellas ubicadas en Guatemala y Perú, sin ningún fin social ni humanitario. Entre ellas, inmobiliarias, farmacéuticas y empresas de lácticos. En total, la fiscalía, que ha investigado en Perú y Guatemala, sospecha que el dinero desviado podría alcanzar los 60 millones de euros. Además, las empresas que cometieron las presuntas irregularidades, entre los años 2000 y 2004, no reflejaban la recepción del dinero procedente de la ONG en sus cuentas anuales.