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14 ESPAÑA ETA rompe la tregua s Las negociaciones, en manos de los jueces JUEVES 12 s 7 s 2007 ABC Edurne Uriarte Del Olmo se adelanta a la Sala Penal y envía a Francia el caso Gobierno- ETA Los 17 magistrados abordan en Pleno la cuestión de competencia planteada por Garzón NATI VILLANUEVA MADRID. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha decidido adelantarse a la resolución que tome hoy la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respecto a la cuestión de competencia planteada por Baltasar Garzón, y ha enviado a la juez francesa Laurence Le Vert los datos que ésta había solicitado a España en relación con las negociaciones Gobierno- ETA. La devolución de la comisión rogatoria a Francia por parte de Del Olmo se produjo apenas veinticuatro horas antes de que la Sala de lo Penal tuviera que decidir hoy cuál de los dos magistrados ha de asumir esta comisión rogatoria: si corresponde a Del Olmo (sobre quien recayó el caso por reparto) o si por el contrario, debe ser Garzón (quien ha pedido en dos ocasiones la inhibición a su compañero) el que investigue (al haber procesado y dictado una orden de busca y captura internacional contra Kepa Suárez, detenido en Francia junto a Jon Iurrebaso, por su pertenencia al aparato de captación de ETA) Fuentes jurídicas señalaron que a pesar de que Del Olmo ha cumplimentado ya los trámites de la comisión sin esperar a que se dirima la cuestión de competencia, la Sala de lo Penal, formada por diecisiete magistrados incluido el presidente, Javier Gómez Bermúdez, abordará esta cuestión en el Pleno que, como cada jueves, celebrará hoy. La Sala también resolvió en Pleno hace más de tres años la cuestión de competencia que planteó Del Olmo ante la negativa de Teresa Palacios a inhibirse a su favor en el caso del suicidio de siete terroristas del 11- M en Leganés. El Pleno dio la razón a Del Olmo por los evidentes vínculos entre ambas investigaciones. Las fuentes antes citadas apuntaron que es posible que en su reunión de hoy los magistrados sienten precedente para evitar conflictos de este tipo en la asignación de casos. La polémica suscitada en torno a esta comisión rogatoria comenzó en abril, cuando la juez antiterrorista Laurence Le Vert se dirigió a la Audiencia Nacional para interesarse por una serie de datos relativos a los detenidos Jon Iu- CARTELES DE ERMUA a bandera de la unidad tiene en el aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco el mismo objetivo que la de la paz durante el proceso de negociación. Servir de tapadera para eludir los asuntos espinosos. La paz, la clarificación del contenido mismo de la negociación. Y la unidad, los cambios socialistas en la política antiterrorista y en el tratamiento de los sectores sociales sostenedores del terrorismo. Colócate un cartel de paz, que todo el mundo considerará ofensivo pedirte más explicaciones. No se sospecha de los bondadosos pacifistas. Colócate un cartel de unidad y lograrás un efecto parecido, alejarás las preguntas engorrosas, que tampoco se molesta a los pactistas. Y ese juego de carteles ha sido nuevamente manejado con cierto éxito por el Gobierno. A pesar de que el debate sobre la unidad de los partidos en este aniversario resulta tan absurdo como el de la felicidad de un matrimonio una vez que él le ha pegado una paliza a ella. No porque pretenda comparar a Zapatero con el maltratador, por supuesto, sino porque el problema de ese matrimonio ya nada tiene que ver en esas circunstancias con la felicidad. El problema es otro muy distinto, violencia y delincuencia, que no felicidad. Y a los partidos les pasa lo mismo, que el problema es el de las grandes diferencias de concepción del terrorismo, no el de la unidad. Si el Gobierno no ha ido a Ermua, ni estuvo en la manifestación, ni con la familia de Miguel Ángel Blanco, no se debe a su enemistad con el PP sino a que Zapatero ha hecho una política sobre el terrorismo completamente contraria a Ermua. Y no puede estar en Ermua negándose a sí mismo y a su proyecto. El de antes, y, según parece, el del futuro. Ermua significó un cambio profundo en la actitud social y en la acción política respecto al terrorismo. Resistencia social y defensa de una alternativa constitucionalista en el País Vasco. Y política de persecución al terrorismo, sin ningún tipo de negociación o firma de la paz entre partes. Y Zapatero sacó al PSOE de esa nueva política, de Ermua, para hacer una política que es justamente la opuesta. LA SALA DE LO PENAL RESUELVE EL CONFLICTO L Juan del Olmo REUTERS Baltasar Garzón Á. DE ANTONIO Javier Gómez Bermúdez E. AGUDO El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional asumió el caso de las negociaciones Gobierno- ETA porque le correspondió por reparto. Su intervención se ha limitado a enviar las preguntas de Le Vert al Ministerio de Interior para que allí las contestaran. En cuanto ha cumplimentado la comisión rogatoria, la ha mandado de vuelta a Francia. Ha rechazado su inhibición en dos ocasiones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia ha reclamado el caso a Del Olmo dos veces alegando que el detenido que acompañaba a Iurrebaso, Kepa Suárez, está procesado y en busca y captura por orden de su juzgado. Garzón considera que el antecedente prevalece a las normas de reparto y que el caso debe ser suyo. El magistrado cuenta con el apoyo de la Fiscalía. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidirá hoy el Pleno en el que participarán, además de él, dieciséis magistrados. Tendrán que decidir a quién entregan la comisión rogatoria de la juez Le Vert: a Del Olmo o a Garzón, y ello pese a que el primero se ha adelantado a la decisión de la Sala y envió a Francia los datos con los que contaba y que le había proporcionado Interior. El antecedente de Leganés rrebaso y Kepa Suárez, supuestos negociadores de ETA con el Gobierno. Fue el juez Fernando Grande- Marlaska, de guardia, quien nada más tener constancia de la solicitud francesa, la envió a reparto, recayendo el caso en el Juzgado de Del Olmo. Garzón pidió entonces a Del Olmo su inhibición (por los motivos antes citados) que éste rechazó el pasado 18 de junio alegando que, en aplicación de los criterios técnico- jurídicos que rigen el reparto de casos Hace tres años, la Sala Penal también resolvió en Pleno una cuestión de competencia planteada por Del Olmo con motivo del caso del suicidio de los terroristas en Leganés, que había asumido Teresa Palacios en la Audiencia Nacional, éste le correspondía a él y los argumentos planteados por el titular del Juzgado Central número 5 no eran suficientes para determinar la existencia de una vinculación directa de este asunto con la investigación de Garzón sobre Kepa Suárez. La semana pasada, Del Olmo envió las preguntas de Le Vert al Ministerio del Interior, que contestó el martes, el mismo día que Del Olmo rechazó la segunda solicitud de inhibición de Garzón. De esta forma, ayer mismo, coincidiendo con el anuncio de que el asunto se iba a tratar en Pleno por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el juez envió los datos que tenía en su poder a las autoridades galas. La información que ha pedido Le Vert está relacionada con las declaraciones de Iurrebaso tras su detención. El etarra se atribuyó el papel de negociador de la banda terrorista con el Gobierno y mostró unos números de teléfono que corresponderían a sus contactos La juez quiere identificar a los titulares de esos números y a los interlocutores de las llamadas interceptadas en ellos. Interlocutores del Gobierno Foro de Ermua pide dos años para Ibarretxe y cuatro para Otegi por desobediencia BILBAO. El abogado del Foro Ermua, Fernando García Capelo, presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el escrito de acusación relativo a las reuniones celebradas entre dirigentes de Batasuna, el lendakari y los representantes del PSE- EE Patxi López y Rodolfo Ares. En él solicita una pena de prisión de dos años y 9 meses para Ibarretxe y de cuatro años para Arnaldo Otegi. El escrito señala que para que Batasuna haya llevado a cabo una actividad prohibida ha sido necesaria la participación de otras personas para llevarla a cabo. Por ello, imputa a todos los implicados un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, a unos como autores directos y otros como cooperadores necesarios, entre los que estarían Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares (para estos dos últimos pide nueve meses de cárcel) El letrado anunció que solicitará las actas de Ginebra de la negociación Gobierno- ETA.