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ABC JUEVES 12- -7- -2007 El juez ordena el registro de la sede de la ONG Intervida y destituye a sus gestores 11 Aire enrarecido en el TC En el Tribunal parece haberse instalado la sensación de que los recursos contra el Estatuto no se resolverán hasta después de las elecciones, pero a varios magistrados les irrita esta excesiva dilación A. M. MADRID. La tramitación de los siete recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán que permanecen desde hace meses sobre la mesa de sus doce magistrados ha situado al TC en su momento más tenso de esta legislatura. Superado ya hace tiempo el episodio de la recusación planteada contra el magistrado Pablo Pérez Tremps (quien quedó apartado de la futura resolución del recurso presentado por el PP contra el texto estatutario) y superada también la posterior decisión del propio TC de que, en cambio, Pérez Tremps sí pueda participar en las deliberaciones de los otros seis recursos, en las últimas semanas el ambiente se ha enrarecido por otras cuestiones. Distintas, pero convergentes en el mismo conflicto: las enormes dudas de inconstitucionalidad del Estatuto catalán y los criterios de oportunidad política para que el Tribunal se pronuncie. La presidenta del TC, ayer, en Oviedo EFE Magistrados de una y otra tendencia mantienen una agria lucha en varios frentes: desde el calendario de las siete sentencias hasta la prórroga en el mandato de Casas tencias en un sentido o en otro. Sin duda, el TC no está hoy por hoy en absoluto pacificado. Parece haberse instalado la sensación de que no habrá resolución de los recursos contra el Estatuto catalán incluso hasta después de la celebración de las elecciones, en principio previstas para marzo de 2008. Sin embargo, son varios los magistrados disconformes con la excesiva dilación que se está produciendo en tal resolución. La prórroga de Casas Montilla interviene ayer en el Parlament con Mas al fondo Y. CARDO carán al conjunto de las comunidades, tras lo que consideró que, si no se hiciera de esta forma, la Comunidad Valenciana sería claramente discriminada El Gobierno, por su parte, no cierra la puerta a modificar el modelo, eso sí, sin comprometerse a mucho más. Solbes apuntó que se pueden dar pasos en esa dirección durante esta legislatura pero siempre y cuando encontremos un momento óptimo para llegar a un resultado Si el tema se convierte en un debate de confrontación política, hacemos un mal servicio a la búsqueda de una solución en este punto concreto Por lo demás, el Consejo aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades autónomas para el trienio 2008- 2010, que fue fijado en un superávit del 0,25 por ciento del Producto Interior Bruto. Según Solbes, ese superávit debe lograrse incluso en lo referido a las regiones inmersas en planes de saneamiento de sus cuentas. No obstante, las regiones tienen margen para incurrir en un déficit adicional por la realización de inversiones productivas del 0,25 por ciento de su PIB. Tras otra polémica decisión adoptada hace unas semanas- -la de no agrupar los siete recursos en uno solo para dictar una única sentencia- días atrás dos magistrados elegidos a propuesta del PP, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, vieron frustrado su intento de poner en evidencia la arbitrariedad que supuso la aprobación por el Congreso de la norma que permitirá a la presidenta del Tribunal prorrogar su mandato. Tal mandato venció en mayo. El PP ha denunciado la motivación política de esa prórroga por cuanto desde ese partido se atribuye a la presidenta, María Emilia Casas, una inclinación favorable hacia buena parte del Estatuto, y porque llegado un hipotético caso de empate en el pleno del TC, su voto de calidad decantaría las sen- A las indudables tachas de inconstitucionalidad que estos magistrados perciben en muchos artículos del Estatuto, añaden las negativas consecuencias y los efectos jurídicos desfavorables que puede acarrear el desarrollo en Cataluña de aspectos estatutarios pendientes de ser avalados- -o directamente revocados- -por el TC. Por ejemplo, la hipotética puesta en marcha de la Agencia Tributaria catalana, cuya ley ayer se aprobó en el Parlamento autonómico, puede ser muy problemática por- Efectos jurídicos que su aplicación efectiva hoy puede ser inconstitucional mañana si finalmente algunas de sus funciones quedan invalidadas por una mayoría del Tribunal. También viene planteándose desde hace semanas una batalla de calendarios puesto que al no estar acumulados todos los recursos en uno solo, la resolución de cada uno de ellos será escalonada. No obstante, la doctrina que marque la primera sentencia estará llamada a condicionar, en buena lógica, a las siguientes si los puntos en conflicto son los mismos en los distintos recursos. Desde esta perspectiva, la ponencia del recurso que presentó el Defensor del Pueblo- -muy extenso y crítico con un amplio porcentaje del Estatuto- recayó en uno de los magistrados que, en principio, parece proclive a declarar inconstitucional buena parte del articulado. Si este recurso fuese el primero en dirimirse, marcaría con toda probabilidad el devenir de los demás. De ahí, la soterrada guerra de calendarios y el interés de otros magistrados progresistas por estirar el debate. Sin duda, un varapalo al Estatuto supondría una desautorización expresa a una de las apuestas personales de Rodríguez Zapatero (su polémico modelo territorial) y en el plano jurídico, un problema de primera magnitud. Más información sobre el TC en http: tribunalconstitucional. es