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4 OPINIÓN MARTES 10 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro NAVARRA, EL PROBLEMA ES EL PSOE NIÓN del Pueblo Navarro y el Partido Popular han zanjado la polémica creada por las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la presidencia navarra, reiterando su posición común inicial de que este cargo corresponde al partido foralista presidido por Miguel Sanz. La presidenta de la Comunidad de Madrid planteó la opción de que UPN y PSN compartan gobierno bajo la presidencia de un socialista. Se trata de una fórmula defendida por el PSOE- -a sabiendas de que era inviable- -y rechazada tajantemente por UPN desde el mismo momento en que se conocieron los resultados electorales, que dieron a la candidatura de Miguel Sanz una rotunda victoria, con casi el doble de votos y escaños que la de Fernando Puras. En estas condiciones, ceder la presidencia al PSN sería para UPN una maniobra suicida, que sólo serviría para debilitar su sólida posición y, como ha sucedido con el minoritario Miguel Ángel Revilla en Cantabria, fortalecer a la que hoy no pasa de ser la tercera fuerza del mapa político navarro. La reacción de UPN ha sido particularmente intensa, sobre todo después de que los socialistas navarros hayan rechazado sistemáticamente todas las ofertas de pacto hechas por Miguel Sanz, incluida su propia retirada si así podía facilitarse el pacto con los socialistas. Es evidente que la intención de Aguirre no fue la de aleccionar a UPN, ni la de enmendar la posición oficial de su partido, al cual no le conviene que desde sus propias filas se desenfoque el problema real que está planteado en Navarra. No es conveniente desviar la atención. El auténtico problema de fondo es el que protagonizan el PSN y la ambigüedad calculada de su candidato. Navarra está sufriendo las consecuencias de una negociación que se prolonga porque entre socialistas y nacionalistas panvasquistas no hay intereses comunes de carácter programático, sino puramente tácticos, que obedecen a estrategias ajenas: la del nacionalismo vasco en su conjunto, puesto en vísperas de conseguir su gran objetivo histórico de acceder al gobierno navarro; y la del PSOE de mantener escenarios políticos propicios para que la banda terrorista ETA tenga noticia de que no todas las puertas están cerradas. Navarra ha sido con UPN una comunidad con gobierno estable y proyectos definidos. Las incertidumbres que están generando los socialistas son el contrapunto negativo a este período de fortaleza institucional. Transcurrido mes y medio desde las elecciones autonómicas, la Comunidad Foral aún no tiene gobierno, prueba clara de que la voluntad de los navarros no fue la de confiar sus asuntos en una coalición de nacionalistas y socialistas. El PSOE debería dejar de rasgarse las vestiduras recordando las acusaciones del PP por la inclusión de Navarra en la negociación con ETA- -por otro lado, ciertas- -y optar por la solución que demanda la mayoría de los españoles y los navarros, que es dar paso a un gobierno bajo presidencia de UPN, participando en él o facilitando la investidura de Miguel Sanz. U OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DIVISIÓN L debate sobre la Educación para la Ciudadanía sitúa en primer plano el problema de la objeción de conciencia, cuestión nuclear de la filosofía jurídica y política puesto que afecta decisivamente al problema de la obediencia al derecho. Ante todo, conviene recordar el contexto político en que se suscita ahora la cuestión. Rodríguez Zapatero pretende reforzar el giro izquierdista de su gestión de cara a las próximas elecciones, en busca del voto radical que le dio la victoria en 2004 y que se muestra ahora muy poco entusiasta. Para ello, debe llevar al PP hacia posiciones rígidas y no duda en plantear la confrontación en terrenos como la memoria histórica, la investigación con células madre o el dilema moral que deriva de la nueva asignatura. No es casual que Mercedes Cabrera, en lugar de buscar un diálogo razonable, mantenga posiciones dogmáticas para no dejar salida a los padres y profesores que rechazan no tanto la materia en sí como su contenido, sesgado y partidista. También aquí se trata de llevar a la oposición hacia posturas extremistas. Frente a ello, la única respuesta posible es la firmeza en los principios, combinada con la habilidad estratégica. Hay que seguir explicando a la opinión pública las razones de fondo que asisten a quienes no desean que se imponga a sus hijos una visión concreta del mundo, aunque se disfrace de falso pluralismo La clave está en reclamar un pacto de Estado en materia educativa que no suponga violencia moral contra nadie y deje a salvo el equilibrio de los derechos que proclama la Constitución. El Gobierno tiene la obligación política inexcusable de actuar con sentido institucional y no partidista en una materia tan delicada, lo mismo que la Iglesia católica, las asociaciones de padres y los partidos políticos deben comprometerse ante la sociedad española a abordar este conflictivo asunto desde un punto de vista constructivo y eficaz. La objeción de conciencia es una institución muy debatida desde el punto de vista jurídico. Aparece de forma tangencial en la Constitución, en el artículo 30.2, a propósito de una materia concreta, el servicio militar, aunque carece ya deaplicación efectiva al haber sido suprimido éste con carácter obli- E gatorio. La jurisprudencia constitucional ofrece bastante luz sobre el tema. En una primera etapa, marcada por la STC 15 1982, la libertad de conciencia se concedía como derecho del objetor a ser declarado exento de un deber en relación con la libertad ideológica que reconoce el artículo 16. Sin embargo, hay un giro decisivo a partir de la STC 160 1987, de manera que la objeción ya no se considera parte del contenido del derecho a la libertad religiosa y pierde la condición de derecho fundamental. Todo ello, conviene insistir, referido siempre al servicio militar. Otras veces se ha planteado en asuntos de alta intensidad moral, como la práctica del aborto por facultativos o la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. No hay acuerdo teórico ni práctico al respecto, pero la opinión generalizada estima que la objeción es una última ratio, utilizable sólo en casos de extrema gravedad, y no una forma ordinaria de mostrar el rechazo a una norma. A este respecto, debe tenerse presente que la puesta en práctica de la EpC no sólo depende de la voluntad ministerial, sino también del centro educativo, del ideario del mismo, de los libros de texto seleccionados y de los profesores que imparten la asignatura. Hay, por tanto, varios escalones intermedios a través de los cuales se pueden matizar los enfoques más inquietantes para la moral de muchos ciudadanos. Es también fundamental la distinción entre datos de hecho y opiniones razonadas. Así, a la hora de explicar cuál es el régimen vigente del aborto o el matrimonio, el profesor tendrá que hacer referencia- -como es natural- -a las normas positivas, sin perjuicio de que la libertad ideológica le permita manifestar con fundamento las críticas que le suscite dicha regulación o las alternativas que considere preferibles. Estas consideraciones deben pesar en el ánimo de los implicados. En concreto, el Ministerio está obligado a abrir negociaciones en busca de una solución aceptable porque, de lo contrario, quedará claro que su objetivo no es formar buenos ciudadanos, sino buscar ventajas partidistas y sacar rédito de la división de colectivos que, en teoría, piensan de manera semejante. BONO, OTRA OPERACIÓN DE IMAGEN UY probablemente, José Bono regresará al primer plano de la política nacional encabezando la lista del PSOE por Toledo en las próximas elecciones generales. También parece claro que, de ganar el PSOE, será el próximo presidente del Congreso, lo que hoy por hoy deja en una posición muy incómoda y desairada a Manuel Marín, desbancado de antemano por Zapatero. Parece que Bono ha superado ya sus discrepancias con Zapatero y vuelve al redil a toda prisa ante el peligro de quedar definitivamente en fuera de juego. Confortado por la sentencia del Supremo que le permite salvar la cara después de su montaje se apresura a poner el bagaje político que conserva al servicio de quien fue su rival para liderar el partido. Para quienes se dejaron engañar por el españolismo populista del ex ministro de Defensa, ésta es una buena lección de fidelidad partidista y de oportunismo que, sin embargo, no sorprende a quienes conocen su trayectoria. Bono está aquí de nuevo, si es que alguna vez se había ido, para cubrir algún flanco débil del presidente del Gobierno, que busca donde sea la fórmula para cambiar el rumbo de una legislatura fracasada. Al amparo de una victoria más imaginaria que real en el debate sobre el estado de la Nación, Zapatero ha movido ficha con rapidez. Por una parte, suelta el lastre de algunos ministros de segunda fila y lo convierte en un supuesto relanzamiento de un Ejecutivo agotado. Por otra, recupera a M Bono como si fuera una vuelta a las esencias del socialismo, cuando no es otra cosa que la enésima fórmula para buscar votos aprovechando su tirón. Zapatero sabe que en 2008 tendrá que redoblar esfuerzos a la búsqueda de votos. Si la democracia mediática necesita renovar cada día las imágenes, es notorio que el PSOE está más activo que la oposición en estos últimos tiempos. Mariano Rajoy parece conforme con su discurso sólido y la firmeza de los principios, pero se resiste a cambiar algunas caras, agotadas ya sin remedio. La iniciativa aparente ha pasado a manos de un Gobierno que estaba contra las cuerdas tras el fracaso del proceso de paz pero que consigue distraer la atención con un alarde de fuegos artificiales. El PP tiene que poner en valor sus propuestas, y para ello es imprescindible que Rajoy tome decisiones a corto plazo. Aunque no se celebre el congreso del partido, sus poderes estatutarios le permiten adoptar esas medidas que demuestren la vitalidad de la oposición frente a un Gobierno que- -al menos en el plano de la imagen- -aprovecha este tiempo indefinido antes de vacaciones. Son estos tiempos muertos los que el presidente del Gobierno acostumbra a utilizar como un habilidoso funambulista, y en los que Rajoy se desenvuelve con peor cintura y escasa imaginación. A tanto fuego de artificio gubernamental, hay que responder con más versatilidad que la que demuestra el PP