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ABC MARTES 10 s 7 s 2007 OPINIÓN 3 LA TERCERA SOBRE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Los recursos de inconstitucionalidad y contencioso- administrativo no son, en suma, aun pudiendo haber fundamento, la mejor solución. Son el Gobierno, las Administraciones Públicas, los principales partidos políticos, las Asociaciones de Padres y la Iglesia Católica los que han de buscar la solución. Y ésta no es otra que el acuerdo sobre la materia. ¡Se lo deben a los padres y alumnos españoles! STAMOS, erre que erre, decididos a seguir anclados en el ejercicio de la Política como la satisfacción de los intereses partidistas. No importa que hablemos del modelo de Estado, de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de la política internacional, antiterrorista o educativa. No existe respaldo institucional, ni refrendo mayoritario, a las mentadas políticas, que debían ser de Estado, y no de fraccionada bandería, mientras la ciudadanía observa perpleja y disgustada la incapacidad de sus representantes para ponerse de acuerdo en los mínimos para convivir, ¡que en esto consiste vivir! y seguir construyendo lo mejor para todos en esta hoy convulsa España constitucional. Hablamos de políticas de Estado, tanto por su relevancia, como porque han de ser respaldadas, si no quieren sucumbir enseguida, por el partido de la oposición que antes o después alcanzará en su momento también el poder. No extraña así el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la educación, donde permanecemos, para nuestro escarnio, en el furgón de cola: escasa financiación, ausencia de contenidos comunes, desmotivación del profesorado, fracaso escolar, insuficiencia de becas, bajo rendimiento, ausencia de esfuerzo personal, relegación del mérito, etcétera. Hay pocos ámbitos menos edificantes que el acentuado enconamiento entre nuestras dos principales formaciones políticas- -al que se ha sumado la Iglesia Católica en ocasiones- -en lo relativo al desarrollo legislativo de la educación del artículo 27 de la Constitución. Un precepto que ya apuntó durante su debate constituyente una tramitación complicada, pero que fue capaz de encontrar un punto de equilibrio- -como las dos cabezas de Jano- -entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y así se consagraba un derecho fundamental a la educación, cuya prestación habría de ser garantizada por el Estado, que se halla impelido a formar ciudadanos. Pero se acogía también una libertad de educación, que asignaba a los padres el derecho a escoger la educación mejor para sus hijos, así como la libertad de creación de centros docentes. ero si fue complejo entonces el acuerdo, las discrepancias volverían a reproducirse los años venideros. Quizás, porque como señalaba François Mitterrand, hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno, basta con tomar la escuela Y si no me creen, paso a desgranarles el vergonzante elenco de una interminable hipertrofia legislativa: la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Docentes (LOECE) de 1980, en tiempos de Unión de Centro Democrático; ya con el Partido Socialista Obrero Español, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990; después, bajo el Partido Popular, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002; y, recientemente, la Ley Orgánica de Educación de 2006. Y no les hablo de la inflación de legislaciones sobre universidades: la Ley de Reforma de Universitaria de 1983, la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y la Ley de Reforma Universitaria de E 2007. ¡Estamos como una atareada Penélope, tejiendo y destejiendo tales despropósitos! Es en este contexto de agrias divergencias, donde hay que situar, por enésima vez, la controversia de la bautizada Educación para la Ciudadanía Una asignatura que ha abierto la caja de Pandora, con sus consabidos truenos, si bien en esta ocasión la virulenta disputa se presenta, principalmente, entre el Gobierno y la Iglesia Católica. El primero, convencido de su legitimidad para delimitar los contenidos del derecho a la educación; y, la segunda, firme en su competencia, sobre la base de lo previsto en el artículo 27.1 (libertad de enseñanza) y también en el artículo 16 (libertad religiosa) para preservar su tradicional labor educativa. Así pues, las preguntas que se hace la ciudadanía son: ¿Quién tiene razón? ¿Es esgrimible la objeción de conciencia? ¿No es posible una solución de compromiso? Voy a tratar de dar respuesta a dichos interrogantes. P rimero. El Estado goza de legitimidad y competencia en la regulación de los contenidos que integran o hacen efectivo el derecho a la educación. Una educación que asuma los valores democráticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo que prescribe nuestra Carta Magna. Ya lo afirmaba Aristóteles en la Política, al decir que los que cargan toda la mano al educar a sus hijos en los ejercicios del cuerpo y en la preparación para la lucha, dejándolos sin lo más principal y necesario en la educación, hacen de ellos en realidad hombres plebeyos y cerriles Una labor que resaltarían en la modernidad los revolucionarios franceses de 1789, como el mismísimo Napoleón Bonaparte. Los primeros al afirmar que la primera misión de un ciudadano es el estudio y la preservación de la Res publica Y el segundo al exclamar que mientras no se aprenda desde la infancia si hay que ser republicano o monárquico, el Estado no constituirá una Nación Una línea discursiva seguida por los teóricos de la pedagogía de la libertad de que hablaban Maritain y Leon Gambetta. Y así hay que entenderlo hoy en España, pues como afirma el Tribunal Constitucional, se exige del Estado la satisfacción de un servicio público concreto (SSTC 86 1985 y 129 1989) Segundo. Afirmado lo dicho, también es cierto que la competencia del Estado no puede traspasar determinados límites. No cabe el dirigismo cultural, ni la predeterminación moral de los alumnos, ni una ética ideologizada, ni el monopolio de un pormenorizado adoctrinamiento, ni una formación estatalizada de las conciencias, ni la exaltación de un relativismo axiológico. Y ello, porque el artículo 16.1 y 3 tutela tanto la libertad de conciencia, ideológica y religiosa, como la obligación de los poderes públicos de tener en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos, al tiempo que el artículo 27.1 y 3 ampara la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a intervenir en la educación y formación moral de sus hijos. En consecuencia, la Educación para la Ciudadanía- -habida cuenta de que su carácter obligatorio- -debe centrarse en los principios constitucionales- -ya lo disponía la Constitución de 1812 (artículos 366 y 368) -y en el respeto a los derechos fundamentales y libertades de las Declaraciones de Derechos (artículo 10 CE) Adelante, pues, con el estudio de los valores constitucionales (artículos 1.1 y 14 CE) y las normas democráticas de convivencia (artículo 27.2 CE) tal y como además postula la Recomendación (2002) 12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa; pero hay que ser cuidadosos con ir más allá, mientras esta asignatura no sea opcional. ¡No vayamos a resucitar la Formación del Espíritu Nacional! No se pone en duda la pertinencia, ¡claro que sí! del cometido, sino ciertos contenidos. Antes ya se había intentado, por lo demás, algo semejante con las Lecciones para la convivencia y la Educación en valores en tiempos de UCD y el PP. T P ercero. Por ello, hay que reclamar nuevamente, a ver si es posible, un Pacto Nacional por la Educación, una solución de consenso sin injustificadas premuras, ni rigideces, y lejos de empecinamientos, de suerte que el Estado desarrolle su competencia, pero que nadie se sienta violentado en su conciencia. Máxime cuando estamos ante una materia aún no aplicada, y que dependerá mucho del ideario de los centros, de su tratamiento en los libros de texto y de los profesores. Además, la invocación de la objeción de conciencia es una respuesta jurídica problemática en otros casos, como la negativa a formar parte de las mesas electorales, en materia sanitaria, en la celebración de matrimonios entre personas de igual sexo y en la asistencia al jurado. Los recursos de inconstitucionalidad y contencioso- administrativo no son, en suma, aun pudiendo haber fundamento, la mejor solución. Son el Gobierno, las Administraciones Públicas, los principales partidos políticos, las Asociaciones de Padres y la Iglesia Católica los que han de buscar la solución. Y ésta no es otra que el acuerdo sobre la materia. ¡Se lo deben a los padres y alumnos españoles! PEDRO GONZÁLEZ- TREVIJANO Rector de la Universidad Rey Juan Carlos