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26 ESPAÑA Corrupción urbanística en España SÁBADO 7 s 7 s 2007 ABC La Policía investiga si Roca tenía en nómina a más jueces Se sospecha que el cerebro de la Malaya pagó a cambio de resoluciones favorables Los agentes a sus intereses o del retraso de diligencias confían en que JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. Los agentes de la operación Malaya están investigando si el cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, encarcelado desde hace 16 meses por cohecho, blanqueo y fraude, entre otros delitos, tenía en nómina a más jueces tras ser suspendido el magistrado Francisco Javier Urquía, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella por el Consejo General del Poder Judicial, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Fuentes de la investigación señalaron a ABC que Roca compraba a jueces a cambio de resoluciones que le beneficiaban o les pedía a través de intermediarios que retrasaran diligencias suyas. A las fiestas privadas que celebraba el ex asesor de Urbanismo en sus fincas asistían importantes magistrados no sólo del ámbito provincial, sino también andaluz y nacional, lo que podría haber favorecido unas relaciones más estrechas con el mundo de la judicatura. Los investigadores sospechan que detrás de algunas de las siglas que constan en el sumario como receptores de pagos importantes puede haber otros jueces. En este sentido, hay que recordar que Roca no tenía pinchados todos los teléfonos y aún se rastrean comunicaciones que escaparon al control de los agentes. También estas pesquisas apuntan en la misma dirección, es decir, conexiones con jueces. Las mismas fuentes han señalado que el magistrado suspendido por el CGPJ aparece en escuchas telefónicas autorizadas por el instructor del caso, Miguel Ángel Torres, quien puso los hechos en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez Lugo. Fuentes cercanas al caso manifestaron que el juez podría declarar en los próximos días ante la Sala de lo Civil y Penal autonómica, quien acordó iniciar un procedimiento, que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a suspender cautelarmente al juez. Fuentes jurídicas señalaron que el magistrado marbellí, Francisco Javier Urquía, podría haber dictado algunas resoluciones favorables al ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, a cambio de recibir algún tipo de beneficio. Urquía venía trabajando estrechamente con el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, desde que tomó las riendas del caso Hidalgo contra el blanqueo de dinero, y también con el titular del Jugado de Instrucción número 5, Miguel Ángel Torres, ya que era el juez que le sustituía en las guardias de la Malaya Entre algunas de sus medidas que favorecieron a Roca está el secuestro de un programa de televisión en el que se hablaba de su amplio patrimonio. Urquía censuró el programa que dirigía el ex policia local, Cristóbal Toro, tras una denuncia del ex asesor urbanístico. No se descarta, además, que el papel del juez Urquía, muy bien relacionado en la judicatura, se extendiera más allá de las imputaciones actuales y que haya podido ejercer como enlace directo entre el cerebro de la trama y otros compa- Urquía colabore Los investigadores de la Malaya confían en que el magistrado Francisco Javier Urquía, suspendido por el CGPJ por presunta corrupción en el ejercicio de su cargo, colabore con la Justicia y aporte datos claves y nombres de la trama de corrupción de Marbella. Fuentes del caso señalaron que el instructor de la Malaya Miguel Ángel Torres, no tiene pensado cerrar todavía el caso, ya que aunque ha levantado casi el noventa por ciento del sumario, cada día surgen informaciones nuevas que deben investigarse, entre otras las relacionadas con la trama judicial. Otros imputados y detenidos en la trama de corrupción aportaron al juez Torres datos definitivos para la investigación. Algunos incluso cambiaron su primer testimonio ante el magistrado a cambio de salir en libertad. El juez Francisco Urquía y el fiscal Anticorrupción cional de Policía en Málaga, Juan Jesús Peñalver Olmos, mostró su respeto a la gente que está trabajando en el caso contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. En lo que respecta a la investigación iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el juez Francisco Javier de Urquía por los delitos de cohecho y prevaricación dentro de dicha ope- EFE Escuchas telefónicas Urquía secuestró un programa de televisión en el que se desgranaba el patrimonio del cerebro de la trama ñeros de profesión. Roca no sólo está siendo investigado en los Juzgados de Marbella, sino también en la Audiencia Nacional por los casos Saqueo I y II por malversar fondos públicos y falsedad documental. En 2002 fue encarcelado junto al ex alcalde Jesús Gil y otros imputados por malversar 26,4 millones de euros. Por otra parte, el comisario jefe provincial del Cuerpo Na- ración, hizo hincapié en la presunción de inocencia. Peñalver precisó que, actualmente, sigue habiendo restricciones de información en este caso, puesto que sólo tienen información los investigadores por lo que señaló que resulta difícil pronunciarse al respecto y sobre la investigación iniciada en torno a la supuesta implicación del magistrado de Marbella. La Fiscalía denuncia a la hija de Abel Matutes por prevaricación en proyectos urbanísticos de Ibiza ABC PALMA. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) Adrián Zalazar, ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Ibiza contra la consejera en funciones de Vías y Obras de Ibiza, Estela Matutes, el consejero de Patrimonio, Joan Marí Tur, el diputado Antoni Marí Tur, y el alcalde de Sant Antoni, José Sala, por un presunto delito de prevaricación y otros en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza. Según informó el Ministerio Fiscal en un comunicado, la petición del fiscal de solicitar, el pasado 19 de junio, al juzgado de la isla que investigue si estas personas han podido incurrir en un delito de prevaricación tienen el origen en una denuncia formulada por las organizaciones ecologistas GOBGEN de Ibiza. En la misma se advertía de una serie de hechos que motivaron la incoación de diligencias informativas. Una de las portavoces del Grup de Estudis de La Natura (GEN) Neus Prats, se mostró satisfecha porque la Fiscalía atienda esta denuncia, que presentó la agrupación el pasado mes de diciembre. Según Prats, el Plan Insular Territorial (PTI) incurre en ilegalidades tales como tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a autoridades, ya que se redactó y aprobó con disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados al ex ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes informa Ep. Desde la organización ecologista denunciaron que, precisamente la hija del ex ministro, Estela Matutes, desde el cargo de consejera del Consejo Insular de Ibiza y Formentera, votó a favor de un Plan Territorial que beneficia a sus empresas Según la denuncia, el plan territorial contiene disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes Los ecologistas han presentado una serie de documentos que vinculan al grupo con una inmobiliaria de FCC.