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4 OPINIÓN VIERNES 6 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro TAMBIÉN EN 2009 ALENCIA pretender repetir como sede de la Copa América en el año 2009. Si lo consigue, como es probable, sería una excelente noticia para impulsar el desarrollo económico y la promoción de una ciudad que, al frente de una comunidad autónoma bien articulada para rentabilizar inversiones, está de moda en los más exigentes circuitos internacionales de la empresa, la cultura y el deporte. La capital levantina ha sabido aprovechar su oportunidad y pretende ahora imponerse a otras candidaturas que también están dispuestas a apostar fuerte, buena prueba de lo que este tipo de eventos supone para la economía y la sociedad local y regional. De hecho, la Mesa del Turismo ha hecho públicas algunas estimaciones de singular interés, entre ellas que unos cinco millones de personas visitarían la ciudad en 2009 y que el beneficio podría alcanzar los 1.165 millones de euros, con una creación adicional de 22.500 puestos de trabajo. Son cifras que justifican el apoyo de la Generalidad valenciana y del Ayuntamiento a un acontecimiento que ha despertado en nuestro país un interés inusitado por un deporte que era minoritario hasta hace poco tiempo y que ha llevado también hasta el puerto valenciano a personajes célebres del mundo financiero y artístico. Todo ello permite poner en valor los muchos atractivos de la región a efectos de inversiones financieras, y también del disfrute del turismo y de la calidad de vida que configuran sus señas de identidad. Es una buena prueba de que resulta mucho más rentable gestionar con eficacia y volcar las energías públicas y privadas en operaciones atractivas que perder el tiempo con falsos debates identitarios, como sucede en otras comunidades autónomas. Es evidente que la sociedad contemporánea deja de lado algunos valores románticos, presentes en otras épocas en determinadas competiciones deportivas. Se trata, sin embargo, de un signo de los tiempos que afecta también a disciplinas- -como el golf o el tenis- -antes reservadas a ciertas elites sociales y hoy popularizadas. Es imprescindible resguardar los principios básicos del juego limpio pero conviene tener presente que la vida no se detiene y quela sociedad de masas genera nuevos conceptos en la práctica deportiva. En este sentido, Valencia ha sido un ejemplo modélico de cómo se hacen bien las cosas. Apoyo político, buena organización y entusiasmo ciudadano es la combinación perfecta para sacar provecho de esta oportunidad. Ahora bien, aunque Valencia ofrece sin duda la mejor opción, y así lo reconoce la empresa organizadora, es imprescindible llegar a acuerdos razonables en el plano económico. De ahí las negociaciones ahora en marcha, con la esperanza de quese pueda organizar de nuevo este desafío que tiene como premio la Jarra de las Cien Guineas y que, junto con el gran premio de Fórmula 1, es fiel reflejo de la vitalidad de una ciudad y una comunidad autónoma en pleno auge. Con Francisco Camps y Rita Barberá al frente, el PP valenciano ofrece así una buena muestra de eficacia y de éxito político. COPA AMÉRICA: VALENCIA, V ZAPATERO SE ENREDA CON LAS FAMILIAS ESDE hace tiempo, la familia representa una asignatura pendiente para la democracia española, aunque el desinterés y la falta de ayudas hayan alcanzado extremos inaceptables en la legislatura actual. Los ciudadanos reiteran una y otra vez en las encuestas su alto aprecio hacia una institución fundamental para transmitir valores cívicos y morales, reforzar la estabilidad emocional y cuidar a los enfermos y ancianos. Más aún, ante el fracaso rotundo de la política de vivienda, el hogar paterno sirve para aliviar este grave problema social. En definitiva, la familia es una institución al servicio de la solidaridad, y así deberían reconocerlo los poderes públicos, que, sin embargo, se desentienden con frecuencia de las necesidades de este núcleo de convivencia. De ahí que la opinión pública haya recibido entre la perplejidad y el escepticismo el anuncio de Rodríguez Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación: un pago único de 2.500 euros para todas las familias con residencia legal en España por cada nuevo hijo, sea nacido o adoptado. En un contexto de distancia y a veces de cierto desprecio hacia los valores que encarna la institución, parece claro que el único objetivo del PSOE es hacer propaganda de la política social del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones. Para empezar, es llamativa la fecha elegida para poner en marcha la prestación, ya que no está fijada en función de criterios objetivos, sino que se vincula con el discurso del presidente del Gobierno ante la Cámara. Hay un exceso de megalomanía en este anuncio, como si el día- -puramente accidental- -en que tiene lugar el debate tuviera efectos mágicos a la hora de generar derechos para los ciudadanos. Más preocupante todavía resulta el desencuentro entre los ministerios de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la forma de hacer efectiva la promesa presidencial. Al parecer, mientras que Jesús Caldera está pensando en pagar con un cheque, lo que sin duda resulta más eficaz a efectos de propaganda, Pedro Solbes plantea una deducción en el IRPF. Quedan otras muchas cuestiones por concretar, tan- D tas que ni siquiera el presidente del Gobierno supo ayer explicarlas en el Congreso, donde fue incapaz de despejar una confusión que sigue en aumento y sin respuestas. Entre ellas, la compatibilidad con las ayudas autonómicas, una cuestión que ha provocado ya discrepancias con otros partidos, expresadas por sus portavoces en el Congreso. Es dudoso también el concepto de residencia legal en el sentido de determinar si basta o no con aparecer en el padrón municipal correspondiente. Parece claro que la ayuda no estará en función del nivel de renta de los padres, una cuestión que suscita también la polémica, puesto que los 2.500 euros prometidos no significan lo mismo- -como es notorio- -para unas personas que para otras. La gente se plantea ya éstas y otras muchas dudas, hasta el punto de que se desinfla, antes de empezar, el efecto sorpresa que pretendía el Gobierno. Por mucho que Caldera prometa que se reducirá la burocracia en este asunto, lo cierto es que hace falta presentar un proyecto de ley que tardará algún tiempo en tramitarse y que, en su momento, deberá fijar como punto de partida para el derecho a la prestación las cero horas del día 3 de julio de 2007, en un ejemplo patente de arbitrariedad administrativa. No hace falta más que acudir a los datos sobre nacimientos en los últimos años para comprobar que el Ejecutivo pretende hacer un gesto en favor de ciertos sectores del electorado, tanto respecto a su procedencia como a su distribución regional. Es ilusorio pensar que una cantidad como ésta pueda favorecer un incremento poblacional porque, en todo caso, es una medida aislada e incongruente con la inexistente política de ayuda a la familia, una institución que merece mejores políticas de apoyo que un arcaico premio de natalidad El presidente del Gobierno confundió- -una vez más- -la tribuna del Congreso de los Diputados con el recinto festivo de un mitin electoral y ahora, pasado el primer impacto, puede encontrarse con el efecto bumerán que provocan las medidas oportunistas y las promesas ilusorias, todavía sin contenido presupuestario ni desarrollo legal y administrativo. LECCIONES DE UNA OPA POLITIZADA UNQUE queden pleitos por dirimir y trámites administrativos por completar, tras el visto bueno de la Comisión Europea, la opa de Enel y Acciona sobre Endesa emprende la recta final de una compleja y polémica operación. Definitivamente, será una empresa pública italiana- -cotizada en Bolsa, pero sometida al dictado de su Gobierno- -la que se haga cargo de la mayor parte de los activos y de la propia marca de la eléctrica española, que representa el 40 por ciento del mercado local. La adquisición incluye la cesión de una cuarta parte de Endesa a la alemana E. On como condición necesaria para que ésta desista de su pretensión de adquirir Endesa o de pleitear por esa causa. Enel se convierte así en el segundo operador eléctrico de España tras Iberdrola, posición que ocupa tras una larga y polémica peripecia político- empresarial que se ha llevado por delante a dos pretendientes: la española Gas Natural, que formuló la primera oferta, hostil, pero apoyada subrepticiamente por el Gobierno, y la alemana E. On, que quiso competir para lograr una determinante cuota de mercado en España, pero que tropezó con la oposición política del Ejecutivo socialista, que dejó claro desde primera hora que la alemana no era su favorita y que iba a obstaculizar la operación con todas las armas a su alcance, incluidos los organismos reguladores, cuya presunta independencia ha quedado A en entredicho. Los incidentes conocidos a lo largo de todo el proceso de toma de control de Endesa, algunos bochornosos, han dejado maltrecha la reputación de neutralidad de la Administración española. El mapa energético español y europeo, especialmente el eléctrico, cambia radicalmente tras esta opa, ya que tres empresas europeas- -una italiana, otra alemana y la portuguesa EDP- -se convierten en actores principales del sector, con una cuota de mercado, superior al 50 por ciento, que hace del mercado español, junto al británico, el más abierto a la inversión exterior, fundamentalmente comunitaria, lo que no significa que sea el más liberalizado, ya que sigue sometido a un severo control público en sus tarifas y sus decisiones estratégicas. España tiene problemas serios de gestión energética, su sistema es el más dependiente de Europa, no es el más barato, y tampoco el más eficiente. Estos aspectos deberían haber llevado al Ejecutivo socialista a planificar una política energética más ambiciosa y abierta de miras que la de andar malmetiendo y enredando en un sector cuyo futuro vuelve ahora a complicar con un plan- -irresponsable, ajeno a la creciente demanda enérgética y trazado de espaldas a Europa y de los propios intereses del sector eléctrico- -que, como ayer mismo confirmó la ministra de Medio Ambiente, prevé el cierre de las centrales nucleares antes de 2030.