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4 OPINIÓN JUEVES 5 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ELECTORALISMO CON LAS FAMILIAS ZAPATERO, MÁS SOLO A segunda jornada del debate sobre el estado de la Nación mostró hasta qué punto ha entrado en declive la legislatura socialista. Si en la primera se certificó la incompatibilidad absoluta entre PP y PSOE, ayer los socios nacionalistas de José Luis Rodríguez Zapatero no cerraron filas a su alrededor, ni salieron a su rescate frente a Rajoy, ahorrándose el escudo protector que pactaron las minorías con el PSOE al comienzo del mandato, en lo que fue una versión parlamentaria del Pacto del Tinell. El cambio de discurso en CiU y PNV no se tradujo, como era evidente, en un apoyo, siquiera tácito, al PP, ni en un ofrecimiento a Rajoy de futuros pactos. Incluso los nacionalistas vascos reiteraron su apoyo al proceso de diálogo con ETA, como es normal en un partido que siempre está pendiente de rentabilizar políticamente el final de la violencia. Pero sí se reveló un claro distanciamiento general respecto de Rodríguez Zapatero, a quien ya no se le exhiben las complicidades recíprocas de antaño. Todo esto sucedió en grado suficiente para que el Gobierno deba contar desde ahora con la certeza de que el repudio al PP actualmente no sirve como único argumento para mantener homogénea la alianza política de la investidura. Las claras reservas expuestas por los portavoces de CiU y PNV hacia el Gobierno y, particularmente, hacia su presidente, y la firma del pacto de gobierno por PP y Coalición Canaria, conforman una nueva situación política que aumenta la inseguridad del Ejecutivo, acentúa el agotamiento imparable de la simpatía socialista con los demás grupos y refuerza la necesidad de acudir cuanto antes a un adelanto electoral. No en vano, tanto Josu Jon Imaz como los líderes de CiU llevan semanas corrigiendo posiciones, no tanto como para que el PP se haga más ilusiones de las debidas, pero sí para marcar terreno propio frente a los socialistas. La proximidad de las elecciones generales explica en buena medida esta modificación táctica de nacionalistas vascos y catalanes, pues ninguno de ellos ha capitalizado el apoyo prestado al PSOE. Ayer se L hizo patente el sentimiento de desconfianza que genera Rodríguez Zapatero en todos los que pactan con él, resultado de esa peculiar forma que tiene el presidente del Gobierno de decir a todos lo que quieren oír, prometer a todos- -sin excepción, salvo el PP- -lo que quieren que se les prometa, para, finalmente, hacer sólo aquello que beneficia a sus intereses políticos. Josu Jon Imaz, presidente del PNV aprendió la lección y se curó en salud abriendo bre, cha en el cordón sanitario creado contra el PP al anunciar que no descartaba apoyar un gobierno presidido por Mariano Rajoy. No menos expresiva del nuevo momento político es la sucesión de declaraciones de líderes del nacionalismo catalán, que expresan sin paliativos el reproche a Zapatero de haberlos engañado. El valor político de esta desafección nacionalista, aunque sólo sea formal y oportunista, hacia el presidente del Gobierno será mayor en la medida en que traslade a la opinión pública el mensaje de que ya no es sólo el PP el que critica a Rodríguez Zapatero, y que los populares no andaban muy errados en su oposición al Ejecutivo socialista. Aunque las motivaciones sean distintas en cada caso, el ciudadano percibe globalmente que las cosas cambian en cuanto los aliados de ayer dejan hoy de abrumar al presidente del Gobierno con los elogios habituales y los sustituyen por reproches, estableciendo diferencias novedosas e, incluso, aliándose directamente con el PP, como es el caso de Coalición Canaria. El aislamiento de los populares se ha roto porque ya no estigmatiza llegar a acuerdos con Rajoy. Además, los partidos nacionalistas no temen que, por criticar a Rodríguez Zapatero, se les tache de hacer seguidismo del PP. Por eso ya ha caducado la estrategia de prejuicios y exclusión que armó el PSOE al inicio de la legislatura, uno de los principales ejes de la acción política del Gobierno. El debate sobre el estado de la Nación ha servido, a la postre, para constatar el estado político del Gobierno y de su presidente, cada vez más solo. UNA SANCIÓN INJUSTA A Comisión Europea ha sancionado a Telefónica con una multa de 151,8 millones de euros, la más alta impuesta hasta ahora en el sector, por supuesto abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha, ADSL, lo que frenaría la competencia. Se trata de una sanción a todas luces desmedida y contraria al criterio expresado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuyas exigencias y márgenes cumplió estrictamente Telefónica. La compañía española recurrirá esta multa ante el Tribunal de Luxemburgo y pedirá su anulación, al considerarla injustificada y desproporcionada, tanto jurídica como económicamente, puesto que ha cumplido la normativa vigente en España impuesta por la CMT, organismo que, pese no carcaterizarse por una postura benevolente con Telefónica, en esta ocasión ha argumentado ante Bruselas que Telefónica no ha incumplido la normativa sobre sobre precios y márgenes, lo que la llevado a su presidente a declarar que con esta decisión de Bruselas se crea un peligroso vacío jurídico, ya que entran en colisión la normativa aplicada en España por la CMT y la que ahora utiliza la Comisión Europea para sancionar tan duramente a Telefónica. Por ello, el máximo responsable de la CMT afirma que, en todo caso, a quien debiera sancionar Bruselas es a la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. L Esta multa, que representa un claro y duro gesto de autoridad con el que Bruselas trata de imponer su posición regulatoria sobre la de los organismos nacionales, viene a sancionar a una compañía que compite y triunfa en mercados de medio mundo y, de paso, a un país como España, que pasa por evidentes momentos de debilidad ante Bruselas. La denuncia fue presentada en 2003 por Wanadoo, filial española de la empresa pública francesa France Telecom, alegando que Telefónica estrechaba excesivamente los márgenes a sus competidores, una práctica por la que France Telecom está denunciada ante la Comisión Europea. Wanadoo ha sabido aprovechar las divergencias entre Bruselas y los organismos reguladores nacionales y la escasa sintonía de España con la UE, condicionantes que finalmente han contribuido al castigo de una compañía privada que se atiene a las normas internas. De este desafortunado proceso se benefician los operadores menos competitivos, favorecidos por el clima de inseguridad jurídica que resulta de contraponer la regulación de la Comisión Europea, la del regulador nacional y la propia competencia de las autoridades españolas en sus funciones supervisoras, un hecho que debería movilizar al Gobierno español, que poco o nada ha hecho hasta ahora para defender a la propia CMT, en entredicho por la decisión del Ejecutivo comunitario. L artículo 39 de la Constitución dispone que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia Sin embargo, la institución familiar es víctima desde hace tiempo del desinterés de la Administración. Las características más señaladas de esta grave desatención son las ayudas insuficientes, las deducciones fiscales mínimas y unas prestaciones muy reducidas, en especial para las familias numerosas. El Gobierno actual ha mirado para otro lado ante las necesidades del núcleo familiar, sin reconocer su decisiva aportación a la estabilidad social. En este contexto, aparece como un brindis al sol el anuncio sorpresa de Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación: cada familia con residencia legal en España recibirá 2.500 euros por hijo nacido o adoptado, aunque el propio Ejecutivo aún no tenga claro cómo canalizar esta ayuda, si a través de deducciones sobre el IRPF o mediante un cheque, lo que no ha hecho sino aumentar el desconcierto provocado por un anuncio que ya ha movilizado a miles de interesados. Muchos ciudadanos recibirán esta medida con satisfacción, aunque convendría seguir al detalle su aplicación práctica, dados los antecedentes del Ejecutivo en cuanto a ineficacia en la ejecución de las políticas públicas. Bien está, en términos generales, que se otorgue una prestación a las familias que reciben a un nuevo miembro con lógica preocupación económica. No obstante, conviene destacar también los puntos débiles de esta iniciativa, tan precipitada como oportunista. Ante todo, la igualdad de la cuantía supone que no se tendrá en cuenta la diferencia de situaciones sociales en unos y en otros casos. Por otraparte, la políticafamiliar en las comunidades autónomas ofrece disparidades significativas, de manera que tampoco en el plano territorial se alcanzará elobjetivo igualitario. No sirve de nada entregar una cantidad a fondo perdido si fallan después las prestaciones sanitarias, educativas y laborales, así como la política de vivienda. Esta medida tendría sentido en el marco de una concepción integral y de un reconocimiento efectivo de las funciones que desarrolla la institución familiar, la más valorada por los españoles en el ámbito social, según todas las encuestas. Adoptada de forma aislada y con una clara intención partidista, no pasa de ser una estrategia hábil para hacer publicidad de la política social del Gobierno. Dicho de otro modo, se trata de poner un parche para tapar deficiencias muy graves. Por razones estadísticas, podría beneficiar a ciertos sectores, como los inmigrantes, y a algunas regiones con una tasadenatalidadmásalta. DecirqueZapatero ha puesto a España en estado de buena esperanza como afirma un diputado socialista, no se corresponde con el lenguaje al uso de cierta izquierda, que se muestra incómoda cuando habla de sentimientos y expresiones que considera tradicionales pero todo vale con tal de buscar réditos electorales, que buena falta le van a hacer al PSOE en la interminable campaña electoral que parece ya iniciada con este tipo de anuncios. E