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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 4 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro APARTHEID EN LIZARZA L DEBATE Y CUENTA ATRÁS PARA LAS GENERALES ODOS los agravios patentes y latentes acumulados durante la legislatura estallaron ayer en el Congreso de los Diputados durante el más duro y tenso debate sobre el Estado de la Nación de toda la democracia. Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy ahorraron valoraciones, juicios y descalificaciones recíprocos, poniendo el punto final político a una legislatura que resulta ya insalvable en lo que le resta y que debería contar con una disolución anticipada de las Cámaras. Cuando Gobierno y oposición alcanzan el grado de enconamiento que ayer se exhibió en el Congreso y tal confrontación hace imposible la reserva de espacios de consenso sobre los asuntos de Estado, la última palabra es de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Éste es el momento en el que en España debe prevalecer el sistema democrático sobre la partitocracia, el interés de la Nación sobre las estrategias de partido; éste es el momento en el que la soberanía popular debe emitir su veredicto sobre el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer se recogió lo que el PSOE empezó a sembrar en 2003 con el Pacto del Tinell, aquella trama política que hizo de Cataluña el laboratorio de un experimento llamado a aplicarse en toda España. Ese pacto, por el que el PSOE y sus aliados de extrema izquierda e independentistas acordaron la exclusión del PP de la vida política, buscaba realmente lo que ayer Rajoy denunció en un certero discurso: la derogación del consenso constitucional y el repudio del legado de la Transición. La izquierda apostó por el ajuste de cuentas, la revancha revisionista y la ruptura a la que renunció en 1977 con el sentido patriótico y de Estado que ahora no tiene. Éste era el mandato de la quiebra de las reglas del juego y ayer se vieron las consecuencias. Nunca antes izquierda y derecha habían estado tan enfrentadas, y las causas fundamentales de esta situación están en el proyecto político sectario que impulsó Rodríguez Zapatero en 2004. T y de gran altura, su mejor alocución parlamentaria, en la que reivindicó algo tan elemental como el deber del líder de la oposición de controlar al Gobierno y pedir cuentas a su presidente. Si ETA fue el motivo central de la legislatura, el objeto de una moción parlamentaria y el guión principal de la acción del Ejecutivo, ETA debía estar ayer en el debate sobre el Estado de la Nación, porque el diálogo con los terroristas ha marcado decisivamente este mandato socialista. No fue, por tanto, la política antiterrorista lo que enfrentó a Rajoy con Rodríguez Zapatero, sino la ausencia de la misma y su sustitución por una política de pactos ocultos, negociaciones negadas y compromisos recíprocos aún por desvelar. Tampoco fue ETA el único argumento del cruce de reproches, porque el presidente del Gobierno se encargó de poner por delante sus méritos por el estado de bienestar en el que se encuentra España. Y así es en las cifras macroeconómicas, pero el endeudamiento familiar, la falta de productividad y la pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, hacen que los ciudadanos vean las cosas de otra manera. No es extraño que Rodríguez Zapatero pretendiera un golpe de efecto con una medida económica y social, la ayuda de 2.500 euros por cada nuevo hijo, propuesta que, obviamente, es positiva, pero que está marcada tanto por los apremios electoralistas del PSOE como por la falta de originalidad, al ser una oferta electoral del PP, cuyo programa cifraba esa ayuda en 3.000 euros. En todo caso, cuando un Gobierno se encuentra con las arcas llenas no es complicado echar mano del presupuesto para ganar puntos. ras el debate de ayer, la perspectiva de España es la de un país en situación provisional, a la espera de que cuanto antes lleguen las elecciones y puedan los ciudadanos decidir el rumbo de su Gobierno. El Ejecutivo ha invertido sus energías en proyectos fallidos o averiados y no los ha sustituido por otros, viables y creíbles. El proceso de l país dibujado por el presidente del Gobierno tenía que paz con ETA ha anulado el crédito político de Rodríguez ser, necesariamente, un edén, con ciudadanos y ciudaZapatero, porque ha faltado a la verdad desde el primer danos colmados de nuevos derechos y libertades, rescatadía. Los atentados del Yemen y el Líbano desenmascaran dos de la pobreza cívica en la que habían vivido hasta ahola vacuidad de una política exterior basada en la ausencia ra y encaminados a una nueva sociedad de la mano de Rode compromisos- -como los que exige el combate, incluso dríguez Zapatero. Con esta actitud ilusionista, sin atisbo con las armas, contra el terrorismo islamista allí donde lo de autocrítica, sin objetividad mínima sobre su gestión, el reclaman nuestros aliados- -y en la coartada de una insulpresidente del Gobierno quiso enmascarar sus silencios sosa Alianza de Civilizaciones. El nuevo Estatuto catalán pebre los aspectos más dramáticos, unos, y más graves, otros, cha con las consecuencias de la forma y el fondo de las nede estos tres años. No se dio por aludido a cuenta de las revegociaciones que lo alumbraron, sin reflexión, sin ánimo laciones periodísticas que demuestran el engaño permade consenso, sin respaldo social y en puertas de un decisinente que desde 2002 vienen practicando el PSOE, primero, vo juicio constitucional sobre el ser o no ser del Estado auy su Gobierno, después, con sus negociaciones encubiertas tonómico. Las políticas sociales no con Batasuna y ETA. No dio respueshan demostrado su eficacia y pareta digna a la amenaza directa que el tecen sólo la percha del Gobierno para rrorismo islamista ha ejecutado por Éste es el momento en el enjugar su mandato, aunque la inmidos veces- -en el Líbano y el Yemen- -gración ilegal se haya agravado, aucontra España, como si el asesinato que en España debe mente el número de mujeres asesinade trece ciudadanos españoles en poprevalecer el sistema das por sus parejas y esté por ver la co más de una semana no fuera motidemocrático sobre la viabilidad financiera de la ambiciovo suficiente para que el presidente partitocracia, el interés de la sa ley de dependencia. Educación, del Gobierno se sintiera obligado a agua, infraestructuras, intervenciodos cosas: a redefinir la política exteNación sobre las estrategias nismo social y empresarial, son tamrior de seguridad del país y mostrarde partido; éste es el bién capítulos en números rojos de esse ante la opinión pública con la actimomento en el que la te mandato. tud propia de un gobernante. Fueron En definitiva, el debate de ayer duras las palabras de Rajoy, pero ciersoberanía popular debe rompió los eufemismos y los frenos entas, cuando reprochó a Rodríguez Zaemitir el veredicto sobre el tre Gobierno y oposición y mostró con patero sus ausencias en los momenmandato de José Luis toda su crudeza el saldo de la legislatutos más graves. ra socialista, a la que no queda nada La intervención inicial de Mariano Rodríguez Zapatero más que cancelarse cuanto antes. Rajoy representó un discurso sólido T E O ocurrido el pasado lunes en la localidad guipuzcoana de Lizartza es un síntoma más del profundo deterioro que ha causado en la convivencia, sobre todo en el País Vasco, la errática política antiterrorista del Gobierno durante toda la legislatura. Lizarza es un pequeño pueblo con apenas seiscientos votantes y del que desde hace dos días es alcaldesa Regina Otaola, del Partido Popular. Sólo ella y los ediles de su partido, que lograron veintisiete votos en las pasadas elecciones locales, tomaron posesión de sus cargos. Ni el PNV que hasta ahora regía la locali, dad, ni Eusko Alkartasuna, ni ningún otro partido se ha atrevido a presentar listas en este feudo abertzale por miedo a las amenazas y las coacciones de los proetarras, a quienes iban dirigidos 186 votos que fueron contabilizados como nulos tras la suspensión judicial de la lista que ANV pretendía imponer. Otaola acudió a la sede del ayuntamiento escoltada por agentes de la Ertzaintza y fue recibida con insultos y gritos amenazantes, fotografías de etarras en las ventanas, emblemas de ETA y la pintada de una cruz gamada junto a las siglas PP. ¿Son necesarias más pruebas de que no es cierto que en España hay ahora más libertad que antes de retornar el PSOE al poder, como defiende José Luis Rodríguez Zapatero haciendo un uso espurio del significado de ese concepto? Por más que el presidente del Gobierno se empeñe todavía en manosear esa palabra como eje demagógico y propagandístico de su acción de gobierno, con ETA y su entorno ha llevado a cabo una oscurantista política de sumisión y cesiones, ha destrozado el Pacto Antiterrorista, ha manipulado al Ministerio Público en interés de un proceso de paz que los propios terroristas siempre despreciaron, ha deslegitimado la política penitenciaria y ha maltratado a las víctimas del terrorismo. Y, peor aún, ha permitido el rearme efectivo y anímico de ETA y, por ende, la pérdida de libertad en el País Vasco. En este escenario, la actitud de Otaola y de los ediles que la acompañan merece, sin duda, mucho más que respeto institucional. Merece, por lo que reúne de demostración de valentía personal, coraje político y sentido de la responsabilidad, el elogio unánime de los demócratas y de todos los que realmente creen en la causa de la libertad sin hacer una utilización retorcida y mendaz de ella. Son dignos herederos del ejemplo que hace ahora diez años ofreció Ortega Lara, y de la causa que representaron Miguel Ángel Blanco y tantos otros a los que ETA hizo pagar con su vida el precio de la libertad. José Luis Rodríguez Zapatero incurrió en una irresponsabilidad al situar en un plano de igualdad a un Estado democrático y de Derecho y a una banda terrorista sin medir las consecuencias reales de sus actos. El cruel apartheid de Lizarza es una de esas nefastas consecuencias. Por eso Regina Otaola sí está legitimada para invocar- -así lo hizo al jurar su cargo- -la causa de la libertad con el fin de borrar los vestigios de la coacción terrorista de manera definitiva