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ABC LUNES 2- -7- -2007 Hoy termina el plazo para presentar la declaración de la renta 47 Una encuesta clara Cerca de 50.000 pymes catalanas- -sobre un total de 48.895- -consideran que su competitividad está seriamente dañada por aspectos fiscales y normativos, especialmente en materia medioambiental. Así lo revelan los resultados de una encuesta realizada por la patronal Pimec. Por sectores de actividad, el más perjudicado es, con diferencia, el sector primario, donde actualmente el 61 de empresas (2.904 pymes en 2005) están afectadas por esta situación; le sigue la industria, con 8.437 empresas directamente perjudicadas (26 pymes catalanas- -el 90 del total- cuando en realidad la normativa sólo debería afectar a 1.500, que son las que se encuentran en el Anexo 1 de la normativa europea explicó Moreno. El presidente de la patronal, Josep González, expresó su preocupación por la pérdida de 4.000 empresas del sector industrial en Cataluña desde 1999 y por los aspectos medioambientales, donde existe una disparidad de criterios a la hora de aplicar la normativa en el ámbito municipal, lo que, según denunció, a veces se traduce en el cobro de unas tasas desproporcionadas y un nivel de exigencia muy superior al de la UE. Ello representa un coste muy elevado para las pymes El responsable de Medio Ambiente de Pimec detalló también qué puede suponer para una pyme media adecuarse a la normativa. Para una empresa potencialmente contaminante que es nueva y hace su proyecto según la normativa, el coste de la adaptación puede oscilar entre 4.000 y 5.000 euros. Si no ha hecho los deberes la factura se puede elevar hasta los 80.000 euros Para evitar el desbarajuste Pimec pide una normativa específica para estas empresas y reclama también a los ayuntamientos que unifiquen criterios a la hora de imponer tasas. Josep González suscribió tal afirmación y añadió que en Cataluña, los ayuntamientos tienen excesiva autonomía para tomar decisiones, lo que, a veces, provoca que importantes proyectos del país queden paralizados La nueva normativa que el gobierno catalán negocia con todos los implicados irá encaminada, según González, a simplificar y racionalizar las autorizaciones en materia ambiental y a cambiar la filosofía intervencionista Bruselas estudia multar a Telefónica pese a que cumple toda la normativa española La operadora fue acusada por France Telecom de dificultar a sus rivales la venta de ADSL, pese a haber cumplido siempre con las normas del regulador, la CMT A. POLO MADRID. Telefónica espera confusa e intranquila la decisión que el próximo miércoles adoptará el Colegio de Comisarios a instancias de la Dirección General de la Competencia que lidera la poderosa comide France Telecom ahora integrada en Orange, denunció a la española por estrechamiento de márgenes comerciales en la venta de ADSL. En 2006, y a propuesta de France Telecom, la CE abrió un expediente sancionador contra Telefónica, cucontabilizada por el grupo en su último ejercicio fiscal, es decir en 2006, que ascendió a 52.901 millones de euros. De forma que en el peor de los escenarios la española debería desembolsar la friolera de 5.291 millones de euros (880.348 millones de pesetas) la mayor multa impuesta a un grupo español y una de las más elevadas en la reciente historia de la UE. Aviso al resto del sector La pregunta del millón que nadie se atreve a responder es si la exigente Neelie Kroes opta- saria Neelie Kroes. La comisaria quiere sancionar a la compañía española por dificultar la competencia en el negocio del ADSL, aunque, paradójicamente, Telefónica ha cumplido siempre de forma escrupulosa con todo lo que marca el regulador español, la Comisión del Mercado con las Telecomunicaciones (CMT) por lo que espera contar con el apoyo del Gobierno y el organismo regulador ante Bruselas. El origen del conflicto se remonta a octubre de 2003 cuando Wanadoo, la antigua filial ya inminente resolución puede ser decisiva tanto para su futuro como para el prestigio del Estado español. La decisión colegiada de los 27 comisarios deberá evaluar si Telefónica estrechó efectivamente los márgenes de sus competidores para ofrecer servicios alternativos de Giga ADSL, dificultando así su acceso al mercado. De acuerdo con la legislación comunitaria, la sanción podría alcanzar hasta un máximo del 10 de la facturación ¿Multa millonaria? rá por imponer una sanción a Telefónica que sirva de aviso al resto de los operadores incumbentes o si por el contrario la multará dentro de unos límites razonables y en línea con castigos anteriores adoptados contra Deutsche Telekom (12,6 millones de euros) o France Telecom (10,3 millones de euros) operadoras que por cierto siguen estando participadas por sus respectivos Estados. Cualquiera de los casos que se presenten dará igual, porque el aparato jurídico de Telefónica lleva mucho tiempo tra- bajando a pleno rendimiento para recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión que proponga Neelie Kroes, derivada del expediente sancionador abierto en febrero de 2006 por la Comisión Europea. Experiencias anteriores apuntan a que un proceso recurrido de características similares al de Telefónica suele extenderse en el tiempo durante tres o cuatro años más. Según reconocen fuentes comunitarias, tras agotarse esta vía la Dirección General de Competencia podría demandar al Estado español en calidad de responsable subsidiario, lo que en la práctica podría abrir una crisis institucional de consecuencias impredecibles. ¿Pero, qué ha hecho Telefónica para encontrarse en una situación tan comprometida? En realidad nada, salvo respetar la legalidad y dirigirse a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para que el regulador fijase el precio mayorista que debía ofertar a las compañías rivales, de manera que éstas pudieran replicar el mismo servicio de banda ancha. Una vez cubierto este requisito indispensable, dado que la CMT se encarga de regular las tarifas de ADSL desde 1999, Telefónica comenzó a negociar con las compañías competidoras tomando como referencia el precio mayorista establecido por la CMT. Pero Wanadoo entendió que la diferencia entre el precio mayorista que Telefónica le ofrecía y el minorista que la operadora aplicaba a sus clientes finales reducía al mínimo sus márgenes de rentabilidad, al resultar muy estrechos. Ni corta ni perezosa, la antigua filial de France Telecom se dirigió a Bruselas para protestar. De manera que Telefónica podría ser castigada por seguir a pies juntillas los criterios ex ante fijados por el organismo regulador de las telecomunicaciones en España, que además vigila estrechamente el cumplimiento de las normas que aprueba. Respuesta contundente Entre los argumentos esgrimidos por el equipo jurídico de Telefónica, que ha contratado para reforzarse los servicios del bufete de abogados Cleary Goliet, figura que sus responsables no se sienten culpables porque no han actuado de mala fe y que el proceso sancionador abierto genera grandes dosis de inseguridad jurídica y que afectan a campos tan sensibles de la compañía como sus inversiones futuras.