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ABC MADRID 02-07-2007 página 30
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ABC MADRID 02-07-2007 página 30

  • EdiciónABC, MADRID
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30 ESPAÑA LUNES 2 s 7 s 2007 ABC Los abogados de oficio critican el uso de denuncias falsas en casos de maltrato familiar N. C. MADRID. Los abogados del turno de oficio han expresado su preocupación ante el uso de denuncias falsas para conseguir fines ajenos a la protección de la mujer ante situaciones de violencia a manos de sus parejas. Es la primera anomalía que, en el ámbito de la justicia contra la violencia de género, denuncian estos abogados; después, y en este orden, les preocupan otras disfunciones como la falta de presunción de inocencia de los acusados y el desamparo en el que, en muchas ocasiones, se encuentran los hombres. Éste y otros datos figuran en el primer informe del Observatorio sobre justicia Gratuita, hecho público por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y en el que se incluye una encuesta entre abogados del turno de oficio realizada por Metroscopia. El estudio incluye un perfil de estos profesionales, que suman cerca de 20.000 en toda España y que en su mayoría (56 son varones con una edad media de 41 años y con 13,5 años de ejercicio a sus espaldas, lo que significa que no son un colectivo sin experiencia, como tradicionalmente se ha pensado. Las mujeres incluidas en el turno de oficio (un 44 suelen ser algo más jóvenes. En total, se calcula que estos abogados llevan un millón de casos al año, cifra que ha aumentado en los últimos años. Pese a ello, estos asuntos suponen menos de la cuarta parte de los que llevaron en 2006. Otros agentes implicados en la justicia gratuita creen que la sobrecarga de trabajo es la causante de un déficit en la calidad de la defensa de los justiciables que se acogen al turno. Una de cada tres muertes por violencia machista es causada por extranjeros Las víctimas foráneas son ya el 40 lo que confirma esta tendencia al alza A. LARDIÉS MADRID. Cada vez aumenta más el número de extranjeros involucrados en los casos de violencia machista. La presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ, Montserrat Comas, expresó su preocupación por este hecho recientemente y abogó por que los inmigrantes deberían recibir formación específica en la materia como requisito para su integración en España. En concreto, el número de víctimas foráneas ha aumentado considerablemente en lo que va de 2007 respecto al año 2006, ya que en estos cinco meses el 39,47 por ciento de las mujeres asesinadas eran extranjeras, frente al 29,41 por ciento del pasado año, según datos del Instituto de la Mujer (ver gráfico) En el caso de los agresores, el incremento también se da, pero es menor, puesto que en lo que llevamos de 2007, el 31,58 por ciento han sido extranjeros, frente al 26 por ciento de 2006. Y en ambos casos, la tendencia es ascendente en los últimos cinco años, aunque con altibajos, puesto que en 2006 bajaron ambos porcentajes respecto a 2005. La diferencia de seis puntos entre ambas tasas este año (39 por ciento frente a 31) se explica porque son varios los casos en los que agresores españoles han matado a mujeres extranjeras en 2007, mientras que los foráneos han asesinado en todos los casos a mujeres de su misma nacionalidad. VIOLENCIA DE GÉNERO CON EXTRANJEROS INVOLUCRADOS En porcentajes 45 40 35 30 25 20 15 10 39,47 32,73 26,47 15,94 14,08 2003 30,19 24,29 2004 2005 29,41 31,58 26,47 2006 2007 ABC Autores (varones) de delitos de homicidio asesinato sobre su pareja expareja con resultado de muerte Datos hasta el 28 de junio Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o expareja Segunda causa de muerte Con independencia de la nacionalidad de los involucrados, el caso es que esta lacra social sigue sin remitir. De hecho, la propia Comas aseguraba también que la violencia machista es la segunda causa de muerte intencionada en España, sólo superada por el terrorismo. El concepto de posesión en el que se basan muchos hombres para tratar a las mujeres con las que mantienen una re- En el último mes han muerto dos mujeres que habían retirado la denuncia contra su agresor lación está detrás de estos asesinatos, que en la abrumadora mayoría de los casos no son domésticos como se suele decir, sino machistas. Sólo en 2006 se solicitaron 36.156 órdenes de protección. Por otra parte, aunque cada vez son más las mujeres que denuncian a sus agresores, siguen siendo demasiadas las que después retiran la denuncia, algo que puede tener consecuencias fatales. Sin ir más lejos, la mujer asesinada presuntamente por su pareja en Alcoy hace dos semanas había reanudado la convivencia con su verdugo pese a que sobre éste pesaban dos órdenes de alejamiento. Algo parecido había ocurrido en el caso de Vitoria del 2 de junio, puesto que la mujer asesinada había retirado la denuncia contra su agresor. De hecho, la fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, ha subrayado últimamente en varias ocasiones que el princi- pal problema con el que se encuentran los fiscales a la hora de afrontar un proceso es la retirada de denuncias por parte de las víctimas, ya que se quedan sin pruebas en muchas ocasiones En la actualidad, uno de los debates más encendidos sobre la violencia machista es si se debe obligar a la mujer a declarar contra su marido en el juicio correspondiente. Y es que más del 30 por ciento de la retirada de las acusaciones se producen porque las mujeres maltratadas no quieren declarar en contra de sus maridos, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el acusado no tiene por qué declarar contra sí mismo y el testigo principal- -que es la mujer- -no declara, nos quedamos sin pruebas señala Cazorla. Más información sobre la violencia machista en: www. mtas. es mujer El Supremo deniega la nacionalidad española a una mujer condenada por dos faltas de lesiones EFE MADRID. El Tribunal Supremo ha confirmado la denegación de la nacionalidad española a una mujer porque fue condenada por dos faltas de lesiones y denunciada por disputas vecinales, lo que para el Alto Tribunal evidencia la vulneración de las elementales normas de convivencia. Así lo acuerda la sala de lo contencioso- administrativo en una sentencia, en la que desestima el recurso que Khadouj A. interpuso contra la dictada por la Audiencia Nacional, que en 2003 confirmó la resolución del Ministerio de Justicia en la que se le denegó la concesión de la nacionalidad española. La sentencia de la Audiencia Nacional concluyó que la recurrente no justificó su buena conducta, ya que fue condenada por un juzgado de Valencia en 1998 por dos faltas de lesiones en razón de la riña producida en junio de 1997 a las puertas de una discoteca con otras dos personas. Además, un juzgado de Sagunto (Valencia) recibió unas diligencias abiertas por la Policía por problemas vecinales circunstancias que para la Audiencia Nacional ponen de manifiesto un comportamiento cívico social que no se corresponde con el concepto de buena conducta cívica a lo que debe añadirse que se trata de hechos muy próximos en el tiempo a la solicitud de nacionalidad La Audiencia argumentó que a pesar de las alegaciones sobre su convivencia familiar, trabajo habitual, tiempo de residencia en España (21 años) cotización a la Seguridad Social y cumplimiento de obligaciones tributarias su actuación no se corresponde con lo que se entiende por buena conducta cívica al afectar negativamente a valores sociales y de convivencia penalmente protegidos Para el Alto Tribunal, las agresiones en una discoteca que concluyeron en una condena por dos faltas, así como otras disputas vecinales puestas de relieve por el informe policial obrante en autos son evidenciadoras de la vulneración de elementales normas de convivencia El Supremo conclute que esas actuaciones determinan la ausencia del requisito de buena conducta cívica, que impide la concesión de la nacionalidad española Mayor control Los propios abogados de oficio dan a este servicio una puntuación de 6,1, y entre sus quejas está la escasez de las retribuciones que perciben y la lentitud en la tramitación de los procesos vinculados a este servicio. en tercer lugar, echan de menos un mayor control sobre los beneficiarios de la justicia gratuita para evitar abusos (que no se limite al nivel de ingresos, por ejemplo) y se quejan de la falta de medios y de la desorganización en las comunicaciones con los clientes. Si éstos son extranjeros, se añade el problema de la falta de traductores, una deficiencia que se hizo patente en el 11- M. Las agresiones en una discoteca y disputas vecinales evidencian la vulneración de las normas de convivencia

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