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4 OPINIÓN DOMINGO 1 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro IBIZA, COMO SÍNTOMA NA llamada anónima anunciando la colocación, en el aeropuerto de Ibiza, de una bomba que resultó no existir puso ayer inevitablemente en jaque a las Fuerzas de Seguridad y frustró el primer día de vacaciones de miles de viajeros. El aviso telefónico, recibido en DYA y en el diario Gara hizo sospechar desde un primer momento de ETA. Por desgracia, los antecedentes de la banda terrorista invitaban a ello. El aeropuerto pudo ser desalojado de manera organizada y afortunadamente no hubo atentado ni víctimas a las que socorrer. Sin embargo, independientemente de que haya sido una gamberrada o un aviso real de ETA de lo que pueda estar por venir, los terroristas son los grandes beneficiarios de esta clase de golpes psicológicos. Ibiza es uno de los principales destinos turísticos españoles y un auténtico reclamo internacional, cuya actividad goza de enorme repercusión en muchos países del mundo. Además, el tránsito en el aeropuerto era masivo al tratarse del primer fin de semana verdaderamente estival. Una simple llamada telefónica consiguió el triple efecto de causar psicosis entre la ciudadanía, perjudicar la imagen turística de España en el exterior y ofrecer una sensación de vulnerabilidad. La sensación de que puede producirse un atentado en cualquier parte y en cualquier momento. Y ETA, responsable de lo de ayer o no, ya ha anunciado sus propósitos. Por escrito. U ZAPATERO DEJA DE FINGIR A reacción del Gobierno y del PSOE por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que anula las condenas dictadas en el caso Bono ha alcanzado un nivel bochornoso de manipulación partidista y oportunismo político. La razón de esta desmesura no es otra que la falta de iniciativas propias, lo que obliga al Ejecutivo y a los socialistas a vivir a expensas de acontecimientos externos, para bien o para mal. Sin conocer el texto de la resolución, los portavoces del Gobierno y del PSOE se lanzaron, con una coordinación y una presencia pública omitidas en ocasiones más justificadas, a exigir del PP toda suerte de responsabilidades y disculpas por las condenas que fueron impuestas a los policías responsables de la detención de dos militantes del PP acusados sin prueba alguna de agredir al ex ministro de Defensa José Bono. Como es lógico, en un Estado de Derecho la última palabra es la infalible y, por tanto, la verdad judicial es la que ha manifestado el Supremo y serán los magistrados que han revocado las condenas- -porque sin duda habrá algún voto particular- -los que tengan que argumentar cómo es posible que el sistema de garantías constitucionales que amparan al ciudadano no se vea dañado por una detención policial arbitraria, infundada y exclusivamente política, en la que, para llevarla a cabo, se produjo la represalia a un funcionario que se negó a practicar una actuación que consideraba ilegal y el falseamiento de un atestado. Estos hechos fueron así y que no sean constitutivos de delito no significa que no sucedieran de esa forma. Por otro lado, ninguna excusa debepedir elPP a nadie, pues su denuncia fue respaldada por la investigación de un juez instructor y la sentencia de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, así como por el criterio de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y si algún honor debe ser restituido, el primer emplazado a hacerlo es el Gobierno, que destituyó al delegado del Gobierno en Madrid como consecuencia de aquella detención irregular. Cabe también recordar que la supuesta agresión a Bono no pasó del trámite de diligencias previas, porque no se pu- L do aportar una sola prueba o indicio, por mínimos que fueran, que avalara la versión del ex ministro, ni siquiera un parte de lesiones. Sólo se adujo- -por Conde- Pumpido, como no podía ser de otra forma- -que los detenidos mantenían una actitud vociferante Hasta tal extremo fue un abuso de poder orientado a incriminar al PP que después del escándalo de la detención, la policía dejó de investigar a los posibles autores de la imaginaria agresión a Bono. El Gobierno exhibe su debilidad política al aferrarse a la sentencia del Supremo como un balón de oxígeno y utilizarlo como excusa para romper un mínimo escenario de sosiego y de entendimiento con el PP Zapatero parece no poder fingir talante con Rajoy por más tiempo, probablemente porque ha demostrado que la razón de su Gobierno es la discordia permanente con la oposición, tal y como se vio el pasado viernes, jornada en la que los socialistas se movilizaron para, en definitiva, confirmar que desde el próximo debate sobre el estado de la Nación, no va a haber tregua con el PP El PSOE no quiere reglas de juego que limiten su acoso a los populares y por más criticables que puedan ser los excesos de palabra o de gestos que sus dirigentes hayan podido cometer en esta legislatura, a Rajoy no se le puede reprochar ni falta de disposición al diálogo ni que ejerza su obligación de liderar la oposición al Gobierno, preguntando y controlando políticamente a Zapatero en todo aquello que éste ha convertido en eje de su mandato. Porque si para Zapatero la tregua bilateral que pactó con ETA era su gran apuesta, también para el PP debe ser un argumento de oposición. Y lo mismo sucede con la quiebra del Estado autonómico a través del Estatuto catalán, el previsible pacto socialista con el nacionalismo en Navarra, la ineficacia de la ley integral contra la violencia de género, la demagogia con la inmigración y la frivolidad pacifista e iluminada en la política exterior. El PSOE sólo teme la desmovilización de su electorado más radical y por eso prefiere extender cortinas de humo antes que plantear nuevas iniciativas que beneficien al interés nacional. EL EJEMPLO S DE UN HÉROE E cumplen diez años desde que el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara pudo ser rescatado por la Guardia Civil del agujero en el que ETA le mantuvo secuestrado durante 532 días. Una laboriosa investigación, angustiosa por momentos y de la que ABC desvela hoy detalles hasta ahora desconocidos, puso fin al más largo cautiverio al que los etarras han sometido a un ser humano en vida, si asociamos el concepto de vida al lamentable y sobrecogedor estado en el que fue hallado Ortega Lara, dada la inhumana crueldad con la que fue tratado. Nadie es capaz de medir el grado máximo de resistencia humana en situaciones límite, pero él debió alcanzarlo. Cuando hubo calculado que llevaba 500 días enjaulado como un animal y perdió casi toda esperanza de volver a ver a los suyos a la luz del día, pensó en quitarse la vida. Incluso, ideó de manera detallada cómo hacerlo, no sin antes introducirse en las fosas nasales unas pequeñas notas con las que ofrecer pistas fiables a las Fuerzas de Seguridad cuando le fuera practicada la autopsia. Hasta en su total desesperación, Ortega Lara supo mantener la suficiente sangre fría como para que su sacrificio no fuese en vano. Para que ETA no ganara. Siempre fue consciente de que la democracia jamás claudicaría ante los terroristas. Por eso es digno reconocerle, hoy y siempre, como un heroico ejemplo de tesón y de firme compromiso con el Estado de derecho. UN PACTO PARA LA EPC A torpeza del Gobierno al plantear la asignatura de Educación paralaCiudadaníaestáprovocandoun debate social de grandes dimensiones. Si la materia fue concebida ya en su origen con un sentido partidista, la rigidez de la ministra Mercedes Cabrera en estos últimos días y el análisis de los textos elaborados por las principales editoriales han exacerbado los ánimos. Conviene, por ello, reducir el nivel de apasionamiento y llevar el asunto hacia el terreno de la razón práctica. A esto contribuye, sin duda, la postura razonable de monseñor Rouco, matizando algunos planteamientos más directos de monseñor Cañizares a la hora de enfocar la actitud de la Iglesia. En la misma línea se mueve la Tercera de ABC firmada por Olegario González de Cardedal, en la cual el prestigioso teólogo parte de una distinción imprescindible entre el fin y los medios, es decir, entre la asignatura como tal y el programa que ha publicado el Ministerio. Existen antecedentes en España y en otros países sobre la conveniencia de que los jóvenesescolaresconozcan las bases constitucionales y los principios básicos de la convivencia. La clave consiste en buscar elementos objetivos que definan esos contenidos y evitar así el aire sectario que desprende esta Educación para la Ciudadanía en su concepción actual. Las cuestiones en juego, muchas de ellas de honda raíz moral, son demasiado importantes para dejarlas en manos de una perspectiva dogmática y excluyente. De hecho, ante la falta de consenso y las amena- L zas a quienes muestran su discrepancia, parece que el Gobierno concibe la nueva materia como una especie de educación para el socialismo Nuestro sistema educativo sufre problemas estructurales que no se pueden reducir a una sola cuestión. Hace mucho tiempo que la comunidad escolar reclama un pacto de Estado, pero la realidad demuestra el predominio de los enfoques ideológicos agravados por la dispersión territorial delas competencias. En este contexto, es una falacia desviar toda la atención hacia esta polémica asignatura. Las administraciones públicas, las asociaciones de padres y la propia Iglesia tienen el deber de negociar desde el sentido común y el servicio al interés general. En particular, el Ministerio está obligado a ajustar los contenidos, porqueelEstado nopuedeimponer unavisiónúnica en asuntos que afectan a las decisiones más trascendentes de la vida humana. Si hay discrepancias, para eso están los tribunales de Justicia y, en último término, el propio Tribunal Constitucional. Así pues, el debate actual sobre la objeción de concienciadeber abordarsecon criterios racionales, recordando incluso que se puede convertir en un arma de doble filo. En todo caso, la propia configuración de la objeción de conciencia laconvierteen últimaratio para situaciones queafectan gravemente a la conciencia personal, de modo que no es un argumento que, ab initio, deba esgrimirse como solución automática mientras estén abiertas otras vías políticas y jurídicas.