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4 OPINIÓN JUEVES 28 s 6 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro BROWN RENUEVA EL LABORISMO N OCURRENCIAS CONTRA LA COCAÍNA ARECE ser que los datos sobre consumo de cocaína en España aportados por Naciones Unidas han dado que pensar a los responsables del Ministerio de Sanidad. En efecto, Elena Salgado presenta un sorprendente programa estratégico aplicable entre 2007 y 2010, cuyos autores demuestran una notable dosis de imaginación, pero carecen del necesario sentido de la proporción y la medida. La ministra pretende que los camareros vigilen el consumo de coca en bares y discotecas, que se distribuyan certificados de centros sin drogas y que se convierta a los hosteleros y sus empleados en guardianes del comportamiento de los clientes. Está visto que Sanidad prefiere las ocurrencias a las medidas eficaces. El plan de choque en la lucha contra esta epidemia de polvo blanco tiene unos objetivos razonables, en concreto, disminuir el consumo, aumentar la percepción del riesgo, retrasar la edad de inicio y mejorar la atención a las personas con problemas de adicción. Sin embargo, una vez más, los medios no son apropiados. Salgado no escarmienta de sus propuestas peculiares, que ya han fracasado en materias como el tabaco y el alcohol. Es víctima de nuevo del modelo intervencionista que caracteriza al Gobierno, que se traduce en imponer conductas que- -por definición- -provocan malestar entre los afectados. Los camareros cumplen funciones de atención al público y, con frecuencia, son trabajadores eventuales que no permanecen mucho tiempo en el mismo establecimiento. En todo caso, su tarea no es ni puede ser la de convertirse en policías. Las administraciones públicas deben intensificar las medidas para evitar que los traficantes consigan desarrollar su actividad con tanta facilidad, para lo cual se requiere algo más que colaboración social y medidas puramente educativas. De ahí que sea imprescindible mayor implicación del Ministerio del Interior, puesto que la lucha contra el tráfico de drogas y estupefacientes debe estar P en manos de profesionales especialmente preparados para ello y dotados de los medios técnicos imprescindibles. Es lamentable que España se sitúe en el primer puesto de la clasificación mundial de consumo de cocaína, superando por primera vez a Estados Unidos. Se trata de una verdadera lacra social en el mundo de los jóvenes y adolescentes que, según los casos, se prolonga con mucha frecuencia hasta edades adultas. En todo caso, es llamativo que el consumo entre los españoles menores de edad se haya multiplicado por cuatro en sólo diez años. Los expertos observan que esta droga está asociada con el éxito social, lo que despierta un sentimiento de emulación, característico de la sociedad del ocio y de la admiración hacia los triunfadores. Conocer a fondo el perfil de los consumidores es por ello un dato fundamental para luchar contra este mal. Así se podrían romper los circuitos de distribución y quebrar la percepción de impunidad con la que se mueven los vendedores y los compradores. De hecho, cuando la Constitución- -en su artículo 43- -reconoce el derecho a la salud, impone a los poderes públicos que establezcan medidas preventivas que ofrezcan a los ciudadanos las prestaciones y servicios que sean necesarios. No se puede transferir la responsabilidad del Gobierno a los empresarios y trabajadores de un sector tan sensible como la hostelería. Entre otras razones porque siempre habrá la opción alternativa de buscar locales menos dispuestos a colaborar, provocando así una dinámica social conflictiva. En definitiva, este tipo de planes improvisados es la secuela de un intervencionismo que ha fracasado ya en cuestiones como la ley antitabaco e incluso el carné por puntos. El Gobierno tiene una visión trasnochada de las relaciones entre el poder y la libertad. Por una parte, muestra cierta querencia por el ordeno y mando a la hora de imponer algunas conductas. Por otra, pretende que la sociedad cumpla funciones que corresponden a la Administración. Otra vez la ministra Salgado ha elegido el camino equivocado. LA LEY DEL MENOR PIDE UNA REVISIÓN UATRO años después del brutal asesinato de Sandra Palo, uno de sus autores, Rafael García, Rafita salió ayer del centro de internamiento de menores en el que ha cumplido la primera parte de su pena. Ahora, ya con dieciocho años de edad, pasará otros tres años en régimen de libertad vigilada alejado de Madrid. Legalmente, continuará sometido al régimen penitenciario que le corresponda, pero realmente la percepción general es que Rafita está, como suele decirse, en la calle y que su condición de menor de edad cuando se produjo el asesinato le ha servido en la práctica como elemento de cierta impunidad. Es lógico que haya quien crea que a Rafita, con sólo cuatro años de sanción, le ha salido barato violar, torturar y matar a Sandra. Este caso, nunca cerrado en la conciencia de millones de ciudadanos gracias a la valentía y al tesón de su madre, reabre un doble debate: el jurídico, sobre la procedencia de endurecer el régimen penal para castigar de manera más severa los delitos más graves cometidos por menores de edad; y el social, relativo tanto al alcance que debe tener la reinserción en este tipo de casos como a la manera de evaluar con eficacia el arrepentimiento para evitar la reincidencia. La ley de responsabilidad penal del menor ha sufrido diversas modificaciones relevantes, la última vigente desde febrero. Como regla general, no es sano que un Estado de Derecho legisle en materia penal a golpe de titulares de prensa o apruebe normas adhoc para sofocar la alarma que cause en la sociedad un caso concreto. Sin C embargo, si una mayoría de la sociedad percibe que una ley no es eficaz o no se ajusta al sentimiento generalmente aceptado de justicia, esa ley queda a los ojos de la ciudadanía inmediamente desfasada y superada por los acontecimientos. Naturalmente, una norma penal no puede aplicarse con efectos retroactivos si estos perjudican al condenado. No obstante, ejemplos como el de Rafita deben mover a una profunda reflexión al Gobierno para que no se repitan. Una ley ha de ser lo suficientemente flexible en su espíritu e interpretación como para prever mecanismos extraordinarios que, en casos de extrema gravedad, se apliquen sin complejos e impidan trasladar a la ciudadanía la peligrosa creencia de que la ley no es justa. Por el contrario, la ultraprotección penal del menor puede conducir a una valoración inexacta del riesgo de reincidencia y a favorecer, incluso, nuevas conductas delictivas. Si la sociedad lo demanda- -y la trayectoria del caso de Sandra Palo así lo atestigua- el legislador no debe mostrarse insensible a la revisión de las leyes que afectan a los menores, colectivos sociales muy permeables y, precisamente por ello, en permanente riesgo de contaminación y de adulteración de sus valores. Es cierto que la dureza, como automatismo penal con los menores, no siempre es buena y puede llegar a socavar las bases de la reinserción a la que todo reo tiene derecho; sin embargo, lo que en ningún caso es bueno para la solidez de un Estado democrático es que cale la percepción de que no se hace justicia. Y con Sandra está calando. ADIE ignora que durante los últimos años se han producido algunas desavenencias entre Tony Blair y Gordon Brown, y que entre los dos amigos no todo han sido coincidencias, pero el relevo que se produjo ayer en el puesto de primer ministro británico no tiene nada de comparable con el trágico final político de Margaret Thatcher en 1990: la lenta retirada de Blair ha dado paso, de forma ordenada y sin traumas políticos, al hasta ahora ministro de Economía, que ha empezado su gestión con un discurso bien preparado que servirá de base para la renovación del Partido Laborista. Después de tanto tiempo a la sombra de Blair, Brown sabe perfectamente lo que se va a encontrar en el despacho del número 10 de Downing Street, puesto que en gran medida es coautor de la política que se ha llevado a cabo hasta el momento, y precisamente por ello es comprensible que se disponga ahora a imprimir su sello personal, con la mirada claramente puesta en una nueva transformación estratégica del laborismo. Blair hizo en su momento un intento de situar al partido en el debate de las ideas del siglo XXI con aquella tesis de la tercera vía pero puesto que después de diez años en el cargo la mayor parte de su legado va a quedar empañado por el trauma de la guerra de Irak, la posición más inteligente por parte de Brown ha sido aprovechar el impulso político del relevo para insuflar otra vez nuevos vientos al laborismo, anunciando un nuevo Gobierno con nuevas prioridades Mantener la parte más brillante de la herencia de Blair, y al mismo tiempo construir un nuevo escenario de partida para dejar atrás el lastre de las zonas más incómodas de una década en el poder, resulta una receta inteligente y pragmática que puede servir para prolongar la permanencia del laborismo en el gobierno mucho más allá de Blair. En realidad, el primer discurso de Brown parecía el de alguien que acaba de ganar las elecciones después de una campaña electoral en la que se hubiera prometido un cambio fundamental, en vez de un relevo entre dos dirigentes del mismo equipo. Brown lo ha escenificado con lemas directos, como el de estar más cerca de la gente o darle a cada cual las mejores oportunidades, un aire tan fresco que bien podría proceder de un partido de corte liberal. Pero al mismo tiempo, el sucesor de Blair corre el riesgo de hacerse vulnerable por su falta de legitimidad directa: como ya le ha reprochado oportunamente el líder de la oposición conservadora, David Cameron, el nuevo primer ministro no ha pasado por las urnas para obtener un mandato propio. Este es un asunto que, con toda probabilidad, aparecerá reiteradamente en el debate político de una sociedad cuyas sensibilidades democráticas son bien conocidas. Pero incluso en este caso, el mejor recurso para Brown vuelve a ser la continuidad de unas políticas que han dado buen resultado en general y que han llevado al laborismo a lo que, sin duda, ha sido su mejor etapa en mucho tiempo.