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ABC LUNES 25 s 6 s 2007 OPINIÓN 5 UNA RAYA EN EL AGUA ¿PENTAPARTIDO NACIONAL? E ¿EDUCACIÓN CÍVICA? N alguna ocasión mi admirado Manuel Martín Ferrand ha mostrado en sus artículos su estupor ante las reacciones virulentas que desatan los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal. En una sociedad democrática donde se reconoce la libertad de expresión parece natural, en efecto, que los obispos alcen su voz para ofrecer respuestas, o siquiera orientación, en asuntos que de algún modo atañen a la moral o a la fe de millones de católicos españoles. Por eso me ha sorprendido que juzgue impertinente la declaración reciente de la Conferencia Episcopal sobre la nueva asignatura obligatoria llamada Educación para la Ciudadanía Se pregunta Martín Ferrand si debe considerarse perverso educar cívicamente a los niños y jóvenes La respuesta se la brinda la propia declaración de los obispos, en donde leemos que una asignatura que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos huJUAN MANUEL manos, hubiera sido aceptable e incluDE PRADA so, tal vez, deseable Los obispos no se oponen a la transmisión de una deseable educación cívica, sino a que el Estado se arrogue el papel de educar la conciencia de esos niños y jóvenes, suplantando el derecho originario e inalienable de los padres a la formación moral de sus hijos. Que la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía aspira a algo más que a una elemental transmisión de normas de convivencia cívica lo demuestra José Antonio Marina, autor de un manual de dicha asignatura que la ministra de Educación bendijo en sede parlamentaria, cuando afirma: En algunos críticos de la Educación para la Ciudadanía me parece detectar un peligroso escepticismo acerca de la posibilidad de enseñar una ética universal. Es una creencia muy extendida, basada en el monopolio moral que han ejercido siempre las religiones, y que a estas alturas no se puede aceptar Los obispos españo- E les, sin embargo, no aspiran a imponer ningún monopolio moral se limitan a reclamar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función y piden que no se imponga una formación moral no elegida por el alumno o por sus padres: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra Exigen, en fin, el cumplimiento estricto del artículo 27 de la Constitución, según un criterio de obligada neutralidad ideológica. Es la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía la que pretende instaurar ese monopolio moral. A nadie se le escapa que enseñar- -como propone Marina- -una ética universal en una sociedad como la nuestra ha devenido una tarea imposible. Nuestra Constitución, por ejemplo, consagra el derecho a la vida como principio rector del ordenamiento jurídico; sin embargo, sucesivos gobiernos han propiciado una aplicación laxa de la legislación penal sobre el aborto, y más recientemente han permitido la experimentación con embriones. Para muchos españoles tales actuaciones legislativas son éticamente reprobables y contrarias al derecho a la vida para otros muchos son admisibles, por considerar que la vida del nasciturus no merece protección legal (lo cual constituye un contrasentido jurídico, pues no parece de recibo que nuestro Código Civil reconozca derechos patrimoniales a quien no se le reconoce el derecho más elemental a la vida) ¿Cómo se puede explicar el derecho a la vida que consagra nuestro ordenamiento desde una perspectiva ética universal? O bien se recurrirá a las generalidades huecas, reprimiendo la natural curiosidad de los alumnos, o bien se formará su conciencia desde presupuestos que en modo alguno pueden considerarse una ética universal sino adoctrinamiento ideológico. Cuando los obispos exhortan a los católicos a recurrir a todos los medios legítimos contra la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía no hacen sino defender la libertad de conciencia. Cumplen con su obligación; y la nuestra exige que no nos dejemos engañar ingenuamente: el adoctrinamiento ideológico no es educación cívica. N el próximo debate sobre el Estado de la Nación, al que Rajoy puede acudir con un brazo atado a la espalda por su discutible compromiso de no atizarle al Gobierno con la política antiterrorista, el líder de la oposición dispondrá de una ocasión impagable para preguntarle a Zapatero si piensa renovar su compromiso de no tratar de gobernar en el caso de que pierda las elecciones generales. Se trata de una cuestión de máxima actualidad a la vista de los pactos de arrebatacapas con que se están amañando los gobiernos autonómicos y locales, y conviene IGNACIO que los españoles afronten CAMACHO el próximo curso electoral sabiendo con qué cartas va a jugarse su futuro. Ya que no existe por ahora voluntad de cambiar el marco legal de juego, es menester que se conozca si al menos los jugadores están dispuestos a respetarlo. Hasta hoy, nunca se ha trasladado al plano nacional la siniestra dinámica de acuerdos poselectorales que amañan en los despachos los resultados de las urnas, pero la cuestión está sobre la mesa desde que el Partido Popular ganase por estrecho margen las municipales del 27- M. La alianza estratégica de Zapatero con los nacionalistas, y la dificultad de entendimiento entre éstos y el PP, ha convertido en plausible la hipótesis de un acuerdo a varias bandas contra la lista más votada, en el caso de que ésta resulte ser la encabezada por Mariano Rajoy. El precedente recientísimo de las Baleares y su pintoresco pentapartido de socialistas, republicanos, comunistas, ecologistas y nacionalistas isleños proyecta la sombra de un Tinell a escala de Estado, experiencia inédita que acaso tiente a un Gobierno aficionado a revisar los fundamentos del pacto constitucional del 78. La cuestión está ahí, candente ante la posibilidad creíble de un triunfo insuficiente del PP, y corresponde aclararla a quien desde el poder puede sentirse inclinado a cualquier maniobra que le ayude a conservarlo. Por eso empieza a urgir un pronunciamiento explícito del presidente, similar al que con claridad y honradez formuló en 2003, y que no tuvo que cumplir porque el shock del 11- M le catapultó hacia la victoria. Zapatero tiene que decir, y decir pronto, si alberga o no la idea de tratar de gobernar contra una mayoría relativa de su adversario, y no vale escudarse en que no contempla la posibilidad de perder, porque ya ha perdido en mayo. Los ciudadanos queremos saber si sigue valiendo en 2007, o si seguirá en 2008, lo que valía en 2003. Es decir, si el poder ha cambiado o no las reglas morales de juego que el presidente se impuso a sí mismo cuando aún no lo era. El electorado tiene derecho a conocer si habrá segunda vuelta en los despachos de una disputa que se perfila muy reñida en las urnas. Y, visto que el debate de la nación se presenta a priori amputado de la vital polémica sobre el terrorismo, quizá sea una excelente oportunidad para sacar algo en claro al respecto. Rajoy debería ser el primer interesado en ello, pero si él no desea averiguarlo ha de saber que a los españoles sí nos interesa el destino que puedan correr nuestros votos antes de entregarlos a una subasta.