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24 ESPAÑA Tribuna abierta JUEVES 21 s 6 s 2007 ABC Gracián Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio LOS DERECHOS HISTÓRICOS (I) E N el escenario simplista y maniqueo en el que con demasiada frecuencia se sitúa el debate público y nuestra clase política en general, presos del fetichismo de las palabras, llevamos oyendo hablar, desde hace tiempo, de naciones, de autodeterminación, de reinos, de pueblos, de derechos históricos, de fueros, y en términos que sin duda provocan el desconcierto, ya que de lo que se está hablando en definitiva es del Reino de España, cuya historia precisamente no es la de un Estado frágil y torpe en busca de una nación que haya que inventar, pues somos el pueblo europeo que más tiempo lleva viviendo juntos con cierta estructura política. Es más, asistiendo a un proceso de reformas estatutarias como el presente, en el que se intenta redescubrir el concepto de derechos históricos y se apela constantemente a la historia de unos pueblos de España, el desconcierto es aún mayor, pues mediante la utilización de fórmulas alambicadas y retóricas, con resultados grotescos y artificiosos, se exhuman cadáveres del pasado, se reviven instituciones jurídicas que no han resistido el paso de los tiempos, y todo ello con la pretensión de apropiar nuevas competencias sobre las que atesorar una mayores cuotas de poder regional en detrimento del Estado, limitado a un ámbito prácticamente residual. A quienes colocan la autonomía en la historia y el fundamento del autogobierno en el carácter singular de sus pueblos hay que preguntarles a partir de qué momento en el devenir histórico hemos de deducir conclusiones constitucionales. Les preguntaríamos si hacemos el reconocimiento histórico en los derechos peninsulares, en los baleáricos prerromanos o en los canarios prehispanos o en el Derecho hispanorromano; o si lo prefieren nos remontamos al Derecho hispano- musulmán o a los derechos privilegiados de carácter local o a los privilegios de tipo personal y de clase. Nos quedamos en la Alta Edad Media o nos trasladamos a los derechos territoriales de la Baja Edad Media. Y ello pese a que es evidente que las Constituciones no habían nacido todavía. L mismo tiempo nos preguntamos qué sentido tiene apelar en nuestro tiempo a sentimientos localistas mediante la utilización moderna de técnicas jurídicas tan arcaizantes como los fueros y los derechos históricos, que impedirían la igualdad de hombres y mujeres o cambiar leyes que han discriminado a la mujer en sus relaciones con el hombre. Y mucho más allá, si tenemos en cuenta que son los derechos históricos los que imponen el poder político personal del rey y los privilegios y los que impiden que la Qué sentido tiene apelar en nuestro tiempo a sentimientos localistas mediante la utilización moderna de técnicas jurídicas tan arcaizantes como los fueros y los derechos históricos, que impedirían la igualdad de hombres y mujeres o cambiar leyes que han discriminado a la mujer en sus relaciones con el hombre ción a los derechos históricos en el marco de un constitucionalismo útil, sea el instrumento válido para encauzar la presión de los nacionalismos periféricos dentro del marco constitucional. En el ámbito jurídico- positivo, ni hay otros derechos que los generados por el Derecho, ni la Ley de Leyes puede ser mercancía de intercambio de ninguna negociación. ESDE nuestro punto de vista, y como posicionamiento inicial de nuestra reflexión, rechazamos el argumento histórico como factor de organización. No se puede explicar el ordenamiento jurídico volviendo a un punto de la historia que no tiene existencia de por sí y que es tan digno como lo son otros muchos de sentido distinto y aun contrario. Ni la autonomía de las nacionalidades y regiones es preconstitucional, ni la invocación histórica del carácter singular de los pueblos, ni la apelación a los derechos históricos como técnica, son fundamento del autogobierno. La legitimidad democrática no se funda en la historia. Como ha recordado el Tribunal Constitucional (STC 76 1988) la Constitución, que es la que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España, en cuyo ejercicio pueden acceder al autogobierno constituyéndose en comunidades autónomas- -cuya creación es la gran novedad de la de 1978- no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella D A soberanía resida en el pueblo. Y también son los derechos históricos los que como elemento para frenar la revolución liberal y la aplicación uniforme del Derecho, con su rechazo al Estado liberal frente al poder real y los poderes locales aristocráticos, encierran al individuo en el colectivo, sacrificando a favor de una construcción nacional el ejercicio democrático de los derechos individuales propios del constitucionalismo que se consolida en Europa a partir de 1945 y cuyos rasgos básicos configuran el Estado de Derecho. Y, sinceramente, no creemos que la moderna apela-