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ABC MARTES 19 s 6 s 2007 ECONOMÍA 41 Un registro permite desde hoy saber si se es beneficiario de un seguro de vida Justicia pone en marcha el servicio que por 3,33 euros la consulta informará sobre dónde reclamar la indemnización S. G. MADRID. Que ningún seguro de vida se quede sin cobrar Con este objetivo, la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, pone a disposición de los ciudadanos a partir de hoy un registro en el que figurarán los seguros de vida contratados en España. El registro permitirá, a quien tenga interés legítimo, conocer si es beneficiario de un seguro de vida mediante un certificado. El documento informará, si existiera el derecho, de la compañía aseguradora a la que el beneficiario deberá dirigirse para reclamar la indemnización. El certificado, que tendrá un coste para el solicitante de 3,33 euros, podrá pedirse transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento del asegurado por cualquier persona con interés legítimo que presente la solicitud, adjunte el certificado de defunción y pague la tasa señalada en cualquier entidad bancaria. Tras el pago de la tasa, habrá que presentar el impreso con la solicitud en el Registro General de Actos de Última Voluntad o en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia. Si la petición se hace personalmente, la entrega del certificado se efectuará en el acto, mientras que si se solicita por correo, se recibirá en el plazo de siete días hábiles. El impreso para solicitar el certificado puede encontrarse en las 22 gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en los registros civiles de toda España y a través de internet. Estos certificados también pueden solicitarse por medio de los notarios ya que se ha establecido una conexión telemática con las oficinas notariales. La puesta en marcha del proyecto ha necesitado una inversión cercana al millón de euros, por parte del Ministerio de Justicia, que ha destinado también a nueve personas al nuevo servicio, en el que han trabajado, además de la propia Dirección General de Registros y Notariado, la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, la Unión Española de Entidades Aseguradores y Reaseguradoras (Unespa) la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado. Hasta ayer, fecha límite para que las compañías aseguradoras informaran de sus contratos, el registro contenía los datos de casi 50 millones de pólizas, procedentes de 201 compañías del sector. El registro se completará en un año, ya que la ley concede ese plazo extra a las empresas para que se comuniquen los datos de seguros de tarjetas de crédito. A partir de hoy, la dependencia incluirá también los datos correspondientes a los seguros de vida y accidentes firmados desde el 19 de junio de 2007, al Yolanda Gómez ASPIRACIONES CATALANAS A Casi 50 millones de pólizas Pilar Blanco, en la presentación del Registro margen de los contratos de tarjeta de crédito. Unespa, que representa a más del 90 del mercado asegurador español, cifra en unas 350 las compañías de seguros que operan en el territorio nacional, aunque muchas están exentas de la obligación de volcar sus datos en el nuevo registro porque entre los productos que ofrecen no figuran los seguros de vida. Para dar a conocer el nuevo servicio, Justicia ha desrrollado una campaña informativa por internet, pósteres y trípticos, que bajo el eslogan Su de- ABC En cualquier banco Más de 300 compañías El certificado podrá pedirse transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento del asegurado recho es saber lo que es suyo explica cuál es el procedimiento para obtener no sólo el certificado de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, sino también el de actos de última voluntad y de antecedentes penales. En la presentación del proyecto a la prensa, la directora general de Registros y Notarías, Pilar Blanco, aseguró que este Registro, único en el mundo, eleva el grado de transparencia y libertad de la sociedad española, informa Efe. Más información en: http: www. mju. es Trámites personales Iberia celebra un consejo clave el día 28 para reactivar su venta A. POLO MADRID. El consejo de administración de Iberia que se celebra el próximo jueves 28 puede ser crucial para impulsar el proceso de venta de la aerolínea. Si ese día el consejo acuerda suministrar información de todo tipo al consorcio liderado por Texas Pacific Group (TPG) y British Airways, el resto de potenciales oferentes moverá ficha y el intercambio de accionistas del núcleo estable podría estar concluido este mismo año. Según fuentes implicadas en la venta de la aerolínea, si el máximo órgano ejecutivo de Iberia opta por retrasar sine die su decisión, el escenario cambiará sustancialmente por la llegada de las vacaciones estivales, de forma que el proceso abriría una nueva ventana para 2008. Las fuentes consultadas entienden que la decisión del grupo SAS de desprenderse de Spanair no afectará a Iberia, porque son compañías con distintos perfiles. Los rumores persiguen a Iberia, protegida por la confidencialidad que a modo de tela de araña le rodea. Se sabe que Credit Suisse prosigue buscando candidatos a instancias de Caja Madrid, que Apax sigue de cerca la operación y que Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, continúa barruntando si se asocia con inversores locales. Mientras tanto la alemana Lufthansa calla y sopesa no sólo el precio, sino las dificultades que entrañaría cambiar a Iberia de OneWorld a StarAlliance. yer se cumplía un año desde la aprobación por referéndum del Estatuto de autonomía de Cataluña. Doce meses después de que esta ley orgánica recibiera el visto bueno de los ciudadanos catalanes, que mostraron un desinterés notorio por la norma, como puede deducirse de su elevada abstención, se ha avanzado más bien poco en su desarrollo, lo que, todo hay que decirlo, no me parece una mala noticia. En el ámbito económico, los políticos catalanes se quejan de que Solbes ha frenado las aspiraciones contenidas en el Estatuto. Recordemos que el texto prevé un nuevo sistema de financiación autonómica, que no sólo incluye una mayor cesión de los porcentajes de recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, sino que también define los criterios de la solidaridad de Cataluña con el resto de regiones españolas. Además, prevé la creación de una agencia tributaria propia y de un consorcio con la estatal, y garantiza un nivel mínimo de inversión del presupuesto del Estado hasta 2013. En estos compromisos económicos, lo cierto es que hasta el momento poco se ha avanzado. El vicepresidente Solbes se las ingenió el año pasado para incluir en los Presupuestos de 2007 una cifra de inversión en Cataluña que cumpliera la comprometida en el Estatuto. Eso sí, se necesitaba un máster para poder entender el cálculo. En cuanto al sistema de financiación autonómica, a estas alturas de la legislatura nadie duda ya de que habrá que esperar como poco al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales para ponerlo en marcha. Por último, la gestión, recaudación e inspección del IRPF y el IVA se mantiene, de momento, en manos de la agencia tributaria estatal. Y con estos datos encima de la mesa uno podría concluir que el Gobierno está toreando a los políticos catalanes, con más o menos acierto, pero cabe preguntarse hasta cuándo se podrán frenar estas aspiraciones. La semilla está echada, la ley orgánica está en vigor, y aunque somos muchos los que pensamos que el Estatuto fue un error, antes o después dará sus frutos.