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40 ECONOMÍA MARTES 19 s 6 s 2007 ABC BMP, ING y Merrill Lynch pagarán 72 millones de euros a Parmalat por no ir a juicio ABC ROMA. Los bancos Banca Monte Parma (BMP) ING Bank y Merrill Lynch llegaron ayer a un acuerdo económico con la multinacional alimentaria italiana Parlamat con el objetivo de evitar el proceso judicial iniciado a raíz de la quiebra del grupo, que entró en bancarrota en diciembre del año 2003 con un agujero de 14.000 millones. Según hizo público ayer Parlamat, BMP se ha comprometido a pagar 35 millones de euros, Merrill Lynch 29 millones e ING Bank ocho millones. La compañía italiana expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados, informa Ep. Los nuevos dirigentes del grupo acusan a estos bancos de haber ocultado su crisis, al haber falsificado los balances. Otras entidades han firmado acuerdos semejantes, informa Afp. El caso Parmalat se convirtió en uno de los escándalos más importantes de los últimos años. La investigación demostró que la empresa llevaba años al borde de la crisis. Bruselas exige a España que adapte sus leyes para luchar contra la corrupción Grecia y nuestro país son los dos únicos de la UE que no han transpuesto la normativa europea sobre este fenómeno, pese a haberse comprometido a hacerlo MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL BRUSELAS. La Comisión Europea exigió ayer a España y a Grecia que cumplan los compromisos de 2003 en materia de lucha contra la corrupción en las empresas. En concreto Bruselas recrimina a estos dos países que no hayan incorporado a sus legislaciones respectivas, cuato años después, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Justicia en julio de 2003 en la que se establecían una serie de leyes de lucha contra la corrupción, no sólo en el sector público, sino también en el privado. El comisario de Justicia e Interior, Franco Frattini, aseguró ayer que hay que combatir la corrupción en el sector privado en particular porque es perjudicial para el mercado interior, falsea la competencia e impide a las economías de los Estados miembros desarrollarse sobre unas bases sanas Esta nueva legislación anticorrupción corporativa, que funciona ya desde hace años en el resto de los países europeos, penaliza tanto al que se compromete a dar un soborno a cambio de un favor o servicio como al que está dispuesto a recibirlo, es decir, tanto la corrupción activa como la pasiva. El informe hecho público ayer por la Comisión Europea, y que será remitido al Consejo de Ministros para que evalúe la situación y tome en su caso nuevas medidas para presionar a los países para que transpongan la legislación sobre este asunto. En todo caso al tratarse de una norma comunitaria y no de una directiva, la CE no puede denunciar a los países que no cumplen ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí puede hacer la denuncia política, como ocurrió ayer. Desde el punto de vista de Frattini, dos países, Reino Unido y Bélgica, han aprobado normas claras y efectivas para luchar contra la corrupción empresarial en sus países. Respecto al resto de países hay una gran mayoría que ha transpuesto las normas pero en algunos casos no se incluyen las dos formas de corrupción empresarial, es decir, la activa y la pasiva. En materia de castigos contra este tipo de delitos la norma europea prevé penas de cárcel de hasta 3 años. Entre los países que han incluido este aspecto en sus legislaciones figuran, entre otros, Italia. Las penas de cárcel irían destinadas a las personas físicas y en el caso de las jurídicas, como las empresas, los castigos son de elevadas multas para disuadir de futuras reincidencias. Además de España y Grecia, Reino Unido ha comunicado a Bruselas que Gibraltar intenta transponer las normas tan pronto como sus plazos legislativos se lo permitan La lucha contra la corrupción en la economía no sólo preocupa en Bruselas sino que el Consejo de Europa aprobó una Convención contra la Corrpución en 1999, a la que le seguiría una norma similar en 2003 en el seno de Naciones Unidas aunque, todas estas leyes generales se quedan vacías si los países no aprueban normas concretas que penen estas actividades delictivas dentro de sus territorios. La legislación europea prevé penas de cárcel para las personas físicas y fuertes multas para las empresas