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18 ESPAÑA El oasis catalán s Los efectos del nuevo Estatuto MARTES 12 s 6 s 2007 ABC Gobierno y Generalitat pactan el traspaso de los cuerpos de notarios y registradores Cataluña se arroga las competencias del Defensor del Pueblo en favor del Síndic de Greuges y Múgica se resiste IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. El Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de la Generalitat han cerrado un calendario para el traspaso de las competencias en materia de notarías y registros que fija el próximo 30 de julio como fecha límite para que el Gobierno apruebe las modificaciones legislativas necesarias para dejar esa competencia en manos del Ejecutivo autonómico. El acuerdo, que implica la cesión a la Generalitat del control sobre los cuerpos de notarios y registradores públicos, coincide en el tiempo con la batalla entre la Generalitat y el Defensor del Pueblo por las competencias de esta institución sobre la Administración autonómica, competencias que la Generalitat niega en base al nuevo Estatuto. Unas competencias que, según el documento al que ha tenido acceso ABC, incluyen la convocatoria de oposiciones libres, restringidas y concursos de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles; supone además habilitar al Gobierno catalán para participar en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de notarios y registradores, con el fin de acreditar el conocimiento del derecho catalán deja en manos de la Generalitat establecer las demarcaciones notariales y registrales y el nombramiento de los notarios archiveros de protocolos. Este documento desarrolla, de hecho, la competencia ejecutiva en materia de notarías y registros públicos que le otorga el nuevo Estatuto, pese a que la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en esta materia. Para adaptar la legislación vigente al nuevo marco competencial el Gobierno se dio tres meses, que concluyen el 30 de julio, para presentar las propuestas de nueva regulación legislativa. Durante este periodo, una comisión paritaria integrada por seis miembros estudia esas reformas normativas. Mientras las reformas no se hagan efectivas, el Ministerio se compromete a colaborar con la Generalitat en la convocatoria de vacantes de notarías y registros para salvaguardar las nuevas competencias autonómicas. El acuerdo entre la consejera Montserrat Tura y el secre- Documento firmado por Gobierno y Generalitat, donde se sientan las bases del traspaso; a la derecha, una dura carta a Múgica tra la potestad del Defensor del Pueblo en materia de quejas sobre la Administración autonómica. La Generalitat reclama que, en cumplimiento del artículo 78 del nuevo Estatuto, que el Defensor del Pueblo se inhiba de aquellas quejas referidas a la Administración autonómica en favor del Síndic de Greuges. Sin embargo, para Enrique Múgica, que recurrió el Estatuto precisamente por la atribución de competencias exclusivas al Síndic en ese artículo 78, eso supondría dejar en inferioridad de condiciones a los ciudadanos residentes en Cataluña. Significaría, en la práctica, que el funcionamiento de la Generalitat en cuestiones tan sensibles como la lengua quedarían vedadas al Defensor del Pueblo. La batalla, abierta por Saura el pasado mayo, cuando dio orden a los departamentos de la Generalitat de no responder a las consultas del Defensor, sino trasladárselas al Síndic, ha provocado además un agrio debate entre los responsables de ambas instituciones. Un intercambio en el que Múgica insiste en mantener el actual statu quo mientras el Tribunal Constitucional no falle sobre el nuevo Estatuto, mientras el defensor catalán advierte, por contra, que es diáfana la existencia de un nuevo marco legislativo de obligado cumplimiento para todas las instituciones constitucionales y estatutarias El Defensor del Pueblo teme así perder toda competencia sobre la Generalitat, mientras el Síndic propone, además, cooperar con el Defensor en las quejas ciudadanas por actuaciones de la administración periférica del Estado. El litigio sigue abierto entre ambos responsables, mientras una y otra institución esperan el fallo del Tribunal Constitucional que arroje luz sobre la disputa competencial. Comisión paritaria ENRIQUE MÚGICA El statu quo ha proporcionado hasta ahora un servicio eficaz mantenerlo evitaría modificaciones preciptadas JOAN SAURA Defensor sin competencias Competencias en la jurisdicción voluntaria El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales se opone a la próxima reforma de la ley de jurisdicción voluntaria (testamentaría y deslinde de bienes, entre otros pleitos civiles) que dará a notarios y registradores (profesionales de pago) competencias para resolver veintitrés procedimientos hasta ahora reservados a los secretarios (justicia gratuita) En virtud de la reforma de esta ley, las decisiones que se sancionen ya no serán recurribles, por lo que se sustraerán del conocimiento de los jueces, y dependerán del criterio que marque la administración autonómica competente. Las solicitudes de información que reciban del Defensor del Pueblo las consejerías de la Generalitat serán trasladadas al Síndic tario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se produjo paralelamente a la ofensiva del consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, con-