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4 OPINIÓN LUNES 4 s 6 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA COMUNIDAD INTERNACIONAL O es la primera vez que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, se expresa en términos que contradicen los usos diplomáticos civilizados. Es más, el lenguaje irrespetuoso con los principios más elementales del derecho internacional ya se ha convertido en una constante en el comportamiento público del máximo dirigente del régimen iraní. Decir que espera con alegría la inminente destrucción de Israel es sencillamente una barbaridad que merece el mayor de los rechazos por parte de la comunidad internacional. Y si este rechazo no se produce con la misma intensidad que antes, es sencillamente porque la frecuencia de sus declaraciones extemporáneas es tan elevada que han dejado de llamar la atención, por más imprudentes que puedan ser. Sin embargo, ante comportamientos como éste es necesario reiterar que existen límites que ningún dirigente político debería estar autorizado a rebasar, por el bien de la convivencia de las naciones. De otro modo, el mundo se convertiría en una selva. ¿Quién sería ahora capaz de condenar un discurso en el que un presidente de un país reconocido pidiese abiertamente que se borre a Irán del mapa? ¿Es que en este caso el presidente de Irán va a ser el único que puede amenazar la existencia física de un país, mientras exige al mismo tiempo el derecho a construir armas nucleares con las que llevar a cabo estas amenazas? Para la comunidad internacional no hay más que una respuesta razonable: las amenazas de este tipo son intolerables y las Naciones Unidas deben actuar firmemente en consecuencia para evitar que se produzcan o para castigarlas en su caso. No por ser un Gobierno legítimo y reconocido se puede permitir que un presidente se comporte como el preboste de un Estado gamberro. Los siglos de noble historia que hay detrás de los actuales gobernantes de Teherán no merecen seguir siendo mancillados por un presidente histriónico que ignora los usos y las leyes de la convivencia internacional. No son de recibo las políticas agresivas y claramente desestabilizadoras de sus vecinos, que Irán se permite el lujo de publicitar en su alianza anti- occidental con el régimen sirio. No es posible sentarse a negociar tras un supuesto papel de víctima y mantener al mismo tiempo la amenaza expresa de utilizar las armas de destrucción masiva que se dispone a construir. La comunidad internacional ha optado por el camino de la negociación para intentar disuadir a Irán de sus descabellados planes nucleares. La humanidad no puede ver en ningún caso con buenos ojos que haya dirigentes empeñados en construir armas nucleares lo que, en consecuencia, impide que continúe el proceso que se había emprendido para eliminarlas. El presidente Ahmadineyad y sus intolerables declaraciones están acabando con la paciencia y la buena voluntad de las Naciones Unidas. IRÁN ABUSA DE N ZAPATERO NINGUNEA AL EJÉRCITO A celebración del Día de las Fuerzas Armadas tuvo este año como escenario la ciudad de León, donde más de cien mil personas asistieron al desfile de diversas unidades de los tres Ejércitos. El acto estuvo presidido por los Reyes y el Príncipe de Asturias, a quienes un año más no acompañó el presidente del Gobierno. Las razones que pueda aducir el jefe del Ejecutivo no serán, en ningún caso, más fuertes que las que hacían absolutamente indicada su presencia en León, que habría demostrado la sintonía de Rodríguez Zapatero con el protagonismo constitucional que ostentan las Fuerzas Armadas en la democracia española. Por su parte, los ciudadanos de León respondieron masivamente al homenaje a los Ejércitos españoles. Sus Majestades los Reyes y el Príncipe Don Felipe imprimieron al acto la máxima solemnidad con su presencia. Todo esto acentúa el carácter impertinente de la ausencia de Zapatero, quien parece tratar a las Fuerzas Armadas en función de su utilidad para el discurso pacifista y angelical que ha impuesto en su política exterior. Para el Ejecutivo, el Ejército sólo existe si lleva el casco azul de Naciones Unidas y se embarca en misiones que sólo admiten la calificación de humanitarias De todo esto se resiente la imagen del Ejército ante la sociedad española, al no ser políticamente reconocido en toda su dimensión constitucional e histórica, como sucede en la mayoría de las democracias europeas y anglosajonas, que ven en sus Fuerzas Armadas un argumento de cohesión nacional y de vertebración social. La ausencia de Zapatero en estas jornadas sólo consigue distorsionar la imagen del Ejército, porque es muy negativo que el poder político no respalde al estamento militar en estos actos de identificación con la sociedad. Sin embargo, la trayectoria política del Gobierno no hace insólita esta actitud de Zapatero, que ha tomado decisiones en materia de política internacional y nacional muy equívocas sobre el papel del Ejército. En este sentido se enmarcan decisiones como la negativa a ampliar el contingen- L te español en Afganistán o la contumaz resistencia a asumir que nuestras tropas en este país o en Líbano corren riesgos muy graves, porque son zonas de conflicto militar. La huida a la carrera de Irak no fue menos dañina para el prestigio de España en las operaciones aliadas de seguridad. Pero no sólo en el ámbito exterior el Gobierno ha tratado torpemente la imagen de las tropas españolas. También en la política nacional se constata el fracaso de la profesionalización del Ejército- -resultado que ya venía cuajándose desde la anterior legislatura- a duras penas compensado con la incorporación creciente de soldados iberoamericanos, sin que la supresión del servicio militar obligatorio se haya visto integrada con medidas de inserción social de las Fuerzas Armadas que atrajeran el interés profesional de los jóvenes españoles. La polémica sobre las retribuciones salariales es también otro factor de malestar en el Ejército, que se suma, en definitiva, a una falta de política de defensa combinada con una adecuada difusión pedagógica del papel de las Fuerzas Armadas, más allá del edulcorado escenario que propicia el casco azul y la ineficiente ONU. Tanto más lamentable es esta situación, cuanto más se comprueba el excelente trabajo que realizan los oficiales y soldados españoles allá donde son enviados para misiones de pacificación y seguridad. Nuestras tropas cumplen ejemplarmente sus cometidos hasta donde se lo permiten las instrucciones políticas del Gobierno, y pueden enorgullecerse de no haberse visto involucradas en episodios de violación de derechos humanos, como ha sido frecuente en algunas misiones de Naciones Unidas. La capacidad mediadora de los mandos con la población civil ha sido decisiva en lugares como Bosnia, e incluso Irak, durante el tiempo en que permanecieron realizando tareas de apoyo al Gobierno interino de Bagdag. No cabe duda de que el Ejército merece un reconocimiento que el Gobierno esconde entre eufemismos y prejuicios. DEMASIADAS MUJERES MUERTAS UEVE mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en menos de una semana, y suman ya 33 en lo que va de año. Si a esta cifra unimos la investigación en marcha de otras cinco muertes más, presumiblemente incardinadas en la violencia de género el balance resulta alarmante cuando 2007 ni siquiera ha llegado a la mitad. Lejos de disminuir, la cifra de mujeres muertas crece y, lamentablemente, hay riesgo de que se instale en la sociedad la extraña sensación de que esta clase de homicidios son un elemento más del paisaje contra el que poco se puede hacer. Los poderes públicos han de rectificar. No basta sólo con legislar. Tristemente, la experiencia está demostrando que de muy poco sirven los observatorios de violencia doméstica, el control de las órdenes de alejamiento, las facilidades de denuncia, las reformas de varias normas para crear una ley integral, el endurecimiento de las penas, el fomento de las políticas de igualdad, el acceso a rentas de inserción o las campañas de concienciación social. El día a día demuestra que la utilidad teórica de estos instrumentos es escasa en la práctica. Hay que preguntarse entonces qué no funciona realmente: ¿son insuficientes o falla la eficacia en su aplicación? La primera lección que debe aprender el Gobierno es que esta lacra no se combate con demagogia porque hay vidas en juego. El último caso, una mujer acuchillada por su pareja después de pedir protección a la justicia (le fue denegada porque, según el Tribunal Superior vasco, ella retiró las denuncias) N pone de manifiesto que el mensaje de tolerancia cero que con tanta vehemencia proclamó el Ejecutivo adopta demasiadas veces un sentido más propagandístico que real. Una segunda lección: para dar vida a las leyes hay que dotarlas de los medios humanos y materiales necesarios y de una financiación solvente. Claramente, el Gobierno- -también las autonomías- -no han dedicado un mínimo de medios para una gestión eficiente en Juzgados, comisarías o servicios sociales. Y a estas alturas de la legislatura, tan preocupante como la estadística es la nula reacción del Gobierno. La falta de corrección del rumbo revela que el Ejecutivo es preso, una vez más, de la ligereza con la quese maneja en asuntos de enorme gravedad. Plantear ahora medidas como una reforma penal que obligue a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores es una solución parcial que quizás garantice más condenas en los Juzgados, pero probablemente repercutirá, a la larga, en menos denuncias. El miedo de las mujeres no se resuelve sólo con buenas palabras, por contundentes que sean, sino con una protección eficaz y con un seguimiento policial y judicial idóneo de cada caso. Invirtiendo en seguridad. Crear una ley y no dotarla de medios es tanto como no aprobarla. Lógicamente, es imposible impedir todos los homicidios y está claro que sólo son culpables quienes los cometen. El Gobierno ya sabe que combatirlos no es fácil, pero precisamentepor eso debería dedicar menos empeño en vanagloriarse de leyes sociales y proyectos estrella y más esfuerzo en que funcionen.