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32 ESPAÑA VIERNES 1 s 6 s 2007 ABC Siete detenidos, entre ellos un director de banco, por un alijo de 837 kilos de cocaína ABC VALENCIA. La Policía Nacional desarticuló en Valencia una organización dedicada a la introducción y posterior distribución de importantes cantidades de cocaína en España, así como al blanqueo del dinero procedente de su actividad ilícita. La Policía detuvo a siete personas, entre ellas al director de una sucursal bancaria, y se incautó de 837 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de piñas dentro de un contenedor en el puerto de Valencia, informa Ep. El valor de la sustancia estupefaciente ascendería en el mercado negro a casi cincuenta y dos millones de euros. Hasta el momento han sido detenidas siete personas de nacionalidad española en Madrid, Valencia, Cuenca y Huelva. También se han practicado seis registros domiciliarios, en los que se han intervenido, entre otros efectos, 65.000 euros en efectivo, una pistola, un rifle y diversa munición. La operación, denominada Florín- Augusto ha sido realizada por agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Cádiz, en colaboración con las Unidades de Droga y Crimen Organizado de Madrid y Valencia, las Comisarías Provinciales de Huelva y Cuenca, y el Servicio de Vigilancia Aduanera. La investigación se inició en mayo de 2006 como consecuencia del análisis de las actividades de una sociedad, con sede en Aldaya (Valencia) dedicada a la importación de fruta procedente de Panamá a través de contenedores. Los agentes averiguaron que los responsables de la empresa, contando con el apoyo y colaboración del director de una sucursal bancaria de Burjassot, realizaban importantes transacciones de dinero a Colombia. Utilizaban los canales propios de las organizaciones implicadas en el blanqueo de dinero. El pasado mes de abril, el presunto jefe de la organización desmantelada, A. E. L. G. se desplazó a Medellín para preparar y coordinar un envío de sustancia estupefaciente a España. Regresó a nuestro país el día 10 de mayo a fin de controlar él mismo la llegada de la mercancía. Los agentes detectaron la llegada al puerto de Valencia de dos contenedores cargados de piña, y cuyo destinatario era la empresa investigada. Imagen del enfrentamiento entre la Policía y los mariscadores ocurrido el pasado miércoles en Ferrol EFE Vecinos de Ferrol preparan una protesta masiva contra la planta de Reganosa IU anuncia que la coalición en la ciudad peligra si el alcaldable socialista no condena la carga policial del miércoles contra los mariscadores ÉRIKA MONTAÑÉS FERROL. Lo han bautizado como la bomba flotante El Mourard Didouche -metanero construido hace 28 años y que el pasado martes abasteció a la planta que Reganosa tiene en Mugardos (La Coruña) con los más de 55.000 toneladas de gas natural licuado que portaba en sus bodegas- -representa la menor de las amenazas para los mariscadores, ecologistas y asociaciones vecinales de Ferrol, que han declarado la guerra a la factoría gasificadora. Pero a la defensa del ecosistema marisquero de la ría ferrolana y de la salubridad ambiental de la zona se han unido, como ya ocurriera a comienzos de mayo, los enfrentamientos con la Policía. Así, ordenada por la Delegación del Gobierno en Galicia, la noche del pasado miércoles se produjo, frente a los Juzgados de Ferrol, una violenta carga de la Policía contra los mariscadores. El Comité de Emergencia de la Ría y miembros de la Cofradía marisquera de Ferrol se habían apostado en las puertas de la corte, tras un recorrido por las calles de la ciudad, para reclamar la libertad del patrón mayor, Bernardo Bastida, que se encuentra retenido en la prisión de Teixeiro acusado de desobediencia grave y desórdenes públicos al tratar de impedir, el pasado martes, la entrada en la ría del gigantesco metanero. Las pelotas de goma volaron y los heridos entre los mariscadores fueron muchos. Ayer había pocos que no recordasen la carga policial ocurrida de madrugada. Sin embargo, reunidos en asamblea, los mariscadores y miembros del Comité de Emergencia decidieron aplazar la concentración masiva hasta el próximo domingo para intentar recabar el apoyo de las corporaciones locales afectadas por la ubicación de la planta de Reganosa. Así, ayer comenzaron por Ferrol, reunión de la que se ausentó el candidato socialista a gobernar la ciudad, Vicente Irisarri (si consolida el pacto anunciado con la lista de IU y la nacionalista del BNG) Hoy se entrevistarán con representantes de los ayuntamientos de Fene, Neda y Narón. Los mariscadores reclaman apoyo para la liberación de Bastida- Bastida somos todos dice el Comité en defensa de la ría, que añade que son más de 300 a los que deberían apresar y no sólo a la cabeza visible- -y también sumar firmas para exigir ceses por las órdenes dadas a las fuerzas antidisturbios en contra de los vecinos, empezando por el delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras. Pero también recogen firmas para solicitar los ceses del responsable que firmó en el área de Industria de La Coruña el acta de puesta en funcionamiento de Reganosa en fase de operaciones, Francisco Barroso; del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Amable Dopico; y del capitán marítimo en Ferrol, Jorge Cao. Hasta el momento ya han recogido casi 2.000 firmas. Tras la reunión de ayer en Ferrol, la candidata de IU, Yolanda Díaz, condicionó la futura coalición del Gobierno municipal a que el PSOE condene la carga policial y depure las responsabilidades oportunas por los incidentes. En cambio, Irisarri lamentó el error de Díaz de supeditar alianzas de gobierno a una problemática puntual dentro de la vida ciudadana informa Ep. No opinan lo mismo los más de 60 colectivos a los que la ubicación de Reganosa en la ría ferrolana les despierta gran inquietud. Sus motivos: la gasificadora no cuenta con un plan de emergencia exterior que garantice la seguridad de la población ante cualquier posible contingencia, y no tienen avales de que la factoría no perjudicará el ecosistema y su fuente de ingresos, el marisqueo. Procedente de Panamá El candidato del PSOE no acude Los mariscadores piden el cese del delegado del Gobierno por ordenar la carga policial cuando exigían la liberación del patrón mayor