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ABC DOMINGO 27 s 5 s 2007 ECONOMÍAyNEGOCIOS 53 La morosidad afecta al 68 de las empresas españolas El 43 de las facturas se pagan con retraso y en el 62 de los casos el deudor no paga, sencillamente porque no quiere. Parece que la ley contra la morosidad no termina de convencer a muchos empresarios LAURA PERAITA MADRID. El pasado mes de diciembre se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley 3 2004 que se suponía iba a dotar de mayor tranquilidad a los empresarios que sufren la morosidad en sus operaciones comerciales. Sin embargo, el panorama no parece haber cambiado mucho desde entonces y España sigue ocupando uno de los primeros puestos del ranking europeo- -concretamente el cuarto, después de Grecia, Portugal e Italia- -de demoras en los cobros en sectores esenciales como son la alimentación y la construcción. En el sector alimentario los proveedores soportan plazos medios de cobro que alcanzan los cien días, mientras que los fabricantes de materiales de construcción, contratistas y subcontratistas alcanzan plazos superiores a los doscientos días. Según un reciente estudio realizado por Pere J. Brachield, director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE) la situación aún es más grave cuando los deudores son organismos públicos y especifica que en la sanidad española ningún servicio autonómico de salud del Estado cumple con el plazo de pago de 60 días, que es obligatorio para todas las administraciones públicas. El panorama no es nada alentador y para muchas compañías, sobre todo las pequeñas, es difícil sobrevivir pero, aún así, una gran mayoría se resiste a hacer uso de los derechos que les otorga la ley en esta materia. La causa es, en primer término, el profundo desconocimiento entre las pymes del contenido de la legislación en este asunto. Sin embargo, muchas compañías que sí conocen esta normativa no hacen uso de ella por miedo a perjudicar sus estrategias comerciales y a enturbiar las relaciones con sus clientes o perderlos definitivamente y que se marchen con otros suministradores más tolerantes. El acreedor se encuentra, entonces, ante la tesitura de iniciar o no cualquier reclamación en función de las ventajas e inconvenientes que se deriven de esta actuación. Por lo general, tras un retraso de pago el proveedor agota las acciones amistosas para el cobro del crédito impagado, con el claro objetivo de mantener a su cliente y que no se marche con otros proveedores más tolerantes en los plazos. En este escenario, la ley cumple un papel de presión en las negociaciones, con lo que de alguna manera se llega a resolver o a reducir los plazos, pero en ningún momento contribuye a erradicar la morosidad, según los expertos consultados por ABC. Es más, no llega al 5 el porcentaje de empresas españolas que utiliza los instrumentos jurídicos que les facilita la ley antimorosidad. ¿Qué alternativas se plantean, ante esta situación, para solucionar el retraso o impago de las facturas? Departamento de créditos CAUSAS DE LA MOROSIDAD EN ESPAÑA En porcentaje Litigios e incidencias comerciales 3 Otras causas 3 Del cobrador del frac al dunning harassment A la humillación pública que supone que el cobrador del frac, o una persona disfrazada de la Pantera Rosa o de gallina, persiga continuamente a un acreedor por la vía pública, se añade con cada vez más fuerza el dunning harassment un sistema de cobro a morosos que utiliza la presión psicológica mediante técnicas de mobbing Llamadas telefónicas continuas y a horas intempestivas al domicilio o trabajo del deudor, presión directa contra familiares, encuentros violentos... son algunas de las prácticas más usuales. Cabe destacar que la mayoría de las empresas de recobro actúan dentro de la más estricta legalidad y resultan muy efectivas como medida para lograr el objetivo del cobro de las facturas. Más sorprendente es aún que España sea el único país del mundo en el que no existe una legislación que prohíba expresamente que las agencias de recobros utilicen estos métodos basados en el dunning harassment a pesar de que la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales, dicta en el apartado primero de su artículo 18 que se garantiza el Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen Falta de eficacia administrativa 10 Retrasos en el pago intencionales 62 ABC Fuente: CE Dificultades financieras del deudor 21 En las compañías deben tomar conciencia de la importancia de la concesión del crédito a clientes y materializar esta concienciación en la creación de un departamento de credit management -propone Pere J. Brachield- La asignación de créditos y el control del riesgo debe llevarse a cabo por el departamento de créditos, que se encargará de solicitar informes investigados de los posibles clientes, comprobar su solvencia y liquidez, asignarles un límite de crédito y realizar un seguimiento del riesgo en curso En definitiva, este departamento tiene como misión prevenir la morosidad, gestionar las cuentas por cobrar y recuperar los impagos. Asimismo- -prosigue- -es importante aumentar la juridicidad de las operaciones comerciales mediante contratos, pedidos en firme firmados, albaranes de entrega bien cumplimentados, y documentación mercantil que acredite perfectamente el derecho de cobro del proveedor. Además, las empresas deben formar a sus empleados en el campo del credit management y diseñar políticas concretas de crédito y cobro. En muchos casos, la mejor solución es contratar un seguro de crédito y caución que proteja la inversión en cuentas por cobrar En su libro Jaque a los impagados Pere J. Brachield asegura que el paso del tiempo es el peor enemigo del cobro. Apunta que, a medida que transcurren los meses, la probabilidad de que un impagado se convierta en un incobrable crece de forma exponencial. La clave del éxito es la rapidez con la que se actúa, las posibilidades de cobro son muy elevadas si se actúa antes de los tres meses de producirse el impago, pero empiezan a disminuir a medida que transcurre el tiempo y van disminuyendo progresivamente por cada mes de espera. Al cabo de los 90 días- -advierte Brachield- -desde el impago, las probabilidades de cobro se reducen drásticamente y pasado el año se ven reducidas a casi un 25