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4 OPINIÓN JUEVES 24 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EVITAR EL EXPOLIO PATRIMONIAL ARECE una nueva entrega de una conocida serie cinematográfica, pero- -por desgracia- -es una realidad que genera un grave peligro de expolio para nuestro patrimonio histórico y cultural. Las andanzas del buque Odyssey y la extraña conducta de la empresa norteamericana titular del mismo hacen crecer la sospecha de que alguien pretende hacer trampas para cazar un tesoro que no le pertenece. La Guardia Civil continúa atenta ante posibles actividades ilícitas conforme al Derecho español y a los convenios internacionales sobre patrimonio sumergido, pero no es fácil el control de unas maniobras que se realizan con material sofisticado y desafían las normas sobre mar territorial y soberanía del Estado ribereño. El caso es que los responsables del Odyssey no quieren exhibir ante las autoridades españolas el contenido de los tesoros enviados a Estados Unidos. Aunque aseguran que su actuación es perfectamente legal, esta actitud es un indicio muy significativo y exige el máximo rigor por parte del Gobierno español en el ejercicio de controles administrativos y acciones judiciales. Es cierto que el Ministerio de Cultura sigue el proceso con atención, pero no basta con declaraciones retóricas, sino que es imprescindible activar los medios jurídicos que pone a su disposición el ordenamiento interno e internacional. Por una parte, la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado para luchar contra la expoliación del patrimonio, de manera que la vigente ley de 1985 debe aplicarse con todo rigor. Por otra parte, la sensibilidad internacional hacia estos temas ha generado en los últimos años nuevos tratados que España debe utilizar a fondo para denunciar las maniobras irregulares. Hace ya tiempo que está superada la etapa del expolio patrimonial porque crece la convicción de que la memoria de las generaciones pasadas es un legado que hay que conservar y transmitir en las mejores condiciones. España es una gran potencia cultural, cuya historia hace que se hallen en nuestras costas todo tipo de pecios de muy diversas épocas. Asimismo, tanto en alta mar como en aguas pertenecientes a otros Estados hay restos de buques que ostentaban nuestro pabellón y que fueron víctimas de naufragios por accidente o por acciones bélicas. El Estado cuenta con un Museo Nacional de Arqueología Subacuática con sede en Cartagena y algunas comunidades autónomas (entre ellas, Andalucía, afectada por este caso) han puesto en marcha centros de investigación y control. Es imprescindible la máxima coordinación entre autoridades estatales y autonómicas para que la suma de esfuerzos permita alcanzar mejores resultados, con la colaboración imprescindible de Asuntos Exteriores en las negociaciones a escala internacional. España no puede convertirse en objetivo preferente de empresas sin escrúpulos, que venden luego las piezas en el mercado negro y que, con mucha frecuencia, destruyen todavía más de lo que se llevan ilegalmente. P RAJOY, ANTE EL ÁRBOL DE GUERNICA L acto que ayer celebró el Partido Popular en la Casa de Juntas de Guernica fue mucho más que un gesto simbólico hacia la tradición que representa el lugar donde los Reyes de Castilla juraban guardar los fueros de Vizcaya, como señores que eran de este territorio histórico. Lo que hizo Mariano Rajoy, junto a candidatos de su partido, fue protagonizar una necesaria y oportuna reivindicación política, nada testimonial, del régimen foral, autonómico y constitucional del País Vasco, cuya destrucción, por medio de la violencia terrorista y la intimidación, es el objetivo principal de ETA. La afirmación de un compromiso con el Estatuto de Guernica y la Constitución de 1978 es, sin duda, el mensaje más claro que podía enviar el PP a ETA de que su terror no será premiado, en lo que dependa de los populares, con la derogación de uno ni de otra. Los terroristas tienen obsesión por romper el marco político actual del País Vasco porque lo consideran particionista e ilegítimo. Quieren acabar con él porque encarna la inserción de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa en la realidad nacional de España. Repudian el estatuto de autonomía tanto como la tradición foral, uno y otra legitimados por el acuerdo constituyente de 1978. Basta que esta sea la fobia de una banda asesina para que los demócratas cierren filas en torno a ese marco institucional, arrebatando a ETA cualquier esperanza de que, de un modo u otro, se vea satisfecha su exigencia de imponer por la fuerza del miedo a los vascos- -y al resto de los españoles- -la autodeterminación y la soberanía. Por eso no es una exageración, sino un diagnóstico muy preciso, que Mariano Rajoy vincule la defensa estatutaria y constitucional con la defensa de la libertad y de la democracia. Si ETA lograra asociar al cese de su violencia la discusión de un nuevo marco político, habrá conseguido lo que se proponía y nada escapará- -ninguna libertad, ningún derecho- -a la dictadura de las pistolas. No hay que engañarse: esto es lo que los etarras buscan afanosamente, porque conseguir que se acepte que el Esta- E tuto de Guernica está superado y que no sirve para ordenar la convivencia de los vascos es la manera de reconocer, como quieren los etarras, que en esta comunidad el único conflicto existente no es el terrorismo sino uno de naturaleza política que habría de resolverse removiendo las bases del consenso constitucional y estatutario. ETA lo está exigiendo en todos sus comunicados, pero lo grave no es que los etarras lo pidan, sino que el PSOE haya aceptado que, en efecto, hay un conflicto político que requiere cambiar el Estatuto e, incluso, las bases constitucionales de la autonomía vasca. Los socialistas lo han reconocido en numerosas ocasiones y, sobre todo, desde que la dirección del PSE aceptó las dos mesas de negociación que exigió ETA, a través de Batasuna, en el Velódromo de Anoeta. Pero también lo aceptó el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el 29 de junio de 2006 anunció el inicio del diálogo con ETA, incluyendo un amplio acuerdo político en el País Vasco, como apartado de la agenda que inauguraba la falsa tregua de los etarras. Amplio acuerdo político que, puesto en relación con un diálogo con ETA, sólo puede consistir en negociar la progresiva desconstitucionalización del País Vasco. El PP también ha dejado claro que no se siente vinculado a ninguno de los pactos que haya podido suscribir el Gobierno socialista con la banda terrorista. A los terroristas de ETA les daña especialmente que el sistema democrático no flaquee, que las instituciones a las que ataca se mantengan firmes y unidas, que los demócratas no ofrezcan fisuras. Y en la misma medida, le beneficia que el Gobierno genere inseguridad e incertidumbre sobre la continuidad del Estatuto de Guernica y de las reglas constitucionales de la autonomía del País Vasco y del régimen foral de los tres territorios históricos. Por eso, Mariano Rajoy y el Partido Popular en el País Vasco han acertado plenamente al llevar a esta campaña electoral en la comunidad vasca su compromiso con el Estatuto de Guernica, el régimen foral y la Constitución de 1978. CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A economía española creció en el primer trimestre de este año un 4,1 por cientoen tasainteranual, lamayor cifra desde el tercer trimestre de 2001. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, este repunte se debe a una mejora en el sector exterior, con una menor aportación negativa al crecimiento del PIB, y a una todavía fuerte demanda nacional en la que se aprecia una caída del consumo, una menor aportación de la construcción y un repunte significativo de la inversión, especialmente en bienes de equipo. La mejoría en estos indicadores apunta a un crecimiento económico más equilibrado, con una paulatina pérdida de peso de la construcción y del consumo como motores de la economía, y su relevo por el sector exterior y por la inversión empresarial. Parece que esta tendencia continuará en los próximos trimestres, con una desaceleración suave del boom inmobiliario y nuevos recortes en el consumo, hasta ahora principales impulsores de la economía. También parece que continuará elcrecimientodelPIB en torno aun puntopor encima de la media de la UE, aunque con cifras inferiores a las registradas en elprimer trimestrey que, según el FondoMonetario Internacional, rondaría el 3,6 por ciento para todo el año. Son cifras que parecen alargar este largo ciclo de más de diez años dealto crecimiento económico, a pesardelanulaoescasa acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero para consoli- L dar un futuro crecimiento sostenido y más equilibrado. Sorprendelapersistenteausenciademedidas de política económica que consoliden estas altas tasas de crecimiento y que sirvan para corregir las sombras que amenazan la continuidad de este ritmo de creación de riqueza. Sombras como la pérdida de competitividad y de productividad que debilitan las exportaciones y mantienen un altísimo déficit exterior; o las escasas reformas en algunos sectores con baja competencia que deberían servir además para controlar la inflación; o un mayor esfuerzoinversor en I+ D +i, en formacióneinfraestructuras, claves de una futura competitividad de nuestros productos y servicios. Tampoco se acompaña esta bonanza en la economía con acciones deapoyo alas iniciativas empresariales, o ala creciente presencia de empresas españolas en otros mercados, o con una nueva profundización en reformas fiscales. Por el contrario, el Gobierno se empeña en arruinar la imagen de España como un mercado abierto basado en reglas claras eigualitarias con actitudes intervencionistas y trasnochadas y con negativas interferencias en las libres decisiones empresariales. Aún están muy recientes episodios como las opas sobre Endesa o la crisis de la CNMV que restan crédito a los mercados españoles y que pueden mermar significativamente la inversión extranjera en nuestro país, componente esencial del desarrollo económico español de las últimas décadas.