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ABC MIÉRCOLES 23 s 5 s 2007 LA HORA DE LA VERDAD DEL 11- M LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ESPAÑA 25 Las acusaciones estudian retirar la responsabilidad civil del Estado Ahora se inclinan por pedirla por vía administrativa s Un pronunciamiento penal podría cerrar la puerta a la otra jurisdicción, como en el caso Hipercor NATI VILLANUEVA MADRID. Las dos acusaciones que solicitaban en sus escritos de calificación provisional la responsabilidad civil del Estado por los atentados del 11- M, la popular de Ayuda a las Víctimas (la del letrado José María de Pablo, responsabilidad civil subsidiaria) y la particular que ejerce Gonzalo Boyé (directa) podrían renunciar a ellas en sus conclusiones definitivas reservándose las acciones oportunas para la vía contencioso- administrativa. Esta decisión posibilitaría el cobro de indemnizaciones que no recoge la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, como los daños morales derivados de los atentados, con independencia de que, en virtud de esa misma ley, los perjudicados puedan cobrar ahora (en el procedimiento penal) las cantidades que todavía no han recibido en su condición de víctimas. Al renunciar estas acusaciones a la responsabilidad del Estado, el tribunal no tendría que pronunciarse en esta instancia sobre si fallaron o no los mecanismos del Estado ni sobre si un correcto funcionamiento de la Administración podría haber evitado los atentados de los trenes. Este pronunciamiento quedaría así, en su caso, en manos de la jurisdicción contenciosoadministrativa, de forma que la sentencia penal que previsiblemente se dictará en octubre se limitaría exclusivamente a declarar la responsabilidad penal de los acusados que finalmente resulten condenados. Contra ellos se dirigiría después el Estado para solicitar, desde la posición de las víctimas (a la que quedaría subrogado) tanto las cantidades que ya se han abonado a lo largo de estos tres años como las que han quedado aplazadas hasta que se dicte sentencia. Fuentes jurídicas aseguraron que la retirada de la responsabilidad civil directa del Estado por lo que se denomina culpa in vigilando (la acusación particular que ejerce Boyé) está motivada por lealtad procesal pues no se dio traslado a la Abogacía del Estado del escrito de calificación que consideraba a la Administración responsable civil directa de los atentados. No renunciar a la responsabilidad civil directa crearía una situación de indefensión manifiesta en el Estado (su abogado habría practicado la prueba sin saber de qué se defendía) que podría dar lugar al planteamiento de una cuestión de nulidad con los daños procesales que ello acarrearía (repetición del juicio) Por el contrario, en el caso de Ayuda a las Víctimas, acusación que solicita la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, su renuncia no se podría interpretar más que como un favor al resto de las acusaciones personadas en su reserva de acciones para la vía contenciosoadministrativa, pues se podría dar el caso de que un pronunciamiento penal podría cerrar la puerta a la otra jurisdicción, como pasó en la sentencia de la matanza de Hipercor (no se consideró al Estado responsable y posteriormente la jurisdicción contencioso- adminis- trativa no se pronunció alegando que ya había resolución firme al respecto) Uno de los principales problemas que plantea la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo es que no prevé indemnizaciones por daños morales. A modo de ejemplo, sólo la Asociación 11- M Afectados de Terrorismo (la que preside Pilar Manjón) tiene contabilizadas 23 personas en esa situación. En este sentido, la jurisdicción contencioso- administrativa sí prevé este cobro, al igual que el que se deriva del pago de honorarios a los abogados de las víctimas. Con independencia de la responsabilidad civil del Estado, que si nada cambia en el último momento se dirimiría ahora en la jurisdicción contencioso- administrativa, la sentencia penal que absuelva o condene a los acusados no cierra la puerta a la posibilidad de que de este pleito puedan desgajarse otras causas penales (prevaricación, cohecho, falso testimonio u obstrucción a la Justicia, por ejemplo) contra la Administración del Estado, ya sean cargos políticos o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras causas penales No habrá pronunciamiento El abogado del Estado no conoció el escrito de la parte que pedía la responsabilidad directa de la Administración