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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 23 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro JUSTICIA Y ALARMA SOCIAL LA JUNTA ELECTORAL DEBE INTERVENIR L Partido Popular ha denunciado que el macrobotellón convocado en Granada a partir de la madrugada del viernes al sábado, es decir, en la jornada de reflexión, es una iniciativa del PSOE. La denuncia no es gratuita- -y se teme en la sede popular que algo similar se esté preparando en Madrid- porque se ha comprobado notarialmente que la convocatoria fue introducida en una página del PP desde una dirección de internet que está registrada a nombre de los socialistas. Aunque el PSOE ha rechazado su responsabilidad por esta iniciativa, no se puede negar lo evidente y su obligación es aclarar quién ha hecho la convocatoria, porque, para más señas, el ordenador empleado está localizado en la sede regional del PSOE. Nadie ha dicho que se trate de una decisión tomada por la dirección de este partido, en cualquiera de sus niveles, por lo que no tiene sentido que la respuesta de los socialistas andaluces sea cargar contra el PP, al que atribuyen, siendo suya la responsabilidad de la convocatoria, la campaña más sucia de la historia Si el PSOE cree que la denuncia es falsa, debe acudir a los tribunales para defenderse. Y si no acude a los tribunales, debe asumir su responsabilidad, porque lo que se ha hecho desde uno de sus ordenadores es un clara incitación a violar la jornada electoral con la intención de perjudicar al candidato del PP a la alcaldía de Granada, José Torres Hurtado. Después de la agitación antidemocrática que se vivió el 13 de marzo de 2004, no se pueden tolerar más vulneraciones de la legalidad electoral. Las correspondientes Juntas Electorales deben permanecer alertas. A lo largo de esta campaña, y aparte del acoso que practica la izquierda proetarra, las sedes del Partido Popular han sido nuevamente objeto de ataques y amenazas, como en anteriores comicios. Por tanto, no hay nada casual ni aislado en convocar un macro botellón en Granada contra el candidato popular, como no lo fueron los incidentes en las sedes populares E el 13- M. Se trata de mantener un estado de crispación en torno al PP, que desde el PSOE se alimenta tanto con la acusación de que este partido es la derecha más radical y extrema de toda Europa y como con la ausencia de condenas explícitas a los ataques que sufren los candidatos populares. Es indudable que el PSOE teme verse desfavorecido por la abstención que se pueda producir el próximo domingo y parece convencido de que la única manera de combatirla es azuzar dialécticamente un estado de enfrentamiento que movilice a los votantes más radicales y repita la estrategia empleada en la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2004. No hay por qué sorprenderse de que algunos destinatarios de ese mensaje se crean legitimados para agredir a un partido tachado de ultraderecha. Sea cual sea la rentabilidad electoral que pueda obtener el PSOE de episodios como los del macrobotellón no cabe duda de que la violencia verbal y física contra el PP se ha convertido en una degradación de la legítima disputa entre los partidos, lo que amenaza a la integridad misma del sistema democrático, pues lo que se está quebrando es la vigencia de unas reglas de juego sin las cuales la captación del voto queda sumida en la ley de la selva. Los únicos actos de violencia e intimidación que se producen en campaña desde 2003 están protagonizados por sectores de la izquierda y del nacionalismo radical. Las alarmas ante la derecha extrema son, por tanto, un ejercicio de cinismo por parte del PSOE, que no duda, cuando le conviene, en apoyarse electoral y políticamente en lo más extremista de cada comunidad, y en tratar con más benevolencia a Batasuna que al PP. Los socialistas parecen ignorar que la responsabilidad de todo partido es repudiar cualquier acto ilegal que restrinja las libertades políticas, sean las suyas o las de sus contrincantes. El fin nunca justifica los medios. Ganar al PP no justifica que todo valga contra este partido. LOS PROETARRAS SE ENVALENTONAN A primera consecuencia de la laxitud demostrada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado al haber consentido la concurrencia de ANV a las elecciones del domingo se ha producido antes, incluso, de abrir las urnas. Independientemente de la representación que estas listas lleguen a conseguir en Ayuntamientos y Diputaciones, el dato objetivo es que sus simpatizantes han recobrado el protagonismo que la correcta y decidida aplicación de la Ley de Partidos les había hecho perder antes de la llegada al poder de Rodríguez Zapatero. Ahora, cuando nadie salvo el Gobierno duda de que los batasunos han asumido la marca ANV como soporte para acceder de nuevo a las mismas instituciones de las que ya habían sido expulsados con justicia en 2003, vuelven a hacer lo único que saben: salir a la calle para amenazar, amedrentar, coaccionar y provocar. Su envalentonamiento es evidente después de que se les haya consentido mofarse de los instrumentos que el Estado de Derecho tiene contra quienes, todavía hoy, siguen justificando a ETA. El asalto ayer al Ayuntamiento de San Sebastián, cuando unos cuarenta proetarras interrumpieron el pleno municipal al grito de pucherazo y de elecciones ilegítimas no es un síntoma de lo que pueda estar por venir. Es una confirmación de lo que ya ha retornado y de cómo este Gobierno ha decidido de manera irreversible hipotecar la dignidad de la soberanía popular a cambio de mantener a cual- L quier precio su frustrante proceso de paz En los últimos días, cargos públicos del PP del PSE, del PNV incluso el mi, nistro de Justicia, están comprobando cómo miembros de la izquierda abertzale revientan sus actos, les insultan y les zarandean; cómo en Andoain aparecen en plena calle carteles con los números de teléfono y las direcciones de candidatos no nacionalistas; cómo emplazan a sus bases, con su habitual prepotencia, a presentarse ante las urnas con un documento ilegal como el DNI vasco o cómo exigen en tono amenazante el recuento de todos los votos no válidos en las localidades con listas abertzales suspendidas. Son testigos, en definitiva, de episodios muy previsibles a la vista de la incompetencia y la ligereza demostradas por la Fiscalía en la impugnación de esas listas. ¿Acaso son estos los esfuerzos que, según el fiscal general del Estado, está haciendo el mundo de ETA para la paz? ANV no sólo se está erigiendo en protagonista de sus propios actos de campaña. Los radicales también están hurtando el protagonismo a los demás partidos con actitudes mafiosas. Es indudable que a los batasunos nunca les será suficiente la obsequiosidad del Gobierno, tan reincidente en sus errores sobre el proceso como constante en sus engaños a la opinión pública. Por eso, a estas alturas, ya sólo cabe lamentar que los errores de Zapatero se hayan convertido en el catalizador de la violenta campaña de los proetarras. A opinión pública recibe entre el estupor y la indignación la advertencia de la Generalitat catalana sobre la puesta en libertad de un agresor sexual de diecisiete niñas que no se ha rehabilitado. El llamado segundo violador del barrio barcelonés del Ensanche fue condenado en 1992 a 55 años de prisión, de los cuales ha cumplido 16 en aplicación del Código Penal anterior y cuenta con antecedentes que son fiel reflejo de su peligrosidad, entre ellos, la condición acreditada de autor de cinco violaciones. Más grave todavía es que la administración reconozca el riesgo de reincidencia, ya que los programas de rehabilitación no han funcionado eficazmente y, de hecho, no había obtenido ningún permiso durante su etapa en prisión. En todo caso, ahora está en libertad con la condena cumplida de acuerdo con la normativa sobre la sucesión de las leyes penales en el tiempo. Tal vez no cabe hacer ningún reproche técnico a esta decisión, aunque es notorio el incumplimiento del precepto constitucional, según el cual las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Sin embargo, más allá de la letra del Código Penal, se trata de un hecho que crea una fuerte alarma social y resulta incomprensible desde el punto de vista del sentido común. Por eso, no basta con afirmar que no hay nada ilegal en este caso, como dice la consejera de Justicia, porque sólo faltaría que estuviera en libertad incumpliendo las normas. En rigor, lo más grave es que el Estado de Derecho carezca de remedios eficaces para solventar las consecuencias injustas de una aplicación literal y mecánica de la ley. Tendría que existir una fórmula para adoptar, siempre con plenas garantías judiciales, las medidas necesarias que impidan un resultado manifiestamente contrario a la convivencia social. Si el Derecho vigente conduce a estas consecuencias, es evidente que debe ser modificado. Advertir a la población sobre los riesgos de este personaje es algo así como una llamada a la autotutela frente a un agresor eventual, rompiendo la regla elemental según la cual el poder público ostenta el monopolio de la coacción física legítima. Mientras los penalistas estudian y proponen soluciones, los políticos deben expresar sin rodeos su compromiso de que este tipo de casos no se vuelvan a repetir. Por su parte, las fuerzas de seguridad tendrán que utilizar todos los medios que les otorga el ordenamiento jurídico para controlar la conducta de un sujeto que en ningún caso debería estar en la calle. Se trata, además, de un tipo de delitos particularmente odiosos, por lo cual si se produjera una reincidencia del agresor sexual sería difícil contener la indignación de la sociedad por muchos argumentos formalistas que se utilicen. En definitiva, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, el Estado de derecho consiste en trasladar el sentido común a la práctica jurídica cotidiana. L