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24 ELECCIONES 27 M ESPAÑA EL CASO MALAYA ENTRA EN CAMPAÑA LUNES 21 s 5 s 2007 ABC Juan Antonio Roca asegura tener información que implicaría a responsables de la Junta de Andalucía GONZÁLEZ MOLERO Juan Antonio Roca envía mensajeros a la Junta para cambiar la impunidad por su silencio El cerebro de la Malaya advierte que dará nombres de altos cargos y cifras si no se resuelve pronto su situación JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El cerebro de la operación Malaya Juan Antonio Roca, actualmente en la prisión de Albolote (Granada) ha enviado mensajeros a la Junta de Andalucía para cambiar la impunidad por su silencio, según han señalado a ABC fuentes de toda solvencia. El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, que fue detenido por la Policía a finales de marzo del pasado año, hace ahora catorce meses, advierte que dará nombres de altos cargos y las cifras que los comprometen si no se resuelve su situación procesal. Las mismas fuentes aseguran que a lo largo de las últimas semanas se han producido varias reuniones en Marbella y Sevilla entre personas vinculadas con el mundo de la construcción, algunas de ellas abogados, y el Gobierno autonómico. Las personas que han intervenido en las negociaciones por parte del ex asesor urbanístico han puesto encima de la mesa las relaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella en el ámbito político durante los últimos quince años y los beneficios que obtuvieron relevantes personalidades próximas al Ejecutivo andaluz. En este periodo, la Junta ha mirado para otro lado, según han denunciado algunos de los imputados de la trama de corrupción. El juez investiga sólo desde 2002 hasta 2006. La ex primer teniente alcalde del Ayuntamiento marbellí Isabel García Marcos reconoció haber denunciado a altos cargos de la Junta y a algunos de sus ex compañeros de partido por corrupción en relación con lo que sucedía en la localidad costasoleña. Otro implicado en la Malaya Rafael Calleja, ex concejal de Urbanismo, declaró ante el instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que se reunió con personas del entorno del presidente de la Junta, Manuel Chaves, y del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para negociar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) También reconoció haber mantenido una entrevista en una capital andaluza con el ex consejero de Economía Jaime Montaner para desbloquear el plan urbanístico de la ciudad malagueña. Montaner, por su parte, señaló que ha actuado siempre bajo el dictado de la ley, no sólo en Marbella, sino en todas las localidades donde ha presentado sus proyectos, al tiempo que lamentó que cada vez que hay un rifirrafe entre un Ayuntamiento andaluz y la Junta vinculen su nombre con la corrupción. Tras su salida del Gobierno andaluz, el ex consejero socialista montó un estudio de arquitectura, donde trabajan más de una docena de profesionales. Las incógnitas El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya asegura en el sumario que no ha identificado todavía una docena de siglas que aparecen en las anotaciones de Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de la localidad y cerebro de la trama. Según las investigaciones realizadas hasta el momento, Roca entregó más de un millón de euros a esa docena de personas, cuya identidad aún desconoce la Policía, el juez y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. De hecho, todavía se trabaja en ese sentido. El tinglado El sumario de la Malaya revela igualmente que algunos imputados investigados por la Policía se jactaban de sus contactos privilegiados en la Junta y citaban expresamente en las conversaciones grabadas al candidato del PSOE a la Alcaldía de Marbella, Paulino Plata, El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha negado que la administración autonómica se haya beneficiado de operaciones urbanísticas irregulares dentro del tinglado que hay organizado El juez del caso Malaya recuerda en uno de sus autos que levantó más polémica que después de todas las vicisitudes ocurridas en el Urbanismo en Marbella, de todos los procedimientos penales y civiles, la misma responsabilidad tienen los imputados como la Junta de Andalucía en la firma de un convenio (PGOU) suscrito en 2004, de forma que la Junta sería a la vez responsable y perjudicada por el citado convenio El magistrado consideró además en ese auto que la Junta de Andalucía no resultó perjudicada en su relación con el Ayuntamiento, ya que su posición se asemeja mas a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta y que se dicen vulneradas Para Torres, la Junta no ha resultado perjudicada en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima a la de responsable civil e incluso con una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe