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ABC ELECCIONES 27 M DOMINGO 20 s 5 s 2007 ANÁLISIS ESPAÑA 25 Conde- Pumpido, progresismo y política El fiscal general del Estado se ha convertido en un personaje controvertido: sus cambios de posición en el caso de los beneficios penitenciarios a De Juana son sorprendentes que no gustan, sin reparar en que se ajustan a las exigencias de la ley o a los requisitos procesales. Pero la defensa de la legalidad en asuntos de tanta trascendencia debería quizá revestir un ropaje distinto de la discusión teórica sobre el Derecho. Lo que el fiscal general debe defender es la Ley y, sin vulnerar su conciencia, una concepción de la misma más templada que la de sus convicciones. No se trata de convertirle dialécticamente en un servidor del poder, sino de pedirle que su actuación esté menos influida por una particular concepción ideológica del Derecho y más atenta a los intereses generales que son más amplios que los del Gobierno y que las convicciones intelectuales de cada cual. Se podrían evitar así, por otra parte, algunos cambios que no pueden sino sorprender a la opinión pública al margen del juicio que a cada cual le merezca el fondo de los asuntos. Porque es difícil no atribuirlos a las condiciones políticas del momento o, en todo caso, a las dudas intelectuales de un estudioso de gabinete, que no es la función de los organismos del Estado. En el caso de los beneficios penitenciarios del terrorista De Juana y en los procesamientos del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, las modificaciones de la posición de la fiscalía son sorprendentes. Y no sólo para el lego en Derecho, sino también para los que, razonablemente, solicitan un poco de meditación previa- -institucional, no la propia de la discusión teórica- -y una continuada coherencia. En algunos de estos casos, la Fiscalía aduce que las actuaciones que se han modificado proceden de fiscales anteriores nombrados por otros gobiernos de ideología distinta. No se entiende bien, en este supuesto, que los cambios no procedan del origen de esta nueva situación, sino que se hagan al paso de las circunstancias políticas (que no son ni ideológicas) y, desde luego, esta argu- Germán Yanke El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de la escena política. Siempre lo han sido los que han ocupado ese puesto, pero Conde- Pumpido los ha convertido en casi pacíficos. La causa está en el hecho de que están presentes en el debate nacional algunas cuestiones que afectan a derechos fundamentales y a las bases mismas del Estado de Derecho. Lo que en tiempos más tranquilos pertenecería al consenso básico se ha convertido en materia de batalla política y el papel desempeñado por el fiscal general es visto por muchos como la actuación en los pleitos de una parte que no es la suya. Conde- Pumpido es proclive a las intervenciones públicas, a las declaraciones de urgencia y todo ese territorio es menos proclive a la precisión que las actuaciones judiciales. Su papel, en estas circunstancias, sería siempre polémico y él lo acentúa. Se ha escuchado sobre él de todo y hasta he leído que es el brazo armado del presidente para lograr un acuerdo con ETA. Yo no puedo decir que sea su amigo ni que le frecuente, pero mi discrepancia es de otra naturaleza. Conde- Pumpido asegura que sus decisiones son independientes y echa mano de su biografía para remachar que siempre ha sido así. Se diría que entiende que el Derecho no es algo unívoco que sólo admita una interpretación y que la suya- -que puede coincidir ideológicamente más con la de Zapatero que con la de Rajoy- -está en el ámbito de un progresismo que altera a la derecha. Añade que a veces se critican sus decisiones con ligereza o, en todo caso, por- EFE Carga policial de la Ertzaintza en un acto de Bermejo M. L. G. F. La Ertzaintza cargó ayer contra un grupo de proetarras que increpaban al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien acusaban de ser responsable de la anulación de listas electorales del entorno político de ETA. Fue la primera vez en esta campaña que se produjo una carga policial en un acto electoral. mentación produce una lamentable desconfianza en las instituciones. Aún más teniendo en cuenta que algunas de esas tomas de posición en el pasado contaban con el respaldo de los dos grandes partidos. Pero las disquisiciones jurídicas parecen haber quedado atrás con el tema de las listas de ANV En primer lugar, porque la decisión de la Fiscalía- -y de la Abogacía del Estado- -sobre la impugnación parcial por el criterio de contaminación es más política que otra cosa. Sólo la mudable política y sus estrategias- -los intereses políticos en vez de generales- -pueden justificar que no se haya visto ni se haya querido plantear a los tribunales la existencia de una estrategia de Batasuna para utili- Lo que el fiscal debe defender es la Ley y una concepción de la misma más templada que la de sus convicciones zar como continuación ilegal ANV Si no se quiere ver esta evi. dencia, sería como aceptar que la contaminación no forma parte de un plan de suplantación, sino de una casualidad lamentable que tiene sus efectos jurídicos. Y, abandonada ya del todo la concepción progresista del Derecho Conde- Pumpido nos sorprende con un sesgo político que no es de recibo en su trabajo. Ya se ha comentado hasta la saciedad que se tuvo que tragar sus propias palabras cuando señaló que la petición de apoyo de Batasuna a ANV podría ser esas otras circunstancias que, añadidas a la contaminación de las listas, podría iniciar un proceso de ilegalización. Llegó el apoyo, se reiteró hasta la saciedad, se constató la unidad de acción, la obediencia de ANV y... nada. Por eso queda en agua de borrajas la advertencia de que precisa pruebas y no sólo convicciones eligieron- -dice él mismo de los dirigentes de Batasuna- -un partido político ya constituido... aparecen incluso las pruebas que él mismo se fija y todo sigue igual. No contento con ello, hace alusión a interpretaciones de la Ley de Partidos como un Guantánamo electoral Se trata de una comparación tan desafortunada, tan alejada de la realidad vasca en la que la falta de libertad para presentarse a las elecciones y opinar sin miedo es de otro orden, que el fiscal debería, antes de firmar un nuevo escrito oficial, pedir disculpas públicamente. Y, descontento al parecer con la falta de aliento político de estas manifestaciones, se pregunta si incluso en la impugnación por contaminación su propia Fiscalía no habría ido demasiado allá Ya no se sabe, la verdad, si quiere desprestigiar su institución, si reconocer que actúa sin criterio ni prudencia o el allá al que hemos llegado, y que se ve como inconveniente ahora, es la reacción violenta de Batasuna. Parece no bastar ya con las disculpas: es preciso que Conde- Pumpido vuelva a la discusión académica, a la defensa de su concepto progresista del Derecho, y deje el puesto a quien se sienta más a gusto con la Ley que con la discusión ideológica y política.