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4 OPINIÓN VIERNES 18 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CIERRE A LA MEZQUITA DE SEVILLA EL FISCAL GENERAL SE DISCULPA ANTE ETA ONDE- Pumpido se ha inhabilitado para seguir siendo fiscal general del Estado. Sus declaraciones de ayer, en las que se preguntaba si no hemos ido demasiado allá al ilegalizar las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak y las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, parecen pedir perdón a ETA por haber aplicado la Ley de Partidos Políticos. El fiscal general ha perdido el norte en el ejercicio de sus funciones. Su adhesión política a Rodríguez Zapatero le ha llevado a una confusión absoluta de su responsabilidad, de manera que sus decisiones y manifestaciones están más orientadas a apoyar el proyecto personal del presidente del Gobierno en la negociación con ETA que a cumplir lealmente con la tarea que le encomienda la Constitución. Cuestionar ahora si no hemos ido demasiado allá no sólo es un revés a la propia Fiscalía que él dirige- ¿acaso insinúa que han acusado sin pruebas a ANV y a las agrupaciones de electores de AS? sino también una desautorización al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que aceptaron la demanda del fiscal, a pesar de sus flagrantes irregularidades procesales y materiales. El razonamiento de Conde- Pumpido no es, sin embargo, jurídico, sino político, como todos los que aplica el fiscal general del Estado cada vez que debe tomar una decisión que afecta a la izquierda proetarra y al proceso de negociación que apadrina su mentor, el presidente del Gobierno. CondePumpido está enviando a ETA a un mensaje claudicante, el del arrepentimiento por haber ido más allá de lo oportuno, quizá de lo pactado en la reunión celebrada entre los etarras y los delegados del Gobierno en abril pasado, cuando ambas partes abordaron los atajos electorales de la banda terrorista. Nunca antes la legalidad democrática había estado en manos tan inseguras como las del fiscal general, quien ha cometido la temeridad de poner en duda la actuación de su propia institución y la legalidad de sentencias sucesivas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y no conforme con dudar de su propia demanda contra ANV y AS, asumió Conde- Pumpido una crítica brutal contra la Ley de C Partidos Políticos, mostrando su preocupación porque haya personas que consideren esta ley como un Guantánamo electoral que deja a 150.000 votantes sin opción electoral. Ésta es exactamente la doctrina de la izquierda abertzale, pero que sea el fiscal general quien se haga eco de esta descalificación a la ley que más daño ha hecho a ETA y a sus entramados políticos es la prueba de que Conde- Pumpido ha asumido hasta sus últimas consecuencias que hay que sacrificar al Ministerio Fiscal con tal de salvar la cara política del presidente del Gobierno. Además, emplear ese argumento del Guantánamo electoral es tan innoble en lo moral como inexacto en lo jurídico, puesto que es tanto como justificar la crueldad y los desmanes del nazismo por el hecho de que hubiera miles de personas que apoyaron a Hitler. El diagnóstico del fiscal general es, además, un insulto a las víctimas. Para guantánamos electorales, los que viven los concejales del Partido Popular en el País Vasco, agredidos, insultados, amenazados y coaccionados como en las peores dictaduras. Y si esto sucede es porque aquellos por los que se lamenta tan afectivamente Conde- Pumpido viven en la impunidad que propician sus decisiones de no actuar contra la izquierda proetarra o de no impugnar la totalidad de las listas de ANV Los que se han quedado sin opción de votar a par. tido alguno en el País Vasco son, por supuesto, todos los asesinados por ETA, y también las decenas de miles de ciudadanos que se han visto condenados al último exilio forzoso de la Europa democrática, aliviando eficazmente el censo electoral, en una auténtica limpieza ideológica, para que el nacionalismo pudiera mantener las riendas del régimen implantado en esa comunidad. Conde- Pumpido ha resumido en sí mismo y en sus decisiones todas las contradicciones y deslealtades necesarias para impulsar un ilegítimo proceso de diálogo con ETA, en el que los presupuestos ya no son la derrota de los terroristas, su desarme, puesta a disposición judicial y su disolución, sino una transacción en la que se trueque la impunidad y el derecho a la autodeterminación por una paz tutelada por las armas de los etarras. SEBASTIÁN, SOLO FRENTE A SU MEZQUINDAD L candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, cometió el pasado miércoles, en el debate de TVE, un acto de mezquindad que le invalida moral y políticamente, al utilizar la vida privada del alcalde, Alberto Ruiz- Gallardón, como zafio y torpe instrumento electoral. Si Sebastián piensa que tan sucio ataque va a proporcionarle algún rédito en las elecciones del 27- M, se equivoca con estrépito, porque la opinión pública sabe distinguir perfectamente lo que es el puro y legítimo enfrentamiento partidista de la ofensa personal, y castiga con dureza a quien vulnera las más elementales normas de educación y respeto. La conducta de Sebastián, además de zafia, refleja una concepción de la política incompatible con el comportamiento de un cargo público en una democracia, porque hay principios éticos que no pueden ser vulnerados, por muy grande que sea la desesperación política del candidato socialista ante su más que previsible fracaso electoral. Sebastián, que no rectificó, insistió ayer en los mismos argumentos contra el alcalde de Madrid, que lejos de descender al nivel de su oponente, volvió a exhibir la caballerosidad y temple que demostró en el debate televisivo. Es la diferencia entre un político de altura y un aprendiz sin valores, capaz de recurrir a lo más bajo por creer que así va a arañar un puñado de votos. E Afortunadamente, el candidato de IU a la Alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, salió ayer en defensa de Gallardón y condenó con firmeza el mal estilo de Sebastián, al que- -más allá de las tibias y forzadas palabras de distante apoyo de Rafael Simancas- su partido parece haberle dejado solo ante su propia mezquindad. La política, en democracia, se fundamenta en el compromiso de los candidatos con la sociedad a través de un acuerdo no escrito sobre principios y valores éticos. Quien no es capaz de entender este principio básico y, además, lo violenta, merece el desprecio y el castigo en las urnas de los ciudadanos. Lo que hizo Sebastián no fue debatir, sino agredir verbalmente a un rival político con argumentos infamantes. Por eso, pasará a la historia como el hombre inexperto que, ante su incapacidad argumental para ofrecer alternativas políticas, optó por lo más fácil y a la vez más indecoroso y deshonesto: cruzar esa sagrada línea roja que separa la condición pública de la privada para tratar de zaherir a su adversario en el ámbito estrictamente personal. Patético esfuerzo de quien exhibió todas sus miserias en directo y a quien este periódico ofreció participar en un blog electoral- -Sebastián se permitió ayer, en el colmo de la desfachatez, acusarnos de censura- -que ahora retira para no constituirse en soporte de las opiniones de un candidato de tan corta estatura ética. L Ayuntamiento de Sevilla parece decidido a proceder al cierre del expediente que permitía a los promotores de la mezquita de Los Bermejales, en Sevilla, disponer del suelo público necesario e ir cumpliendo los trámites administrativos imprescindibles para construirla. El levantamiento de esta mezquita- -actualmente paralizado por decisión judicial- -no sólo ha estado rodeado en los últimos meses de una enorme polémica vecinal en la capital hispalense, sino que en el aspecto económico no todo parece tan transparente como debería. De nuevo, la financiación de una mezquita en España topa con una indeseada opacidad. Y de nuevo, sus promotores, se han negado a hacer pública la identidad de las personas u organizaciones encargadas de poner el dinero para el proyecto. Sí es cierto que en los últimos días sus promotores han comparecido ante la Prensa para tranquilizar a la opinión pública y para condenar el terrorismo de Al Qaida y rechazar así las acusaciones recibidas de posibles vínculos con organizaciones con fines yihadistas. La situación de tensión que todo Occidente sufre con la amenaza desde los sectores más violentos del islamismo obliga a ser exigentes con cualquier nueva iniciativa que alguien pueda manipular con fines espurios. Sin embargo, y pese a esos intentos tranquilizadores, las explicaciones ofrecidas respecto al aspecto económico siguen sin resultar en absoluto convincentes. No es aceptable que los donantes de la mezquita sevillana permanezcan en el anonimato. Los ciudadanos tienen derecho a saber de dónde procede el dinero que va a servir para levantar un edificio emblemático de la influencia del islam en la capital de Andalucía. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Sevilla ha sido muy generoso con los impulsores de la mezquita, lo que significa que los poderes públicos de la ciudad respaldan su construcción sin haber averiguado antes quién la hace posible. Pero como públicamente, a los ojos de los ciudadanos, sigue sin haber luz y taquígrafos en este expediente, tan vidrioso para la convivencia por otro lado, no es razonable que se sigan dando nuevos pasos para la construcción de la mezquita hasta que todos los datos estén a disposición de la sociedad sevillana con plena transparencia y fiabilidad sobre la legalidad de su origen. La iniciativa del Ayuntamiento de dar por cerrado el expediente que avala la construcción de la mezquita supondrá que nada de lo autorizado hasta ahora- -actas de cesión de suelo, requerimientos notariales, ingresos en las arcas municipales- -tendrá validez. Y si en un futuro próximo, los promotores pretenden continuar adelante, deberán hacerlo partiendo de cero de nuevo y con la lección aprendida: no aclarar con la suficiente garantía de credibilidad el origen de la financiación del proyecto ni las características de las comunidades islámicas que pueda haber tras él genera desconfianza en los poderes públicos. Transparencia y legalidad como reglas del juego. E