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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 16 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro VIOLENCIA CONTRA EL PP ACOSO Y D LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO OS resoluciones judiciales han puesto de actualidad el debate sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el funcionamiento de la sanidad, asunto de gran trascendencia en las actuales sociedades, tan asentadas en el estado del bienestar. Por un lado, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al anestesista Juan Maeso a 1.933 años de prisión, como autor de 275 delitos de lesiones y cuatro de homicidio imprudente, consecuencia de haber contagiado a 275 pacientes con el virus de la hepatitis C. El acusado también ha sido condenado al pago de un millón de euros en concepto de indemnización. Dado que Maeso cometió los hechos en un hospital público, entre otros, la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana ha sido declarada responsable civil subsidiaria en el supuesto de que el acusado no abone las indemnizaciones. El segundo caso ha sido recogido por el Tribunal Supremo, que ha condenado al Estado a pagar 120.000 euros a la familia de un joven que, según la decisión judicial, no fue debidamente atendido en un hospital de Murcia por un intento de suicidio, por cuyas lesiones fue llevado a Urgencias por sus padres. A las pocas horas, el joven se arrojó a la vía del tren y murió. Es evidente que cada caso precisa un juicio propio, porque entran en juego tanto la calidad de los servicios prestados como las circunstancias personales del ciudadano afectado. Pero, en general, la doctrina judicial está reflejando una clara tendencia a exigir de las administraciones públicas que asuman, de forma real y no sólo retórica, la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por una mala selección o administración de sus recursos humanos y materiales. El ámbito sanitario recoge casos frecuentes, pero también se producen demandas por lesiones- -a veces mortales- -en centros educativos públicos, suicidios de presos en sus celdas o delitos cometidos por presos con permiso peniten- D ciario. Actualmente, los afectados por los supuestos fraudes de Afinsa y Fórum Filatélico también demandan la responsabilidad patrimonial del Estado por no haber fiscalizado adecuadamente el negocio de estas empresas. En el sector privado, los consumidores y usuarios son progresivamente reconocidos en las leyes procesales y sustantivas, de manera que sus acciones para indemnizarse por daños colectivos cuentan ya con sólidos fundamentos legales. Sin duda alguna, el debate sobre la responsabilidad económica de las administraciones públicas es el reverso del discurso políticamente correcto que fomenta una expansión del servicio público, de la intervención administrativa. Cuantas más prestaciones asuma el Estado, mayor será el riesgo por los daños y perjuicios que esas prestaciones puedan ocasionar. Por eso es tan importante que el aumento de la oferta de servicios públicos esté soportada en una ampliación de los medios materiales con los que se prestan, en una adecuada selección y formación de los funcionarios que se hacen cargo de ellos y en un eficaz sistema de control o auditoría interna para detectar los fallos antes de que se produzcan o, al menos, limitar sus efectos perjudiciales en lo posible. El crecimiento de los servicios públicos no es un bien en sí mismo si no está planificado con instrumentos que permitan elegir bien y vigilar eficazmente, que son, a su vez, los fundamentos de toda responsabilidad económica, la culpa in eligiendo y la culpa in vigilando Si Maeso pudo estar años infectando el virus de la hepatitis C o si el joven de Murcia fue ignorado por el hospital que debió atender su tendencia suicida es porque, en uno y otro caso, hubo un fallo del sistema. Sin duda, es positivo que los tribunales de Justicia amparen los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública y que ésta se vea compelida a asumir las consecuencias de sus errores. LA LEALTAD SEGÚN ZAPATERO AL como se había anunciado, Rodríguez Zapatero habló ayer en Vitoria sobre las candidaturas de ANV en su primera referencia al proceso vasco du, rante la campaña electoral. El líder socialista sigue a lo suyo. Es una falsedad de grueso calibre asegurar que la ley de Partidos se está cumpliendo escrupulosamente, sin excesos y defectos. En realidad, el presidente del Gobierno es el único responsable de que la nueva marca electoral de ETA participe en los próximos comicios. Sus palabras de ayer ante los candidatos del PSE sólo se explican por la decisión de huir hacia adelante, con el empeño inútil de presentarse ante la sociedad española como un hombre de Estado que hace frente a los extremistas de uno y otro signo. Aunque pretenda evitar que su figura se identifique con la ruptura del Pacto Antiterrorista y con la relegalización de los secuaces de ETA con uno o con otro nombre, los ciudadanos saben muy bien quién ha tomado esa decisión que refuerza a la izquierda abertzale y rompe la unidad de acción de los demócratas contra el terrorismo. En ese contexto, suena a sarcasmo que el presidente exija lealtad al PP cuando lleva toda la legislatura tratando de aislar a la oposición, pactando con partidos antisistema y permitiendo la quiebra del Estado de Derecho ante las exigencias de ETA. El PP ha sido y es profundamente leal a la Constitución, y no es Rodríguez Zapatero el personaje más apropiado para T hacerle reproches en este terreno. Otra cosa es que el Gobierno pretenda obtener un cheque en blanco para cambiar el modelo territorial y buscar un acuerdo como sea en el País Vasco, al servicio de sus intereses de partido. Zapatero no dijo nada nuevo en Vitoria, limitándose a pedir con la boca pequeña a los radicales un compromiso contra la violencia, con una retórica que ya no engaña a nadie. Al tiempo, Fernández Bermejo hacía méritos utilizando metáforas de gusto muy dudoso al afirmar que el PP debe tomar laxantes contra el estreñimiento mental No es éste el lenguaje propio de un ministro de Justicia, que debería reflexionar seriamente sobre el fracaso del Estado de Derecho por la actitud intolerable de Conde- Pumpido en relación con ANV y sobre los reproches de los jueces a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en la impugnación de esas candidaturas. El caso es que Zapatero pretende tapar sus concesiones al entorno de ETA con palabras grandilocuentes que nadie se va a creer. El objetivo último es- -una vez más- -descalificar a la oposición, como si Mariano Rajoy fuera el culpable por denunciar una política de concesiones que sólo beneficia a los enemigos de la España constitucional. Si eso es todo lo que Zapatero tenía que decir sobre el proceso podría haberse callado, porque ahora ETA y sus socios se sentirán todavía más seguros que antes. ESDE 2003, las sedes y los candidatos del Partido Popular sufren constantes agresiones en campaña electoral. No son hechos aislados, sino comportamientos que, aun no estando organizados, revelan una animadversión contra los populares que es, por supuesto, delictiva y antidemocrática, pero también una perfecta identificación de dónde está, en la España del siglo XXI, la violencia y el extremismo. En apenas una semana, dos candidatas del PP han sido agredidas por proetarras en Bilbao; la sede popular en Valencia sufrió daños por un artefacto explosivo; también ha sido atacada la sede de la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix y otros dos militantes de este partido fueron golpeados por una cuadrilla de antisistema en Alcorcón. El recuerdo de las campañas de 2003 y 2004 obliga a no menospreciar estos actos de violencia mafiosa contra los populares. Por el contrario, demuestra que en España existe un clima de confrontación que algunos consideran una disculpa, cuando no una invitación, para dar rienda suelta a su fanatismo. Lo fácil y cómodo sería decir que son actos esporádicos y que todos los partidos sufren agresiones. No es cierto ni lo uno ni lo otro. Que tales agresiones no estén planificadas no significa que no sean consecuencia de un discurso recurrente de deslegitimación de la derecha democrática. Sistemáticamente, el Partido Socialista, el Gobierno y algunos de sus aliados parlamentarios acusan al PP de ser la derecha extrema y de situarse fuera de la democracia. Este mensaje- -burdamente falso y, además, cínico, porque el único partido que pacta con lo más extremista de este país es el PSOE- -acaba calando en los sectores más antidemocráticos, que lo procesan como un veredicto de culpa contra el PP y como una legitimación del uso de la violencia. Los ciudadanos deberían tomar nota de que quienes practican la violencia política contra sus oponentes en todas las campañas electorales están, de forma abrumadora, en la izquierda y en el nacionalismo radical, significativa coincidencia con las noches de salvajismo protagonizadas en Francia por grupos de izquierda contra la contundente victoria de Nicolás Sarkozy, después de que la candidata socialista advirtiera de que la victoria del líder conservador provocaría la violencia. Profecía cumplida. Lo más preocupante es que el PSOE lleva su obsesión contra el PP hasta el extremo de no condenar, sin reserva alguna, los actos de violencia que se están produciendo, un silencio o unas condenas a medias que acaban dando a entender que al PP le está pasando lo que se merece. Algo así como negar inocencia a la víctima, porque, en el mejor de los casos, a renglón seguido del rechazo a la violencia se recuerda, a modo de explicación, que el PP crispa mucho el ambiente. Un cinismo que delata a quien lo exhibe, pero que aún puede dar lugar a consecuencias mucho más graves.