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ABC MADRID 15-05-2007 página 4
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ABC MADRID 15-05-2007 página 4

  • EdiciónABC, MADRID
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4 OPINIÓN MARTES 15 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. 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Una ley de financiación de partidos políticos que nace sin acuerdo entre populares y socialistas está condenada a la inestabilidad más absoluta. El PSOE no ha buscado el acuerdo, a diferencia de otros gobiernos que lo intentaron aun disponiendo de mayorías absolutas. Bien es cierto que la reforma de la financiación de los partidos ha sido una promesa tantas veces anunciada como incumplida y que la incapacidad de los grupos para sacarla adelante era percibida por los ciudadanos como un ejercicio de autoprotección. Pero esta reforma sin el PP, lejos de ser la solución, lleva el problema a una nueva dimensión: no se pone fin a los privilegios más inadmisibles y se pretende convertir la financiación en un arma arrojadiza entre partidos. La reforma pactada por el PSOE con sus socios parlamentarios es el sueño del moroso: no prohíbe las condonaciones de créditos por los bancos, en lo que el PSOE destaca por méritos propios, y aumenta la subvención por parte del Estado. Se prohíben las aportaciones anónimas, lo que queda bien de cara a la galería, pero esta enmienda ya fue defendida por el PP en 1998, en la enésima propuesta de reforma legislativa de las cuentas de los partidos. Si el PSOE y el Gobierno querían realmente dar transparencia, tan importante como proscribir L las aportaciones anónimas habría sido cortar de raíz los canales de corrupción habitual de los partidos. Pero los socialistas rechazaron la enmienda del PP de prohibir las donaciones de empresas promotoras y constructoras. Este rechazo deja sin valor los discursos enfáticos del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística, porque, sabiendo dónde esta el mal, ha decidido no atajarlo. La cultura del ladrillo tan denunciada en campaña por los candidatos socialistas, no se revela sólo en prácticas especulativas con el suelo, sino en la corrupción expansiva que se asocia al trueque de licencias por comisiones. Los discursos éticos son coherentes cuando se traducen en hechos, no cuando se repiten de mitin en mitin. Tampoco se han reforzado, como pedía el PP, las medidas para evitar la financiación de formaciones o grupos que apoyan el terrorismo, pero sí se ha incluido a las fundaciones vinculadas a partidos, quizá con la aspiración socialista de acosar por esta vía a FAES, presidida por José María Aznar, entidad cuya influencia ideológica e intelectual en la vida política española es creciente. La reforma aprobada por el PSOE con sus aliados parlamentarios no va a superar la desconfianza de los ciudadanos en las finanzas partidistas. Los bancos podrán seguir perdonando deudas, el Estado dará más subvenciones y el poder corruptor de los intereses en el mercado inmobiliario sigue intacto. Ya no sirve el viejo argumento de que, como los partidos son imprescindibles para la vida democrática, había que hacer la vista gorda con sus apaños económicos. También es imprescindible el ciudadano, al que ningún banco perdona sus hipotecas ni el Estado le subvenciona sus gastos. No es demagogia. Es, simplemente, que los partidos no tienen legitimidad para crear a su alrededor una burbuja de privilegios, porque son instrumentos de la sociedad democrática, no una casta de intocables con patente de corso. UN FISCAL GENERAL SIN PALABRA A mejor garantía que tiene Acción Nacionalista Vasca de que no va a ser ilegalizada es el anuncio hecho ayer por la Fiscalía de Conde- Pumpido. Sin recato alguno, el fiscal general se ha negado a sí mismo en menos de veinticuatro horas. El domingo afirmaba a un medio de comunicación que si los dirigentes de Batasuna se manifiestan de manera que ANV es su opción, naturalmente este comportamiento podría ser un indicio adicional para su futura ilegalización Después de que el batasuno Pernando Barrena anunciara formalmente la petición de voto para ANV la condición puesta por el fiscal general se había cumplido, porque ya había más indicios de su absorción por ETA Batasuna (como han dejado claro tanto el Constitucional como el Supremo) y sólo cabía esperar de Conde- Pumpido que se atuviera a su palabra. Nada de esto. El fiscal general ha hecho lo mismo que hizo con el Partido Comunista de las Tierras Vascas: primero, poner condiciones para plantear su ilegalización y, luego, una vez cumplidas esas condiciones, añadir otras nuevas para hacer insuficientes las anteriores. Y así, hasta el infinito con tal de no privar a ETA de sucursales en las instituciones y evitar que el Gobierno quedara en evidencia en sus negociaciones o compromisos con los terroristas. El resultado es lo que cuenta y los etarras siguen en el Parlamento vasco, de donde pudieron haber sido expulsados en 2005, y ahora van a volver a los ayuntamientos. L El Estado de Derecho funciona cuando las instituciones encargadas de velar por él son leales con el mandato constitucional de aplicar las leyes. Conde- Pumpido es el fiscal general del Estado, no el abogado de La Moncloa. Su legitimación reside, por supuesto, en su nombramiento conforme al artículo 124 de la Constitución, pero también en el ejercicio de sus funciones conforme a lo que ordena este precepto. Y no lo está haciendo, no está siendo leal con la Constitución ni con el Ministerio Fiscal. La Fiscalía- -particularmente la de la Audiencia Nacional- -ha sido siempre la vanguardia de lalucha contra elterrorismo y a esta tarea se entregan con ejemplar entereza muchos fiscales, quienes, si no hacen más, es porque el Ministerio Fiscal está coartado por la servidumbre política que ha constituido Conde- Pumpido para que por ella pasen las exigencias de impunidad que demanda ETA al Gobierno. El blindaje a ANV es sólo la gota que colma el vaso, ya repleto después de la indigna excarcelación de De Juana Chaos y de la absolución regalada a Arnaldo Otegi, precedidas de tantas tomas de posición en contra de medidas cautelares contra dirigentes batasunos que, a pesar de la sentencia de ilegalización, siguen haciendo política en nombre de Batasuna. En ocasiones como ésta, al Estado le hace falta- -tanto como leyes, jueces y pruebas- -un fiscal general con palabra. Lo primero, lo tenemos. Lo segundo, después de su súbita rectificación, parece que no. A intensa visita de Benedicto XVI a Brasil ha culminado en medio del entusiasmo popular y el apoyo oficial, que han permitido al Pontífice sentir el afecto de la gran nación iberoamericana, cuya pujanza económica y demográfica le otorga un papel determinante en el futuro del continente. Con su reconocida sensibilidad, el Papa ha sabido conectar con las preocupaciones reales de una sociedad muy compleja, apoyando la marcha contra el hambre promovida por Naciones Unidas y mostrando su cercanía a los más desfavorecidos. También ha dejado un mensaje contundente sobre la historia y sobre el futuro. Así, en contra de una lectura sesgada del pasado que pretende oponer las culturas precolombinas a la evangelización, recordó ante los obispos iberoamericanos que las verdaderas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en el tiempo. Es decir, que hizo una defensa objetiva de la misión de países como España y Portugal en aquellas tierras frente al populismo indigenista que intenta contraponer el mensaje cristiano a ciertas creencias animistas de naturaleza contraria al humanismo. Más importante todavía es la advertencia del Pontífice, formulada con su precisión habitual en el terreno doctrinal, en contra del autoritarismo y de los regímenes basados en la demagogia. Benedicto XVI planteó en Brasil la necesidad inexcusable de que el respeto a los derechos humanos presida el futuro de una parte del mundo que padece todavía residuos de la guerra fría, como el castrismo, a la vez que alimenta nuevos populismos encabezados por Hugo Chávez y sus secuaces. Resulta llamativo que el líder que predica una supuesta revolución bolivariana introduzca en su discurso un falso sentido religioso mediante la peregrina afirmación de que Jesucristo fue el primer socialista Frente a la manipulación de Chávez, millones de fieles tienen muy claro, más todavía después de la visita del Papa, cuál es el punto de vista de la Iglesia católica. La triste herencia del marxismo y la preocupación ante las formas autoritarias de gobierno estuvieron presentes sin rodeos ni ambigüedades en los discursos del Pontífice. Benedicto XVI no olvida, por supuesto, la realidad socioeconómica y de ahí su llamamiento para luchar contra la miseria y las estructuras sociales injustas. Sin embargo, tiene muy claro que la solución no está en volver la vista hacia un pasado imaginario ni en defender proyectos ideológicos dogmáticos y fracasados. Muy al contrario, el futuro está en la justicia y la solidaridad, haciendo de Iberoamérica el continente del amor A ese modelo desea contribuir la Iglesia, siguiendo la enseñanza del Papa, para transmitir el verdadero mensaje de Cristo frente a cualquier falsificación interesada. L

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