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4 OPINIÓN LUNES 14 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA INVERSIÓN EN ESPAÑA PIERDE PESO AS compañías más reputadas de calificación de riesgos otorgan a España una AAA triple A que sólo está al alcance de los países más solventes, como es el caso de Alemania, Francia u Holanda, que no el de Italia, Portugal o Grecia, naciones del sur de Europa que años atrás fueron desdeñados por los orgullosos países del norte. España ganó por méritos propios esa triple A que tan eficaz y fértil ha resultado para obtener financiación exterior- -en las mejores condiciones de cantidad y precio- -con las que financiar el extraordinario y alarmante déficit de capitales, fruto de un comercio exterior muy desequilibrado. De esta manera, el insuficiente ahorro interno ha sido compensado con el aporte de la financiación externa, abundante para una economía tan pujante como la española, sin riesgo de tipo de cambio tras la implantación del euro. Este círculo virtuoso ha servido para sostener el crecimiento de la economía española durante trece años, siempre un punto más que el europeo, lo que ha permitido rozar el índice de convergencia con la media de la zona. Pero las lanzas pueden tornarse pronto cañas: la vitalidad de una economía pujante puede devenir en lo contrario si las oportunidades se convierten en riesgos. La calidad del riesgo España ya no es la que era, especialmente en el sector inmobiliario, motor principal del crecimiento de estos años y que muestra ahora claros signos de agotamiento en varias fases del negocio. La nueva ley del Suelo puede generar, cuando entre en vigor, incertidumbres que afectarían a algunos proyectos ya financiados, pero todavía insuficientemente desarrollados, y también una menor demanda que ya se percibe en la fase final del complejo proceso inmobiliario: la venta al público, especialmente la que procede de inversores extranjeros. La crisis se agrava por efecto del encarecimiento de la financiación tras las sucesivas elevaciones de los tipos del interés que viene aplicando el Banco Central Europeo. Si a todos esos factores añadimos incertidumbres institucionales- -como las que ha sembrado la crisis de la CNMV y la azarosa opa sobre Endesa- los argumentos para la desconfianza están servidos, por lo que no debe extrañar que algunos bancos europeos, suizos y británicos, analicen con lupa sus inversiones en España y fijen condiciones más duras para sus préstamos e incluso rechacen operaciones financieras. La confianza se logra paso a paso, con tiempo y buenos resultados, pero se pierde súbitamente, con estrépito, en cuanto se conocen tropiezos y se atisban dificultades. En el sector inmobiliario español, asombro de Europa durante los últimos años, no es oro todo lo que reluce. Algunas compañías muestran debilidades que hacen dudar a sus financiadores, y esas manchas se extienden como el aceite derramado. La reputación es una materia demasiado frágil, sobre todo cuando hay créditos de por medio. L INMEDIATA ILEGALIZACIÓN DE ANV ODRÍGUEZ Zapatero es responsable directo de la indignidad política y la quiebra del Estado de Derecho que representa la presencia de Acción Nacionalista Vasca en las próximas elecciones municipales. ABC informaba ayer con toda precisión acerca de la reunión entre el Gobierno y ETA celebrada el pasado mes de abril y en una ciudad europea, en la cual- -entre otros asuntos- -se trató de la nueva marca electoral del entorno terrorista. A través de los representantes de la Moncloa, el Ejecutivo expresó su disposición a aceptar unas candidaturas blanqueadas, a pesar de lo cual la actitud de ETA, forzando la presentación de listas claramente contaminadas, obligó a la impugnación de una parte de las mismas. Su anulación por el Tribunal Supremo, confirmada después por el Constitucional, ha dejado en evidencia la postura del Gobierno y del Ministerio Fiscal, según le han reprochado los propios jueces. Dadas las circunstancias, supone una burla a los ciudadanos que algunos líderes del PSOE sigan apelando a la ley de Partidos y al respeto hacia el Poder Judicial. Las cosas están muy claras: el regreso de los terroristas a las instituciones democráticas es consecuencia de una cesión infamante por parte de un Gobierno que ha faltado a la verdad. En efecto, nadie se puede llamar a engaño a la vista del desarrollo de los acontecimientos, que ofrecen cada día nuevas revelaciones. La reunión desvelada por este periódico ha sido desmentida por fuentes sin determinar de la Moncloa, pero no lo ha hecho ningún responsable del Gobierno. No basta, por supuesto, con declaraciones genéricas frente a unos datos tan precisos como los que apuntaba ayer este diario. Habrá que ver qué responde Zapatero cuando sea preguntado al respecto por Mariano Rajoy, según anunciaba ayer el líder de la oposición. Otros hechos contribuyen a confirmar la convicción unánime de que ANV es pura y simplemente un instrumento de la banda terrorista. Ayer en Pamplona, el cabecilla batasuno Pernan- R do Barrena pedía el voto sin rodeos ni eufemismos para las candidaturas de ANV en el País Vasco y Navarra. Su anuncio, realizado sin el menor recato, debería llevar- -por sí sólo- -a instar la ilegalización de la formación proetarra, porque la prueba definitiva, por si alguien tenía alguna duda, la aportó ayer Batasuna ETA con una declaración que representa una mofa en toda regla del Gobierno. Rodríguez Zapatero debería reflexionar sobre la incongruencia que supone estar cediendo continuamente a las exigencias radicales y continuar adelante con un proceso moralmente humillante para la dignidad de las víctimas del terrorismo y el propio Estado de Derecho. Conviene tener muy presente la opinión del fiscal general del Estado cuando asegura que todavía hay tiempo para impedir la presencia de ANV en los comicios. En rigor, lo que debería hacer, dada su condición de defensor de la legalidad, no es sólo anunciarla, sino instar de inmediato la suspensión de las actividades de dicha formación, lo que supondría, si se confirma por los jueces, la imposibilidad de sus candidatos de concurrir a las urnas. Tal vez el Ejecutivo empieza a ser consciente de que su postura de supuesta centralidad entre extremos no le sirve para nada en términos políticos. La opinión pública no acepta la falsedad de que Zapatero se atiene a la ley y a las decisiones de los jueces, y que ha hecho todo lo posible por evitar la presencia de los terroristas en las instituciones. ETA y su entorno tampoco se conforman con las cesiones continuas que siguen obteniendo. Aunque sólo sea por razones de oportunidad, el Gobierno socialista debería replantear su estrategia, pero el deseo de huir hacia adelante se impone a cualquier otra consideración. Es lógico que los ciudadanos muestren su indignación ante una actitud que degrada al Estado de Derecho en beneficio de ETA y sus secuaces, porque lo único claro es que, hoy por hoy, los terroristas son los vencedores de un proceso en el que hace tiempo que saltaron por los aires todas las líneas rojas EL AGUA NO DEBE ESPERAR E SPAÑA necesita una política del agua basada en un pacto de ámbito nacional, ajeno a intereses particulares o a ventajas coyunturales. Sin embargo, el Gobierno ha sido incapaz de abordar con sentido de Estado un asunto tan serio, limitándose a desandar buena parte del camino ya iniciado por el PP y a cumplir compromisos electoralistas en beneficio- -entre otros- -de sus socios de ERC. Las grandes decisiones de carácter legislativo quedan aplazadas para la próxima legislatura, porque estamos ya en un largo periodo electoral y los socialistas prefieren mirar para otro lado. Mientras tanto, aumentan las diferencias entre la España húmeda y la España seca y varias regiones sufren problemas no sólo para el riego, sino incluso para el consumo humano. Al menos se han conseguido evitar las restricciones en las ciudades, pero no está garantizado, ni mucho menos, el futuro de determinadas zonas agrícolas, lo que produce una lógica inquietud en ciertas regiones. Es lógico que se extienda la reivindicación de agua para todos y, en concreto, la exigencia de que un bien escaso sea repartido de acuerdo con principios de eficacia y solidaridad. La renuncia a un Plan Hidrológico pensado para el conjunto de los españoles es la mejor prueba de ese estado residual al que conduce el cambio de modelo territorial promovido por Rodríguez Zapatero. De ahí el papel secundario que viene desarrollando el Mi- nisterio de Medio Ambiente, cuya función consiste en poner parches y en anunciar proyectos que nunca terminan de cumplirse. El derroche del agua del Ebro desde que se anuló el trasvase es fiel reflejo del fracaso de una política que carece de sentido nacional. Se han perdido en el mar muchos miles de hectómetros cúbicos sin provecho para nadie, ya que ni siquiera se han realizado las obras previstas en Aragón. Sólo en la riada de Semana Santa, el Ebro ha desaguado en el mar más de 1.800 hectómetros cúbicos, que es el equivalente a cuatro trasvases anuales de los proyectados en la cuenca del Segura y casi el doble de lo necesario durante dos años en el arco mediterráneo. Los ciudadanos exigen soluciones lógicas, porque nadie entiende que el agua se pierda en el mar y luego sea necesario recuperarla para desalinizarla, fórmula que- -según el Gobierno- -arregla todos los males. La comparación entre el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP y el Programa Agua del PSOE es claramente favorable a la primera opción, teniendo en cuenta que su rendimiento anual duplica las previsiones de la segunda (2.105 frente a 1.053 hectómetros cúbicos anuales) peor todavía si Medio Ambiente no pone en marcha las obras previstas. Por todo ello, la opinión pública considera que se ha perdido una legislatura para encauzar con seriedad y rigor un problema cada día más grave.