Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 13 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro NUEVAS MEDIDAS EN INMIGRACIÓN D GOBIERNO- ETA, UNA REUNIÓN INFAMANTE A información que hoy publica ABC revela que el Gobierno mantuvo a principios de abril una reunión con representantes deETAen una importante ciudad europea. Aunque el interés del Gobierno era conocer la disposición de los terroristas, después de varias semanas sin información fidedigna, el encuentro abordó diversos asuntos, como el de las próximas elecciones locales y autonómicas. En este sentido, los representantes del Gobierno deslizaron la idea de que la opción de Acción Nacionalista Vasca podría ser una alternativa a la presentación de candidaturas por parte de Batasuna, las cuales estaban condenadas de antemano a la anulación. Sin embargo, el hecho de que ETA forzara al límitela situación, contaminando de forma descarada las listas de ANV con destacados miembros del complejo Batasuna habría forzado una impugnación parcial de las mismas, más allá de lo que se habría discutido, de forma expresa o tácita, en la reunión de abril. En todo caso, el Gobierno sabía que ANV era la nueva marca electoral de ETA. Son muchas las lecciones que se deben aprender del encuentro entre ETA y el Gobierno, celebrado en el mes de abril pasado. Pero la primera, y más desalentadora, es que para Rodríguez Zapatero y el PSOE la palabra dada no tiene ningún valor cuando está en juego su supervivencia política. Uno y otro han faltado a la verdad al Parlamento, a la opinión pública, al Partido Popular y a las víctimas. El Gobierno se ha conducido en este proceso sin límites políticos ni éticos, incoherencia especialmente inaceptable en quienes tanto apelan a las mentiras de la guerra de Irak. La verdad ha sido tratada como una carga molesta y las leyes y la justicia, como obstáculos que había que sortear. Es difícil encontrar un comportamiento similar en otras democracias occidentales. Todo encaja, por supuesto, con esta actitud del Gobierno. Encaja la humillante excarcelación de De Juana Chaos, la absolución injusta e ilegítima de Arnaldo Otegi y la ilegalización parcial de las listas de ANV ETA lo tiene todo en su ma. no en este momento. Capitaliza la debilidad y el temor del Gobierno para recuperar la presencia institucional perdida en 2003 por la aplicación- -entonces sí, leal y estricta- -de la ley de Partidos Políticos, y para activar todos los frentes de su estrategia terrorista. Realmente, el encuentro de abril arroja luz definitiva para poner cada cosa en su sitio, empezando por el cúmulo de falsedades acumuladas por el Gobierno para tapar la realidad de sus actos. Desde hace cuarenta años, nunca L ETA se había encontrado en una situación tan cómoda: negocia con muertos encima de la mesa y vuelve a socializar el sufrimiento le abren la puerta para regresar a los ayuntamientos, la ilegalización de Batasuna es papel mojado, está roto el pacto antiterrorista y, sobre todo, ha conseguido ser reconocida como interlocutor político, aprovechando la disposición del Gobierno, que parece jugárselo todo a la carta de los terroristas, antes que reconocer sus errores, pedir perdón a los ciudadanos por no haber dicho la verdad e intentar el reencuentro con el Partido Popular. Ahora es preciso que alguien diga la verdad, de una vez por todas, en el Gobierno y en el PSOE. Por ejemplo, cualquiera de los que han descalificado a quienes denunciaban que Rodríguez Zapatero no había dado por roto el proceso de negociación con ETA, a pesar de los tres muertos que ha sumado el terrorismo etarra desde el 30 de diciembre. En todo caso, en algo fue sincero el presidente del Gobierno: cuando advirtió en una entrevista a un medio de comunicación que, para él, un atentado en el proceso de negociación sería un accidente asumido de antemano. El atentado de la T- 4 ha reforzado a ETA, cuya dirección percibió, con la astucia del criminal, que el Gobierno no sólo sería capaz de aguantar más muertos, sino que éstos servirían para demostrar que no es Rodríguez Zapatero, sino Txeroki y los demás cabecillas etarras quienes controlan la situación. ¿Realmente piensa Rodríguez Zapatero que hoy ETA está más dispuesta que en 2004 a renunciar a la violencia sin obtener recompensas políticas a cambio? Zapatero no tiene derecho alguno a seguir en estas condiciones un proceso para finalizar la violencia terrorista. Está jugando con el capital de la democracia, la dignidad del Estado y los derechos de los ciudadanos. La legitimidad de su decisión inicial está arruinada por la forma clandestina, engañosa y sin mandato democrático en que está siendo ejecutada. Las famosas líneas rojas eran sólo un eslogan, nunca límites externos al voluntarismo del Ejecutivo. Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno socialista ha faltado a la verdad sistemáticamente sobre sus contactos- -o los del PSOE- -con ETA. Ahora, esa verdad desvelada deforma inapelable emplaza no tanto al Gobierno, como a los ciudadanos españoles, que tienen en su mano conservar la integridad de su democracia, pero también el derecho a vivir libres, sin el chantaje de unos terroristas que se harán cada día más fuertes si sus crímenes son retribuidos con más concesiones y no con el peso de la ley. LEY DEL SUELO, BRINDIS AL SOL N plena campaña electoral, Rodríguez Zapatero pretende vender la nueva ley del Suelo como la panacea de todos los males urbanísticos. Fiel a su estilo, el presidente garantiza sin pruebas el finalde la especulación, la construcción de miles de viviendas de protección oficial y la defensa del medio ambiente. Sin embargo, la gente no se conforma con la retórica vacía de contenido y se muestra muy escéptica antelas promesas formuladas al calor del mitin partidista. En la práctica, la ley promovida por el Ministerio de la Vivienda (cuya titular es la peor valorada detodo el Ejecutivo) no contiene casi ninguna medida eficaz. En rigor, lo que pretende esta norma recientemente aprobada es recoger los restos del naufragio delas competencias estatales sobreurbanismo, producto del traspaso incontrolado a las comunidades autónomas y de una jurisprudencia constitucional (en concreto, la STC 164 2001) muy criticada por la doctrina jurídica. La reserva de suelo para viviendas protegidas, la limitada participación de los ciudadanos o los criterios para fijar el valor real del suelo E no son instrumentos suficientes. De hecho, las competencias principales siguen en manos de las comunidades autónomas y las decisiones claves se tomarán en los ayuntamientos. No es exagerado calificar a la nueva ley como una norma de cara a la galería, mediante la cual el Ejecutivo intenta demostrar su implicación en la lucha contra la corrupción. Lo primero que tendría que hacer es vigilar a ciertos concejales que se cuelan en las listas del PSOE y aparecen luego vinculados con escándalos millonarios, a veces en relación con la financiación de los partidos. No cabe esperar gran cosa de una norma concedida para que los socialistas laven su imagen pública y cuya tramitación parlamentaria ha pasado sin pena ni gloria. Por eso, aplicar un basta ya a la corrupción- -como ha hecho Zapatero en un mitin reciente- -no pasa de ser un brindis al sol que únicamente convence a los ya convencidos. Por desgracia, las esperanzas de muchos españoles respecto del derecho a una vivienda digna van a quedar, otra vez, defraudadas. ESPUÉS de tres años practicando el buenismo el Gobierno parece tomar conciencia de que es imprescindible actuar con rigor para fijar los requisitos de entrada en España. Aunque el fenómeno de los cayucos es el más llamativo, lo cierto es que los aeropuertos son un auténtico coladero. Ni siquiera la exigencia de visado ha permitido un mayor control de la situación. En este contexto se sitúa la reciente publicación en el BOE de dos órdenes conjuntas de los ministerios competentes (Asuntos Exteriores, Interior y Trabajo) que endurecen los requisitos para los falsos turistas que vienen en realidad con la intención de quedarse. Por una parte, se refuerza la llamada carta de invitación, exigiendo que los invitadores estén identificados de forma precisa y que acrediten dónde va a vivir el invitado ya sea con un título de propiedad, contrato de arrendamiento o similar. El objetivo es poner coto a las mafias que fabrican documentos en serie cobrando al viajero el correspondiente peaje Una vez más, queda claro que los beneficiarios de la política blanda y errática del Ejecutivo son las redes organizadas que trafican con la necesidad de los más desvalidos. Por otra parte, se refuerza la prohibición de que los extranjeros que entran en España superen el máximo de tiempo permitido a los turistas, con la exigencia de que dispongan de medios económicos acreditados de modo fehaciente, cuya cuantía está en relación con el salario mínimo, los días de estancia y el número de personas a su cargo. El objetivo en este caso es evitar que deambulen por nuestro país miles de extranjeros que carecen de los medios más elementales de subsistencia, con la lógica consecuencia de marginación social y precariedad laboral que lleva consigo esa situación desesperada. El Gobierno ha recibido críticas muy serias de nuestros socios europeos a causa de su política de inmigración. Son bien conocidas al respecto las discrepancias expresadas por Nicolas Sarkozy- -en su etapa de ministro de Interior- con el propio Rodríguez Zapatero. Cuando un problema no se afronta con seriedad, las cosas empeoran siempre a pesar de que algunos políticos prefieren mirar para otro lado con la vana esperanza de que se resuelvan por sí solas. Nunca es tarde para practicar el sentido común, pero la opinión pública es consciente de que tantas decisiones enfocadas por un camino erróneo no se arreglan de un día para otro a través de un par de acuerdos ministeriales. Hace falta rectificar en toda regla la política de inmigración por medio de un gran pacto de Estado, sin olvidar el refuerzo de los recursos destinados a controlar a los extranjeros en situación irregular y, sobre todo, a las mafias organizadas. Poner parches a destiempo no es suficiente. Los nuevos criterios adoptados por el Consejo de Ministros son razonables, aunque habrá que hacer un seguimiento muy preciso de su aplicación para comprobar si cumplen de verdad sus objetivos o se convierten- -una vez más- -en papel mojado.