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4 OPINIÓN SÁBADO 12 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL FRACASO DE UNA LEY INFLEXIBLE HASTA EL ÚLTIMO VOTO A encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas dedicada a sondear los resultados del 27- M ratifica en buena medida todas las variables conocidas hasta el momento y que son las que condicionan las estrategias de PP y PSOE para los próximos comicios. Los índices de participación previstos por los estudios del CIS, tanto para comicios autonómicos como municipales, superan el 80 por ciento- -algo realmente ilusorio- -y los niveles de indecisos oscilan entre el 20 y el 25 por cierto. Ambos datos aconsejan ser prudentes en la valoración de los datos de las encuestas, porque de ellos puede depender, el 27- M, la obtención del escaño o el concejal que falte a uno u otro partido para alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, con carácter general, el CIS confirma a cada partido en sus feudos y mantiene las dudas donde ya estaban: el Partido Popular se consolida o amplía su ventaja en Madrid, Valencia, Castilla y León, La Rioja y Murcia; por su parte, el PSOE conserva las mayorías absolutas de Castilla- La Mancha y Extremadura, si bien con una relativa mejora del PP. Y las espadas siguen en alto en Baleares, Cantabria, Canarias y Navarra, comunidades donde el vencedor electoral puede no ser el que finalmente gobierne, lo que reproduciría una anomalía del sistema, legítima en términos de aritmética parlamentaria, pero peligrosa cuando en la formación del Gobierno da la vuelta a un resultado electoral claro a favor del ganador que, finalmente, queda excluido, como sucedió tras las últimas elecciones autonómicas en Galicia. Es evidente que tanto PP como PSOE deberán desplegar mucha responsabilidad y recursos políticos para formar gobierno allí donde no haya una mayoría absoluta. En este sentido, cobran aún más relevancia las palabras con las que Josu Jon Imaz, presidente del PNV rompió el tabú de los pactos poselectorales con el PP. Aunque el principal y más inmediato efecto pretendido por Imaz fuera lanzar un aviso al PSOE, la idea que se pone a circular con el planteamiento del presidente del PNV es que el llamado cordón sa- L nitario contra el PP- -cuya más reprobable puesta en práctica fue el Pacto del Tinell- -empieza a presentar grietas. Y esto es muy importante tanto para abrir expectativas al PP en sus relaciones con partidos regionalistas o nacionalistas no independentistas, como para dejar sin efecto la estrategia socialista de aislar a Mariano Rajoy como fuera. Para el PSOE, sus opciones de Gobierno donde no puede formarlo por sí solo también suponen una seria responsabilidad. Por ejemplo, en Navarra, donde sólo podría desplazar a los partidos foralistas que actualmente sostienen el Gobierno de la comunidad- -Unión del Pueblo Navarro y Convergencia de Demócratas Navarros- -si uniera sus votos a la coalición Nafarroa Bai. Dar paso al nacionalismo vasco en las instituciones forales navarras puede ser un punto de no retorno que el PSOE debe evitar, porque las aspiraciones soberanistas de esa coalición no son compatibles con la conservación del Amejoramiento del Fuero y, por tanto, del orden constitucional en Navarra. En general, el PSOE no debería pasar por alto la inestabilidad que se ha generado allí donde ha pactado coaliciones de gobierno con partidos nacionalistas radicales, que únicamente parecen mantenerse unidas por el deseo de no perder el poder antes que por desarrollar un proyecto político que, a la postre, lejos de ser común, presenta grietas en cuanto empieza a aplicarse, como en Cataluña o Galicia. Parece posible que, esta vez, la campaña electoral, así como los acontecimientos ajenos a ella que se produzcan a lo largo del proceso, puedan influir más de lo habitual en mover, o en dejar en sus casas, a ese puñado de electores que tienen en sus manos algunos resultados estratégicamente decisivos para el resto de la legislatura. Rajoy y Rodríguez Zapatero lo saben y no va a haber concesiones, entre otras cosas porque nadie duda de que los comicios del 27- M se celebrarán en clave nacional y marcarán el pistoletazo de salida para la larga recta final de las elecciones generales. LECCIONES DEL CASO WOLFOWITZ AUL Wolfowitz representa para ciertos sectores de la opinión pública la versión más áspera de lo que fue bautizado como neocons una supuesta corriente intelectual a la que se imputan todos todos los males y errores de la actual administración norteamericana. Además de la contradicción que constituye el término con el que se pretende descalificarlo- -ligando lo nuevo con lo conservador- -resulta necesario reiterar que a Paul Wolfowitz no se le está juzgando ahora con carácter retroactivo por su etapa de vicesecretario de Defensa, ni por la guerra de Irak; tampoco se enfrenta a una especie de revancha cuya sombra se extendería sobre numerosos dirigentes mundiales de la época. Los reproches que se le atribuyen se refieren a un comportamiento, concreto y bien conocido, que las autoridades competentes del Banco Mundial han juzgado como inaceptable, como también así lo consideran muchos ciudadanos de todo el mundo. Por su actuación en el organismo que dirige y con el objetivo de protegerlo de una polémica poco presentable, Wolfowitz debería dimitir cuanto antes. Esa dimisión debería haberse producido hace ya bastante tiempo, aplazada en un proceso en el que han pesado más los prejuicios políticos que el sentido común y los principios de eficacia y que ha puesto de manifiesto lo pernicioso que resulta el empeño por mantener cuotas y cotos en la distri- P bución de responsabilidades dentro de las instituciones mundiales. Los gobiernos europeos y de otras partes del mundo tienen, de sobra, mayoría en los órganos de gobierno del Banco Mundial como para haber forzado la sustitución de Wolfowitz hace ya mucho tiempo, aunque la tradición marca que el Fondo Monetario Internacional sea dirigido por un europeo- -Rodrigo Rato en estos momentos- -y el Banco Mundial, por un norteamericano, en un reparto amistoso que en los hechos bloquea las decisiones, eclipsa cualquier otra consideración de excelencia profesional y acaba dañando el prestigio de la institución, como ha sucedido en este caso. Se trata de una costumbre políticamente correcta que, en los hechos, devalúa los méritos de otros candidatos que podrían haber sido elegidos por su talento y su trabajo y que, como es notorio en el caso de Rodrigo Rato, ejercen de manera impecable sus responsabilidades. Las cuotas forzosas de sexo, raza, nacionalidad- -y quizá muy pronto también de religión- -representan una expresión torcida del principio de igualdad que, en casos como éste, se han revelado claramente contraproducentes. Wolfowitz no era el hombre adecuado para el Banco Mundial, y en eso no tiene nada que ver su pasaporte ni su adscripción ideológica. Sería deseable que su sustituto fuese elegido por sus cualidades y no solamente por su nacionalidad. L drama cotidiano de la violencia de género sigue afectando gravemente a la sociedad española. Algunos presentaron la ley aprobada en 2004 como la solución de todos los males, pero el día a día sigue ofreciendo ejemplos trágicos que no se remedian mediante declaraciones grandilocuentes o creando más centros de estudio e investigación. De hecho, la ley presenta serias deficiencias jurídicas que se traducen en situaciones paradójicas. Así lo denuncia la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya presidenta, María Eugenia Alegret, se ha mostrado partidaria de aplicar la mediación en determinados casos, a la vista del volumen de trabajo que soportan los juzgados y del elevado número de desistimientos. Las leyes inflexibles producen siempre malas consecuencias. La dinámica propia de este tipo de situaciones exige la previsión de fórmulas de equilibrio y mediación que permitan reconducir las relaciones susceptibles de ser encauzadas. Sería importante abrir vías para reconstruir una convivencia todavía posible cuando el conflicto tiene su origen en un momento puntual de crisis y se puede deducir que ésa es la voluntad real de los afectados. Además, es imprescindible ofrecer a las víctimas de esta violencia una información rigurosa sobre sus derechos y sobre las consecuencias de la denuncia, evitando la sensación de temor y desamparo que sienten algunas mujeres ante la presión social o familiar. No obstante, cuando un asunto llega a la sede judicial, los jueces y tribunales tienen el deber de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, con independencia de su opinión subjetiva sobre la cuestión. En este sentido, no es acertado vincular el atasco que existe en algunos tribunales con una posible suspensión de procesos ya en marcha. El Gobierno debe reflexionar sobre la necesidad de buscar soluciones prácticas y efectivas para un problema que afecta a cientos de familias, en lugar de empeñarse en vender un producto averiado como si fuera una fórmula mágica. La ley tiene graves deficiencias, en particular ese carácter rígido y sin salida de los procedimientos que ofrece. Si hay excesiva carga de trabajo en los juzgados, lo que debe hacer el Ejecutivo es crear otros nuevos, con jueces especializados y medios materiales suficientes. En cambio, no es admisible que siga jactándose del éxito de una norma superada por la realidad de las cifras de un drama que crece de forma imparable. La ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad, fue una esperanza para muchas personas afectadas por un drama de honda repercusión social. Sin embargo, el Gobierno no ha sabido desarrollar acertadamente la ley, a pesar de las promesas de Rodríguez Zapatero, contribuyendo así a que se generalice la desilusión entre unas víctimas que a veces prefieren soportar una situación inhumana o que, simplemente, se ven obligadas a retirar la denuncia. E