Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC JUEVES 10 s 5 s 2007 ESPAÑA 27 Aprobados los servicios y prestaciones a la dependencia con las quejas del PP El escaso presupuesto obliga a las autonomías a echar el resto M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. La ley de dependencia ha entrado en su recta final sin el consenso de todas las fuerzas políticas, como no ocurrió en su día, cuando fue aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ayer, las comunidades populares mostraron su rechazo y desacuerdo con las últimas cuestiones que faltaban por resolver de esta ley. Por un lado, la cartera de servicios y prestaciones económicas que recibirán las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y por otro, la forma en la que el Gobierno ha repartido los 220 millones de euros adicionales destinados a la atención de dependientes. Ante el Consejo Territorial de Dependencia- -donde están representados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades y los ayuntamiento- que se reunió ayer, las autonomías de PP se quejaron, sobre todo, de la escasa financiación que aporta el Gobierno para atender a las personas dependientes, dejando todo el peso de este gasto a las autonomías Además, consideran que han salido perjudicadas a la hora de distribuir los 220 millones de euros- -sobre todo las comunidades de Madrid, La Rioja y Valencia- lo que va a generar un gran desequilibrio territorial Y es que ayer ya se conocieron algunas cifras más sobre lo que va a costar a unos y a otros la atención a la dependencia. Se ha calculado que los cuidados de un gran dependiente requieren 1.014 euros al mes. Esa es la cifra que ha fijado el Gobierno, a pesar de que algunas comunidades estiman que el coste es muy superior. Valencia, por ejemplo, dice que oscila entre 1.500 y 2.500 euros. De esa cantidad, el Gobierno garantiza un mínimo, que son 250 euros para los grandes dependientes que se encuentran en peores situaciones (grado III, nivel 2) -y 170 euros para los que están en condiciones más amables (grado III, nivel 1) Después, otros 257 euros (hasta llegar al 50 del coste total) están condicionados al convenio al que lleguen la comunidad autónoma correspondiente con el Ejecutivo. Es decir, co- FINANCIACIÓN Y PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA DEPENDENCIA Distribución del crédito adicional En euros 36.246.571 Andalucía Aragón 8.380.326 Asturias 7.171.802 Baleares 4.405.561 7.709.606 Canarias 3.384.477 Cantabria 17.800.171 Castilla y León 11.644.976 C. -La Mancha 32.393.438 Cataluña 21.277.833 C. Valenciana 6.638.864 Extremadura 18.753.108 Galicia 23.403.848 Madrid 5.860.220 Murcia 3.223.905 Navarra 9.555.786 País Vasco 1.633.434 La Rioja Ceuta 266.657 Melilla 249.418 220.000.000 TOTAL Lo que se aprobó Servicios: De prevención y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y residencias. Tanto para la gran dependencia como para la dependencia severa. Ambos grados tendrán un número de horas determinado en la ayuda a domicilio: entre 70 y 90 para la gran dependencia, y entre 30 y 55 para la dependencia severa. Prestaciones económicas: Para cuidadores del entorno familiar, para un asistente personal y para contratar el servicio que se precise en el ámbito privado, siempre y cuando no lo pueda facilitar la red pública. La dependencia severa no podrá gozar de asistente. Los primeros que podrán disfrutar de estos servicios y prestaciones, este año, serán los grandes dependientes (grado III) más de 205.000 personas. El Gobierno propuso ayer financiar esta red de servicios con 220 millones de euros dentro del convenio con las comunidades. mo explicó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, si no hay convenio con una comunidad, ésta sólo recibirá el nivel mínimo. Por cada euro que ponga el Gobierno para garantizar el nivel mínimo de protección y por cada euro que ponga para el nivel que acuerde con la comunidad, la autonomía tendrá que poner también esos dos euros Prestaciones El peso de las comunidades El otro 50 restante de todo lo que cuesta la atención a un gran dependiente (1.014 euros) es decir, otros 507 euros, también serán sufragados por la autonomía. Hay que recordar que todas esas cantidades son adicionales a lo que las comunidades ya están gastando en cuidar a personas dependientes, pues ellas son las que tienen transferidas las competencias para ello. Con la reunión de ayer, el Gobierno ya da por completado el desarrollo de la ley de dependencia. De hecho, Valcarce animó a los ciudadanos que ya cuentan con una resolución sobre su grado y nivel de depen- Gran dependencia Prestación económica vinculada a la NIVEL 2 contratación de servicios en el ámbito privado NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 Compensación económica por cuidados en el entorno familiar Ayuda económica para la contratación de un asistente personal en el caso de personas discapacitadas dencia a que soliciten a las comunidades los servicios y prestaciones económicas que se aprobaron ayer. Sin embargo, hay una cuestión trascendental que queda pendiente y que se solventará en los próximos seis meses: la contribución económica que realizarán los usuarios por los servicios que precisen. Al no Total euros 780 585 561 464 780 585 estar resuelto el asunto del copago- -una práctica que ya realizan las comunidades para servicios residenciales sobre todo- las autonomías del PP estiman que van a coexistir 17 leyes de dependencia. Más información sobre la ley de dependencia en: http: mtas. es Financiación La presidenta del TSJ catalán pide no juzgar a algunos maltratadores por el colapso en los juzgados S. E. BARCELONA. María Eugenia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se mostró ayer partidaria de aplicar la mediación en determinados casos de violencia de género, dados el volumen de trabajo que soportan los juzgados que tratan estos asuntos y el número de mujeres que desisten de llevar su denuncia hasta el final. En la presentación de la Memoria del Alto Tribunal catalán correspondiente a 2006, Alegret informó de que los juzgados de violencia sobre la mujer fueron los que registraron un aumento más espectacular en cuanto a entrada de casos. Teniendo en cuenta que estos juzgados especializados comenzaron a funcionar en junio de 2005, la comparativa del último semestre de ese año con el mismo periodo de 2006 arroja un incremento del 24 por ciento. Mientras que en el segundo semestre de 2005 los juzgados de violencia de género en Cataluña recibieron 12.210 asuntos, en el mismo periodo de 2006 fueron 15.098. Los casos en trámite eran 4.456 en 2005 y 10.888 el año pasado. En todo 2006, entraron 28.259 asuntos, un 24 por ciento de los cuales incluían órdenes de protección que se concedieron en el 70 por ciento de las solicitudes. manos de sus parejas no ha disminuido, será necesario un seguimiento riguroso de los avances que la Ley de protección integral contra la violencia de género ha supuesto en la lucha contra esta lacra social El Congreso de los Diputados aprobó la ley por unanimidad en diciembre de 2004. María Eugenia Alegret pidió que la legislación no sea tan rígida y permita la mediación en determinados casos de violencia doméstica, en lugar de dejar como única vía la judicial. En opinión de la máxima responsable del TSJC, sería conveniente que la ley diferenciara los conflictos o episodios que tienen su origen en una situación puntual de crisis familiar de otras situaciones de vio- Seguimiento riguroso de la ley La presidenta del TSJC resaltó que, teniendo en cuenta que el número de mujeres muertas a lencia subyacente y permanente. Según Alegret, en el primero de los supuestos, la mediación quizá podría resolver algunos casos El aumento de denuncias por parte de las mujeres es, a juicio de la presidenta, el aspecto positivo de la Ley de protección integral. Sin embargo, el TSJ catalán ha constatado que en una parte significativa de las denuncias las víctimas no quieren continuar con la acción penal ni colaboran para aclarar los hechos. Por eso, María Eugenia Alegret mantiene que es necesario intensificar la información sobre los riesgos que esta actitud genera para las propias mujeres maltratadas. En Cataluña hay cinco juzgado dedicados exclusivamente a la violencia sobre la mujer, cuatro en Barcelona capital y otro en L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) En el resto de juzgados tienen que compaginar estos casos con las demás obligaciones legales, con los retrasos que ello comporta.