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ABC JUEVES 10 s 5 s 2007 ETA Batasuna regresa a las instituciones s Análisis de la resolución del TS ESPAÑA 13 El círculo no es cuadrado y ANV es Batasuna El Gobierno niega que el Supremo criticara su actuación en las demandas contra ANV, pero la realidad es tozuda y el auto de la Sala Especial es muy claro en muchos de sus párrafos. A continuación, se desgranan varios pasajes de la resolución la interposición del recurso que en este momento se examina no puede ser acogida por la Sala en los términos en que se propone (página 37) Se puede decir más alto, pero no más claro. El TS hace esta afirmación porque el Fiscal y la Abogacía del Estado utilizaron la vía del recurso contencioso- electoral contra una parte de las candidaturas de ANV El cauce impugnatorio escogido- -continúa el TS- -no es, propiamente, el marco adecuado para que la Sala ejerza la competencia que la LOPP (la Ley Orgánica de Partidos Políticos) le asigna en relación con los partidos políticos (página 37, in fine) Es más, el TS dice que la elección de esta vía procesal no es adecuada porque no cabe forzar la interpretación de la normativa vigente (LOPP y Ley Electoral) para poner en palabras del legislador lo que éste no ha dicho, llevando la competencia de la Sala a un supuesto diferente de aquellos que el legislador ha previsto (páginas 37 y 38) El TS está diciendo que tanto el Fiscal como la Abogacía del Estado han elegido el procedimiento inadecuado (el recurso contencioso- electoral) han configurado mal el objeto del litigio (impugnación parcial de las listas de ANV) y han planteado a la Sala Especial una materia ajena a su competencia (que se ciñe a la actividad ilícita de partidos políticos) La causa de estos tres errores está perfectamente descrita en el auto: no haber solicitado simultáneamente, la ilegalización del partido político mismo que las promueve y acoge todas ellas, por considerarlo continuador o sucesor de Batasuna (página 24) El TS tuvo la opción, perfectamente ajustada a Derecho, de inadmitir a trámite ambos recursos por falta de competencia, por inadecuación de procedimiento y por defecto en la delimitación del objeto litigioso. Explicar esto al ciudadano lego no es fácil, pero se hace necesario cuando se pretende propagar una interpretación infundada del auto. Realmente, la ilegalización de las candidaturas de ANV se ha producido porque el TS rehizo el procedimiento y, luego, admitió los escritos del Fiscal y la Abogacía del Estado. En efecto, el TS no inadmitió los recursos gracias a que transformó el procedimiento, pasando del recurso contencioso- electoral al incidente de ejecución de sentencia. Con esta decisión, el TS consolidaba su competencia, pues si los demandantes afirmaban que las candidaturas impugnadas eran sucesoras, en fraude de ley, de Batasuna, el único cauce procesal adecuado era el incidente de ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 2003, que ilegalizaba y disolvía el entramado batasuno. Lo que pretendían el Fiscal y la Abogacía del Estado al impugnar unas candidaturas concretas, sin pedir la ilegalización de ANV como partido ma, triz era una cuestión meramente electoral y competencia de la jurisdicción Contencioso- Administrativa. Sólo si tales candidaturas hubieran sido promovidas por agrupaciones de electores- -que no son partidos políticos- -no habría Jesús Zarzalejos Profesor de Derecho Procesal de la Complutense a sucesión de declaraciones de miembros del Gobierno sobre el contenido del auto de la Sala Especial del Tribunal Supremo que anula diversas candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, está basada en la certeza de que los más de cuarenta millones de españoles no se van a leer esa resolución para comprobar si es o no cierto que los magistrados han reprochado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado el planteamiento procesal de sus demandas. Sin embargo, incluso la polémica política debe someterse a unas reglas mínimas de respeto a la verdad. Que los ciudadanos no estén en condiciones de verificar cuándo se les engaña, no significa que sea lícito confundirlos sobre la realidad de los hechos. El auto de 5 de mayo de 2007 del TS claro que contiene reproches- -y muy graves- -al Fiscal y a la Abogacía del Estado, pero no los formula con la procacidad que parece exigir el Gobierno cuando reta a la oposición a señalar página, párrafo y línea en los que aparecen. Por lo pronto, el auto dice que L habido problemas en la competencia del TS, porque es un caso específicamente atribuido a su Sala Especial. Para despejar toda duda al respecto, el TS dedica un denso párrafo a explicar por qué fue preciso el cambio de procedimiento: Ante la hipótesis de que un partido político presentara candidaturas con el ánimo de defraudar los efectos de la ilegalización de otro partido político, es decir, con la finalidad abusiva de continuar con su actividad, quebrantando la sentencia de ilegalización, el cauce que el ordenamiento jurídico ofrece para salvaguardar la eficacia de la sentencia y precaverse de la posible concurrencia electoral que se tacha, en el recurso, de fraudulenta, es el de la solicitud de ilegalización del nuevo partido- -o del que, sin ser de nueva creación, sea aprovechado con el mismo designio elusivo- -que sirve de instrumento defraudatorio y el consiguiente incidente de ejecución de sentencia que se contempla en el artículo 12 de la LOPP para que, sobre la base de tal improcedencia, puedan establecerse las consecuencias de todo orden que son inherentes a ella (página 36) Es decir, si el Fiscal y la Abogacía del Estado querían ilegalizar candidaturas de un partido le- Visto el auto, a quien da la razón la Sala Especial es a sí misma, no al Gobierno, porque si la resolución del caso hubiera dependido de los recursos del Fiscal y la Abogacía del Estado, tal y como estaban inicialmente planteados, ni una sola de las candidaturas de ANV habría sido anulada gal como ANV tenían que ha, ber instado la ilegalización de este partido. Negar que esto sea lo que ha dicho el TS es un ejercicio de manipulación y como tal debe ser denunciado. Y si lo que faltaba, a juicio del Gobierno, era tiempo, y no voluntad política, los recurrentes podían haber pedido la inmediata suspensión cautelar de las actividades de ANV incluida la electoral. Cabe preguntarse por qué la Sala Especial, a pesar de este razonamiento, acabó anulando las candidaturas impugnadas, que es a lo que se acoge el Gobierno para afirmar que el auto le da la razón. Pues bien, el hecho de que no se instara la ilegalización de ANV no significaba que sus candidaturas no fueran instrumentos de sucesión fraudulenta de Batasuna. El problema es que siendo ilegales algunas de sus candidaturas, el Gobierno no promoviera la ilegalización del partido, pues es como buscar la cuadratura del círculo: las candidaturas están contaminadas, pero no quien las hizo. ¿Se puede ser sólo medio proetarra o medio terrorista? Para el Fiscal y la Abogacía del Estado, parece que sí. Desde luego, para los magistrados de la Sala Especial del TS, ANV es la nueva mutación de Batasuna: En el seno de este mismo proceso electoral, la estrategia diseñada por Batasuna pone de relieve la planificada penetración de sus miembros en las candidaturas del partido político ANV con la finalidad de instrumentalizar su personalidad jurídica a fin de perpetuar la actividad de aquella organización ilegal en la vida política (página 48) Visto el auto de 5 de mayo de 2007, a quien da la razón la Sala Especial es a sí misma, no al Gobierno, porque si la resolución del caso hubiera dependido de los recursos del Fiscal y la Abogacía del Estado, tal y como estaban inicialmente planteados, ni una sola de las candidaturas de ANV habría sido anulada.