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4 OPINIÓN JUEVES 10 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro POLÍTICA REGRESIVA CON LAS FAMILIAS A familia es sin duda un pilar básico para el satisfactorio desarrollo de las sociedades modernas. Actualmente, el de familia no es por sí mismo un concepto asimilable a tesis conservaduristas o propio de colectivos sociales a los que un progresismo mal entendido identifica, sin ningún rigor, con una determinada moral tradicional o con comportamientos rancios. La visión reduccionista de quienes perciben de ese modo la función de la familia en la sociedad sólo les permite realizar un análisis incompleto de la cuestión, tan plagado de prejuicios inexactos como absurdo e injusto. La familia es un activo social, un valor en sí mismo, y por ello la evidente desprotección que sufre donde paradójicamente más se debería proteger- -en las sociedades avanzadas y mejor dotadas económicamente, como las europeas- -deja en muy mal lugar a sus gobernantes. Las inquietantes conclusiones obtenidas por el Instituto de Política Familiar, que ha presentado en Bruselas su informe anual, Evolución de la Familia en Europa 2007 demuestran la pésima costumbre de buena parte de los gobernantes de la Unión de predicar sin dar trigo. El compendio estadístico del estudio a escala europea, del que ABC informa en páginas interiores, casi asusta en líneas generales; pero la reflexión de que en España el Gobierno socialista practica una política de familia regresiva más allá de ser una realidad, constituye un motivo de profunda preocupación, porque el tiempo está dando la razón a quienes vienen advirtiendo de que durante los últimos tres años se han aprobado normas legales que, lamentablemente, fomentan la ruptura familiar. Son muy reveladores datos como que España se encuentra entre los países con un índice de natalidad crítico índice que a duras penas consigue sólo maquillarse con una bolsa de inmigrantes diez veces mayor al crecimiento natural de la población; y es significativo que el número de separaciones o divorcios se haya multiplicado por tres en los últimos diez años; o que España sea el sexto país en número de abortos practicados. En Europa, uno de cada cinco embarazos termina en un aborto y se rompen dos matrimonios cada minuto. Estos son los datos. Y con todo, la Comisión Europea no cuenta con una institución dedicada específicamente a promover las políticas familiares; ni con un presupuesto exclusivo para ellas; ni con un Observatorio de la familia, ni con un Libro Verde exclusivamente centrado en sus necesidades reales. Cualquier compromiso alusivo a la familia queda preso de la maquinaria administrativa de la comisaría europea de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, cuando no en buenas palabras, mejores deseos y un veremos a ver Es lógico que los 450 millones de europeos no atribuyan los mismos valores a la institución familiar; lo que no es lógico- -más bien resulta irritante e intranquilizador- -es que los gobernantes de la UE, como norma general, asocien familia con palabrería hueca, demagogia y compromisos sin cumplir. L PRESENCIA EXTERIOR, LA ESPAÑA MENGUANTE O es ninguna casualidad que el Gobierno haya empezado a gesticular estos días para tratar de obtener una señal amistosa por parte de Estados Unidos. La victoria de Nicolas Sarkozy en Francia y su primera declaración de intenciones sobre política exterior ha convertido a España prácticamente en el único país de Europa que está fuera de la normalidad en la corriente transatlántica: sin tener en cuenta a Gran Bretaña, que mantiene invariablemente su lealtad con Washington, Angela Merkel hace tiempo que ha resuelto los malentendidos de la época de Gerhard Schröder, y hasta en Italia Romano Prodi mantiene relaciones normales y sin complejos con la Casa Blanca, a pesar de la presión insistente de varios de sus socios de coalición. En cuanto a los países recientemente incorporados, su sintonía con Washington es incluso mayor. La que fue llamada vieja Europa ha cambiado claramente el paso y Zapatero es en este sentido un residuo jurásico, no tanto de la época de la retirada intempestiva de Irak, sino incluso de una época muy anterior de tiempos de antinorteamericanismo trasnochado. Que un país como España tenga que estar a estas alturas anhelando la visita de la secretaria de Estado Condoleeza Rice y que, para colmo, se considere como bueno que este gesto represente el máximo grado de sintonía con el país más importante del mundo y del que en teoría somos aliados, es la expresión más evidente del fracaso de la política exterior de este Gobierno. Rodríguez Zapatero no solo no va a ser el primer presidente del Gobierno de la democracia que no pise la Casa Blanca, sino que ha sido el que proporcionalmente menos ha viajado al exterior en los últimos decenios y, sin embargo, es el que se ha atrevido a gestionar con más frivolidad los asuntos internacionales. Recordando en sus mítines- -como ya se verá en la campaña electoral de las municipales- -la decisión de abandonar N Irak y la fútil iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, parece sentirse satisfecho de una gestión repleta de fracasos. De todas las apuestas estratégicas que hizo al principio de su gestión (Hugo Chávez, Evo Morales, Mohamed VI... en el mejor de los casos no ha obtenido para España prácticamente nada, y en los otros ha tenido que abandonar disimuladamente ciertos terrenos políticos, donde hubiera sido imposible seguir sin correr el riesgo de hundir el prestigio de nuestro país. Todos los acuerdos que se firmaron con el presidente venezolano, por ejemplo, fueron un despropósito tras otro, y lo único bueno de esa gestión ha sido hacerlos olvidar sin demasiado ruido. España ha pasado a ser políticamente irrelevante en Europa y lleva camino de quedarse sola en la OTAN. En Oriente Medio, La Moncloa llegó a anunciar con temeridad nada menos que una iniciativa de paz que fue automáticamente rechazada por las partes. Zapatero ha escogido aliados que cuando no han nacionalizado las empresas españolas, le han tratado con desprecio intolerable, como ha sucedido en casos como el de los emigrantes llevados a Mauritania. Si no hubiera sido por las valiosísimas gestiones de Su Majestad el Rey y su intervención en momentos fundamentales, el desastre podría haber sido aún mayor. Por fortuna no todos los gobiernos se comportan con la misma superficialidad, y frente a los desplantes y los gestos hoscos- -el último de ellos la desafortunada visita a La Habana y el desprecio lamentable que se hizo a los demócratas en contra de la posición común de la UE- los demás países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos, mantienen, pese a todo, las formas y el sentido común, porque saben que tarde o temprano- -cuanto antes mejor- -será necesario rectificar la política exterior española y volver a situarla donde debe estar: en la esfera de sus principales intereses y los de nuestros aliados naturales. AFINSA, INVERSORES DESAMPARADOS N año después de la suspensión de las actividades de Afinsa y de Fórum Filatélico, los afectados todavía esperan que alguien ofrezca una solución razonable. Más de 400.000 personas se han visto perjudicadas por irregularidades jurídicas y económicas que dejan en el aire el futuro de sus ahorros. Hay múltiples procesos abiertos y un gran despliegue de actividad por parte de las organizaciones de consumidores, incluso con frecuentes protestas en la calle, pero la administración sigue mirando para otro lado pese a que los afectados reclaman al Estado más de 500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Parece evidente que los poderes públicos incumplieron su función de control y supervisión al permitir a estas empresas funcionar de manera irregular, por lo que no pueden ahora desentenderse del asunto, ni limitarse a ofrecer unas ayudas de cuantía tan reducida que las asociaciones las califican de limosna Ahora bien, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos- -en este caso, los fallos de control y supervisión- -es difícil de probar, y los procedimientos judiciales son muy lentos, como ya ocurrió en el caso del aceite de colza, con pleitos que se prolongaron casi veinticinco años. Del patrimonio de Afinsa y Fórum Filatélico parece que no se puede esperar gran cosa U a efectos de indemnizaciones, dado que fuentes jurídicas estiman que el agujero de dichas empresas es muy superior a los 4.700 millones ya detectados. La posibilidad de crear un fondo de compensación para reparar la situación de muchos pequeños ahorradores exigiría no sólo un amplio acuerdo político, sino también un riguroso análisis financiero, porque no debe hacerse recaer sobre el conjunto de los contribuyentes el fracaso de una empresa privada y de sus gestores. Por ello, resulta imprescindible agilizar los procesos pendientes- -incluidos los de ámbito penal- -para determinar con exactitud la responsabilidad de cada cual y obrar en consecuencia. Es evidente que asuntos de estas dimensiones ponen a prueba la agilidad de la justicia y conllevan un reto para la realidad práctica del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama la Constitución. El Ejecutivo continúa sorprendentemente en una actitud de total desinterés, poniendo algunos parches y eludiendo cualquier actuación eficaz. De hecho, ha tardado un año en elaborar un proyecto de ley sobre la protección de los consumidores en los contratos sobre bienes tangibles y parece confiar en que las heridas se curen con el paso del tiempo y el desánimo de los afectados. Es una actitud inaceptable en un Gobierno que debería atender al mandato de la Constitución sobre defensa de los consumidores.