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4 OPINIÓN MARTES 8 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MÁS PRIVILEGIOS AL CONCIERTO ECONÓMICO N su inagotable capacidad de generar constantemente nuevas reivindicaciones, el nacionalismo vasco está presionando al Gobierno central para que blinde el Concierto Económico de manera que las normas tributarias aprobadas por los órganos forales de los Territorios Históricos- -Álava, Guipúzcoa y Vizcaya- -sólo puedan ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, dándoles tratamiento de leyes, pese a que no lo son. La responsabilidad inicial de esta demanda nacionalista es del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien alimentó las expectativas del PNV al no zanjar la cuestión con claridad cuando se le planteó hace más de un año. También del PSOE, que pactó unas enmiendas con los nacionalistas a la ley del TC para asegurar el blindaje del Concierto vasco, aunque, finalmente, no fueron introducidas en el texto del proyecto. La intención de los nacionalistas- -animada por la falta de determinación del PSOE y del Gobierno- -va más allá de la mera protección de la competencia tributaria de las Diputaciones Forales vascas. Actualmente, estas normas fiscales son impugnables ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la cual ha consolidado una jurisprudencia que limita el ejercicio de la potestad fiscal de los Territorios Históricos para evitar la vulneración de los principios de igualdad y de libertad de empresa, entre otros. Otro motivo de la petición nacionalista es que los recursos contra estas normas son interpuestos por comunidades autónomas vecinas, que temen el llamado efecto frontera es decir, la fuga hacia el País Vasco de empresas locales para beneficiarse de las vacaciones fiscales vascas; y también por organizaciones empresariales de La Rioja y de Castilla y León. El PNV quiere acabar con esta situación suprimiendo el control judicial de las normas forales tributarias y creando para ellas un fuero constitucional. Además, y este es el principal propósito político de la reclamación, el nacionalismo busca ganar terreno para una relación bilateral entre el País Vasco y el Estado, a través del tratamiento de las normas forales tributarias como si fueran leyes- -en contra de lo que ha dicho reiteradamente el Tribunal Supremo- dando cuerpo constitucional a una suerte de cosoberanía que situaría en el más alto órgano de aplicación de la Constitución las disputas legales sobre la ejecución de las competencias fiscales previstas por el Concierto vasco. Bajo el pretexto de dar estabilidad -es decir, inmunidad- -a este régimen privilegiado de financiación de los Territorios Históricos, el nacionalismo aspira a dar un paso en la confederalización de sus relaciones con el Estado. Zapatero anunció en el Senado, días atrás, que el Gobierno reformaría, sin mencionarlas, una, al menos, o dos normas con rango de ley para fortalecer la seguridad jurídica del Concierto Económico como si actualmente esta norma se hallara desprotegida. Esta es la ambigüedad tan nociva que está socavando la solidez del Estado de las autonomías y alimentando las exigencias más radicales de los nacionalismos. E CNMV, UN POLVORÍN PARA ZAPATERO A política económica ha sido hasta ahora el área menos polémica en la gestión del Gobierno. Jugando a favor de la coyuntura y a partir de una herencia muy positiva, el buen comportamiento de nuestra economía no se ha visto entorpecido por medidas erráticas o decisiones incomprensibles, como ha sucedido en otros múltiples sectores. Sin embargo, la opa sobre Endesa amenaza con llevarse por delante la imagen de sensatez transmitida por los responsables de Economía y Hacienda. Consecuencia directa dela intromisión del Ejecutivo en la vida delas empresas, la crisis dela CNMV seha cerrado en falso con la renuncia traumática de Manuel Conthe, la continuidad deun vicepresidentedesprestigiado yladesignación de un presidente débil e incapaz de transmitir confianza a los mercados. Conthe ha sido protagonista de estos años de gestión económica del PSOE y es, por tanto, depositario de una información muy sensible. Sus declaraciones abren la puerta a un escándalo de grandes dimensiones. Asegura el anterior presidente del organismoregulador queArenillas recibió de la Oficina Económica de La Moncloa el informe del caso FG Valores que ponía en entredicho la gestión de Francisco González, propietario de la firma y actual presidente del BBVA. Las acusaciones son muy graves, y elorigen deesta denuncia pública les otorga una presunción de que algo hay de cierto en todo ello. De ahí que el Gobierno tenga la obligación de dar explicaciones ante la opinión pública, porque están en juego la credibilidad de las instituciones y la percepción de España como un Estadode Derecho, dondelos poderes públicos cumplen sus funciones de forma objetiva e imparcial. El Gobierno debe adoptar medidas contundentes. La situación deArenillases insostenible, y nosirveseguirmirandopara otro lado, como se ha hecho respecto de sus relaciones con entidades a las que está obligado a supervisar. La CNMV tiene una importancia determinante para la confianza del mercado y se encuentra en una situación de crisis galopante. La responsabilidad alcanza al propio presidente del Gobierno, que debería controlar algrupo de expertos integrados en laoficina económica de La Moncloa y de los que cabe sospechar que actuaron de forma muy activa para hacerse con el control de una L entidad bancaria privada. Es imprescindible que se aclaren cuanto antes las responsabilidades de unos y de otros y que la Fiscalía más allá de la evidente vulneración de las normas éticas más elementales. El propio Manuel Conthe tendría también que aclarar su actuación en este asunto y su decisión de no denunciar los hechos cuando era presidente dela CNMV aunque el archivo de este asunto, a instancia suya, le descarga de ulteriores responsabilidades. No es extraño que el PP reclame la dimisión de Arenillas, estimando que su presencia contamina cada día que pasa al organismo supervisor de los mercados bursátiles. En todo caso, la posibilidad de un concierto entre los agentes del Ejecutivo y los titulares de una entidad pública que debe ser independiente supone un escándalo de dimensiones considerables, en la medida en que su objetivo fuera alterar los equilibrios de poder en una de las principales entidades financieras españolas y europeas. El intervencionismo del Gobierno en materia económica produce consecuencias intolerables en una economía de mercado. El Ejecutivo, elpartidoquelosustentay sus afines en ámbitos empresariales ocupan puestos que deberían estar reservados apersonas estrictamenteimparciales ydemáximacompetencia profesional. En un Estado de Derecho los límites a la acción del Gobierno exigen que nadie se extralimite en sus funciones ni aproveche la información de que dispone para alterar el libre juego de la dinámica empresarial. La opa sobre Endesa y sus secuelas han dejado al descubierto las flaquezas de unos y la disposición de otros para obtener provecho personal de los cargos que ocupan. Es una pésima noticia para un Gobierno debilitado en otros muchos frentes y que se jacta de la buena marcha de la economía como uno de sus activos principales. Por el camino que llevan las cosas en estas últimas semanas, Zapatero seenfrentaa los efectos deun peligrosopolvorín de imprevisibles consecuencias políticas. Por cierto, que ante la gravedad de las acusaciones de Conthe no estaría de másqueSebastián, aspirantea alcaldedeMadrid, ofreciera algún tipo de explicación medianamente convincente, porque está en juego su credibilidad y honestidad política. EL GOBIERNO Y LOS PAPELES DE ETA A peor noticia que podría recibir el Gobierno es que su proceso de negociación con ETA acabara apareciendo en papeles incautados por la Policía a presuntos terroristas e incorporados a un proceso penal. Este dato no es fruto de la especulación, ni de la crispación, sino que aparece en el auto de procesamiento dictado por el juez Ismael Moreno contra, entre otros, el etarra Arkaitz Agote, miembro del nuevo comandoDonosti En concreto, a Agotelefueintervenido un dispositivo informático de almacenamiento de datos en el que había guardado documentos sobre negociaciones- conversaciones con el Gobierno, el PSOE y el PNV El socialista José Blanco ha querido rebajar la gravedad del hallazgo afirmando que todo el mundo sabe que el Gobierno inició un proceso de diálogocon ETA como si fuera lo másnormalqueun terrorista guarde información que pueda comprometer al Ejecutivo. Lo cierto es que por el Gobierno nada se sabe de ese diálogo, ni de sus tiempos, ni de sus contenidos. Ni ETA, ni las resoluciones judiciales son las fuentes de información correctas para quelos españolesnosenteremos dequéha hecho, dichoy pactado su Gobierno con una banda terrorista. Por eso, respetando la investigación judicial y anticipándose a debates infundados, es el Gobierno quien debería informar del contenido de esos documentos. Si el Congreso fue comprometido para apo- L yar el final dialogado de la violencia también debe ser el foro para dar a conocer los medios y los contenidos de ese diálogo con ETA y debatir sobre ellos con Mariano Rajoy. Con todo, lo más gravees que elEjecutivo se comporta como quien camina a ciegas porque ha perdido el rumbo. El Ejecutivo no controla la situación porque se ha comportado irresponsablemente no sólo por ofrecer a ETA un diálogo político que la ha rescatado de una derrota inminente, sino también por no haber sido capaz de gestionar los contactos con los terroristas con un mínimo de prudencia. Sólo es cuestión de tiempo que vayan saliendo más papeles y es mejor que Zapatero, en vez de dar la callada por respuesta, asuma la obligación de informar ya a los españoles. Por si fuera poco, en la documentación de Agote aparece la estrategia de Batasuna para presentarse a las elecciones, con opciones que encajan con las planteadas por los proetarras: ASB, las agrupaciones y ANV Los resultados de la investigación judicial demuestran que los acontecimientos discurren al son que marca ETA, cuyo objetivo no es que el Gobierno haga concesiones parciales, gestos de abdicación o discursos equívocos, sino acumular fuerzas (armas, dinero, escaños, concejalías) que le permitan reactivar sus frentes. ETA no quiere volver a las instituciones para hacer política, sino para hacerse más fuerte.