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56 MADRID LUNES 7 s 5 s 2007 ABC AL DÍA Luis Prados de la Plaza Luis María Huete Ex diputado regional Simón Viñals Ex concejal de Salud Antonio Moreno Ex concejal de Régimen Interior José Ignacio Rodrigo Presidente de Funespaña CERO EUROS n el revuelo de mayo florido, donde tantas noticias se inventan o se esconden, no acabo de comprender los piropos del señor alcalde a la señora delegada del Gobierno, debidamente correspondidos, porcierto: tan cierto, como laevidenciadeuna inseguridad ciudadana que camina hacia la puñalada o el disparo de bala, dos o tres veces por semana. A la gravedad de los sucesos en Malasaña, aprovechando el Dos de Mayo, le han pasado una mano de pintura, semejante a la práctica de echarle agua al vino, como los taberneros pícaros que barrían paracasa. Interesa siempre, y ahora más que nunca, proclamar un estado de seguridad quenoexiste, la coordinación policial necesaria y la vigilancia efectiva que están exigiendo los vecinos normales (o sea, la gente que vota) No podemos creernos lo que nos cuenten. No inventen ustedes la verdad... Parodiando a Larra, cuando afirmaba que lo importante es robar vivimos tiempos de diálogos políticos de esfuerzos constantes para demostrarnos que lo importante también es mentir (o sea, que tampoco se ha cambiado lo uno por lo otro, sino que a los dos vicios se les aplica la compatibilidad plena) El lío de las competencias y las incompetencias que practican en cada patio de la Administración (y dentro de cualquiera de ellas) tanto en el capítulo de los dineros como en el de las obligaciones principales, vuelve a recordarnos la necesidad de aplicar pactos locales que han estado en los escritos de la teoría y se han escondido por los rincones a la hora de arrimarlos a la práctica. El abandono de obligaciones principalessedisimulacongrandes fastos o camisas de once varas concurso de promesas y arrebatos que han convertido las campañas electorales en una especie de cuerpo de guardia permanente, aunque tanta ropa siga sucia y muchas casas sin barrer. Más que servir, servirse, lo cual produce escenas indeseables, como la aventura de la ministra de Fomento, que se coló en el huerto de la Comunidad de Madrid para inaugurar lo que no le pertenece... Acción furtiva, que acabó con un ¡vuelve apor otra! rebote que le está empleado en el recuerdo de lo que, en tres años de pisoteo de leyes, le ha entregado el Gobierno central (donde ella parece fomentar la campaña local de su partido) a Madrid, capital de España: cero euros E Luis María Huete, ex diputado regional, era primer teniente de alcalde en 1992. El Fiscal le acusa de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y pide seis años de prisión y 10 de inhabilitación en cargo público. Huete aseguró en su momento: La verdad resplandecerá. La presunción de inocencia, en un mundo democrático, no se puede olvidar Era entonces concejal de Sanidad y se le considera el padre del Samur. Simón Viñals está acusado de los mismos delitos, y con las mismas penas, que Luis María Huete y Antonio Moreno. Viñals fue, según el Fiscal, quien encargó a José Ignacio Rodrigo, socio privado de la funeraria después, y entonces asesor del Ayuntamiento, que contactara con posibles empresas interesadas en comprar el 49 por ciento de la funeraria municipal. Antonio Moreno, como responsable del área de Régimen Interior, tramitó el pliego de condiciones que rigió en el concurso convocado al efecto de privatizar parcialmente la funeraria. Según las conclusiones del Fiscal Anticorrupción, dicho pliego vulneraba de manera frontal y palmaria varias normas legales por su inconcreción, y se tramitó por la vía de urgencia de una forma injustificada. El Ministerio Público solicita 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación para José Ignacio Rodrigo, presidente de la empresa Funespaña y abogado. Rodrigo fue contratado como asesor por el Ayuntamiento para la privatización y se convirtió en principal accionista de la Funeraria. Según el fiscal tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la Funeraria municipal. Arranca el juicio del caso Funeraria tras quince años de avatares judiciales Tres ex concejales del PP y el presidente de Funespaña se sientan en el banquillo de los acusados por la presunta privatización ilegal de la Funeraria en 1992 ABC MADRID. Once años después de llevar el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, y quince desde que se originara, la venta parcial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios se verá desde hoy ante los tribunales. El juicio al ex diputado regional Luis María Huete, a los ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno y a otros seis imputados en el denominado caso Funeraria comienza hoy en la Audiencia Provincial después de un largo y tortuoso proceso jurídico. En el caso Funeraria se investigan supuestas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de la funeraria municipal de Madrid en 1992 cuando el Ayuntamiento, regido por el PP, vendió a la empresa Funespaña el 49 por 100 de las acciones por el precio de 100 pesetas (60 céntimos de euro) También están acusados el presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo; el gerente, Juan Antonio Valdivia; su hermano y consejero delegado de Funespaña, Angel Valdivia; Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort; Ignacio de la Mora; y Ricardo Guindos. La Fiscalía Anticorrupción reclama por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, penas de 6 años de prisión para Huete, Viñals y Moreno y de 19 años para Rodrigo y los hermanos Valdivia. Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE pide 8 años de cárcel para Huete, Viñals, Moreno, Rodrigo y los hermanos Valdivia por malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas. Las diligencias se incoaron en virtud de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción contra, entre otros, Huete- -primer teniente de alcalde en el momento de la venta- Viñals y Moreno, ediles entonces de Sanidad y Régimen Interior, respectivamente. El caso fue instruido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya que dada la condición de diputado de Huete era el órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa, pero al haber perdido su condición de aforado la vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid. El escrito del fiscal señala que los tres ex concejales concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento pal en ese entonces, Francisco Yánez, desatendió los intereses de la empresa para que se adoptaran soluciones tendentes a mejorar o a simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera En particular Huete y Viñals (ex concejales acusados) omitieron deliberadamente cualquier tipo de actuación en este sentido prosigue. Las conclusiones provisionales del Fiscal indican que los procesados aprovecharon el Pleno Municipal para que se aprobaran propuestas formuladas por diferentes grupos de muy diversa naturaleza y sentido, manifiestamente incompatibles, algunas de las cuales implicaban inequívocamente el mantenimiento del cien por cien del capital social en manos del Ayuntamiento El acusado Moreno dictó un decreto, eligiendo de manera caprichosa y parcial una de las propuestas, ordenaba dar entrada en dicha empresa a la iniciativa privada en porcentaje máximo del 49 en concurso público Mientras tanto, el texto explica que el abogado Rodrigo se puso en contacto con otro de los acusados, Valdivia Gerada, representante legal de Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización El fiscal señala que Funespaña en ese momento era una empresa carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres de una localidad a otra Consclusiones del fiscal Así, la Fiscalía dictamina que uno de los acusados, el abogado José Ignacio Rodrigo, tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la Funeraria municipal y sobre todo acerca de la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización Rodrigo, según el texto, se formó el propósito de obtener personalmente una importantísima ventaja económica con el apoyo de los concejales acusados. El fiscal añade que el gerente de la Funeraria munici- Fechas clave 1992, diciembre. Aprobada la venta del 49 de la funeraria. 1996, mayo. IU presenta una denuncia en Anticorrupción. 1998, 30 de enero. El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades. 1999, 16 de septiembre. Anticorrupción presenta una querella ante el TSJ. 2002, 23 de septiembre. El TSJM abre el juicio. 2003, 24 de octubre. El TSJ remite el caso a la Audiencia. 2007, 7 de mayo. Arranca el juicio en la Audiencia.