Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
30 ESPAÑA La inmigración en España LUNES 7 s 5 s 2007 ABC Los dependientes podrán ser cuidados por inmigrantes formados en sus países de origen Se ha pedido a naciones extranjeras trabajadores para cubrir puestos de auxiliares de geriatría y asistentes domiciliarios M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sentado las bases para comenzar a impartir programas de formación profesional que preparen a inmigrantes en sus países de origen con el objetivo de que, a corto plazo, puedan atender a las personas dependientes. A pesar de que el Ministerio niega que ya se hayan puesto en marcha estos cursos e insiste en que no se ha avanzado ni se sabe nada de esos proyectos de formación, lo cierto es que una orden ministerial de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) regula tal posibilidad. Este mandato permite que empresas y organizaciones puedan formar y contratar a inmigrantes como auxiliares de enfermería de geriatría, asistentes domiciliarios y asistentes- acompañante de personas. La orden regula, en concreto, las subvenciones que se pueden otorgar para financiar los programas destinados a la formación e inserción laboral de trabajadores inmigrantes. Una vez finalizado el periodo de preparación, las entidades que han impartido esos cursos están obligadas a contratar a parte de sus alumnos, preferentemente por tiempo indefinido La formación y la posterior contratación se realizarán para ocupaciones que se encuentren en el contingente de trabajadores extranjeros en vigor o en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura Y tanto en uno como en otro documento aparecen profesiones relacionadas con el cuidado a las personas dependientes: en concreto, auxiliar de enfermería de geriatría, asistente domiciliario, asistente- acompañante de personas y cuidador. Por tanto, para todos esos casos el Gobierno concederá subvenciones y ayudas a entidades que formen a inmigrantes en sus países de origen y después asuman el compromiso de contratación de un porcentaje de ellos. Junto a las ocupaciones relacionadas con la dependencia aparecen otras del sector de la construcción, de servicios y hasta licenciaturas de diferentes especialidades de medicina. Los programas de formación, que serán gratuitos para los inmigrantes, pueden ser im- Mayores de una residencia de Guipúzcoa son atendidos por una trabajadora inmigrante partidos tanto por entidades públicas como privadas, así como españolas y extranjeras. La orden ministerial recoge que en la selección de los alumnos podrán participar las embajadas y las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las comunidades. Las subvenciones que se concedan se cargarán al Servicio Público de Empleo Estable, para su gestión directa en los Presupuestos Generales del Estado. cula que para resolver esas situaciones se crearán alrededor de 300.000 nuevos nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hasta el propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya ha advertido de la falta de mano de obra en nuestro país para cubrir esos puestos. Así lo expresaba, apenas quince días antes de la aprobación de la ley de dependencia (el pasado 30 de noviembre) en unas jornadas organizadas por el Instituto Edad Vida. El ministro adelantaba por entonces que, con toda seguridad, la cantera de donde obtener los profesionales para atender a los dependientes provendría de la inmigración. Ante esta situación, no es de extrañar que España llame a la puerta de otros países. De hecho, ya ha dado ese paso. El contingente de trabajadores extranjeros para 2007 propone 1.466 puestos relacionados con la atención a la dependencia: se han pedido a otras naciones 1.250 auxiliares de enfermería ABC Ocupaciones y profesiones Cobertura Los servicios de atención a las personas dependientes irán implantándose poco a poco a lo largo de los próximos ocho años hasta que, en 2015, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) esté a pleno rendimiento y beneficie a 1,2 millones de españoles. El primer año, es decir, 2007, entrarán en el SAAD los grandes dependientes (223.457 personas) En 2008 y 2009, se incorporarán los dependientes severos (unos 375.000) Y en los siguientes años, los dependientes moderados: en torno a un millón. Hoy día la cobertura de servicios de que goza este colectivo es la siguiente: la ayuda a domicilio sólo llega al 3,5 de las personas mayores de 65 años, la teleasistencia al 2,8 las residencias al 3,8 y los centros de día al 0,5 Todo hace pensar que estos servicios deberán ampliarse en el futuro. Un filón de empleo De esta forma se abre la puerta a la formación y contratación de inmigrantes para un sector, como la atención a las personas dependientes, que se ha convertido en un nuevo filón de empleo desde donde lloverán miles ofertas durante los próximos años para muchos tipos de profesionales. No en vano, cuando la ley de dependencia se encuentre totalmente implantada y a pleno rendimiento, en 2015, recibirán asistencia más de 1,2 millones de españoles que precisan ayuda para realizar tareas básicas de su vida diaria. Y se cal- Peticiones a otros países de geriatría, 146 cuidadores profesionales y 70 asistentes domiciliarios para las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Madrid y Murcia. Sorprende el caso de Madrid, que ha solicitado mil auxiliares de enfermería de geriatría de otros países. Desde luego, la atención a las personas dependientes tiene todo un futuro por delante. Hoy día, esos cuidados los prestan las propias familias en más del 80 por ciento de los casos. La cobertura del sistema sanitario y los servicios sociales resulta claramente insuficiente. En nuestro país, y en el caso de las personas mayores de 65 años, sólo el 3,5 por ciento recibe ayuda a domicilio, lo que supone 256.992 plazas para un colectivo que ya representa más de 7,2 millones de personas. Peor es el caso de los centros de día. Cubren al 0,5 por ciento de esta población, es decir, sólo hay 39.554 plazas para atenderlos. Y también las residencias son escasas: 283.143 plazas, de las que más de la mitad son privadas y sólo un 25 por ciento públicas.