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4 OPINIÓN SÁBADO 5 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PRESIDENTE INADECUADO EN LA CNMV OR si quedaba alguna duda, la obligada comparecencia del candidato a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el Congreso de los Diputados ha dejado muy claro que Julio Segura no es la persona idónea para el cargo. Nadie trata de poner en duda su trayectoria profesional, sino la oportunidad de su designación en un contexto de crisis institucional. La dimisión de Manuel Conthe culmina una etapa que deja mal parado al organismo regulador, incapaz de resistir las presiones del Ejecutivo y víctima de las influencias cruzadas entre La Moncloa y la vicepresidencia económica del Gobierno. La CNMV es hoy una institución desprestigiada, cuyo régimen jurídico y funcionamiento deberían ser objeto de una seria reforma. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido huir hacia adelante de acuerdo con la vieja técnica del como sea nombra a un presidente débil, cuyos movimientos van a ser analizados con lupa, y mantiene a Carlos Arenillas como vicepresidente y hombre fuerte de la Comisión, a pesar de las recientes revelaciones sobre algunas actividades poco apropiadas para el puesto que ocupa. El grupo de amigos reunidos en torno a Intermoney sigue planeando sobre la política económica del PSOE mientras Pedro Solbes empieza a mirar los toros desde la barrera. Sólo falta que vuelva Miguel Sebastián, una vez que concluya lo que aparentemente es una etapa transitoria como candidato ocasional al Ayuntamiento de Madrid. Julio Segura reconoció ante los diputados que Intermoney gestiona su patrimonio desde 1990 en la modalidad de administración ciega que sin duda implica un notable grado de confianza entre el cliente y los gestores. Por muy independiente que pretenda ser, es fácil constatar que su relación con los economistas que rodean a Zapatero le hace susceptible de ser receptivo a las influencias. La presencia de Arenillas, mucho más cercano a los núcleos de la decisión política, convierte además al nuevo presidente en una figura poco más que decorativa, ya que carece del liderazgo necesario para transmitir a los mercados la imagen imprescindible de independencia y objetividad. Es curioso, por otro lado, que el PSOE lleve toda la legislatura procurando dejar aislado al PP en el Parlamento y que, en este caso, sea el Grupo Socialista el que haya sido abandonado de forma ostensible por sus socios habituales. El PP votó en contra de Segura y CiU, ERC, IU y PNV se abstuvieron, de manera que el nuevo titular de la CNMV recibió el pase formal que corresponde al Congreso con el único apoyo de los diputados socialistas. En tiempos de turbulencia bursátil y de nubes que se avecinan en el horizonte económico, el apoyo exclusivo del grupo que sustenta al Gobierno no es una buena premisa para abrir un tiempo nuevo en una institución que ha demostrado una notable fragilidad. P UN INMENSO ERROR DEL GOBIERNO A decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo de cambiar el procedimiento para resolver las demandas de ilegalización de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca constituye un revés en toda regla a la errónea estrategia procesal elegida por el fiscal y el abogado del Estado. Estos órganos presentaron sendos recursos contencioso electorales contra parte de las listas de ANV lo que suponía, por un la, do, descartarla ilegalización deestepartido y, porotro lado, enjuiciar separadamente sus candidaturas. Sin embargo, la Ley de Partidos Políticos no contempla la posibilidad de llevar a cabo un juicioen tales términos y no porque, comoha dicho laFiscalía, exista una laguna en sus preceptos, sino porque no es admisible, ni a efectos teóricos, que pueda ser legal un partido político que presenta candidaturas tachadas de suceder fraudulentamente a otro partido disuelto. De la misma manera que la ley no contempla la posibilidad de discriminar entre candidaturas contaminadas y no contaminadas cuando todas ellas son elaboradas por la misma formación política. Tal valoración selectiva es posible cuando se trata de agrupaciones de electores porquecada unaes jurídicamenteindependientede las demás y no proceden de un partido concreto. El cambio de procedimiento decidido por la Sala del 61- -y aceptado previamente por la Fiscalía para evitar la inadmisión de plano de su demanda- -es el resultado inevitable de una estrategia política del Gobierno: la de mutilar la descripción de ANV como una realidad ilícita en su integridad. Al descartar el procedimiento electoral y reconducir las demandas de nulidad por el cauce de la ejecución de sentencia, la Sala del 61 sitúa correctamente, en términos procesales- -ahora son otros los problemas legales- la situación de las candidaturas impugnadas: éstas son pura prolongación o sucesión fraudulenta de Batasuna y constituyen una vulneración de la sentencia de 27 de marzo de 2003, que ilegalizó a los partidos proetarras. Sin embargo, la debilidad argumental y la incongruencia interna de los escritos del fiscal y de la Abogacía del Estado no se subsanan con este cambio de procedimiento, sino que se acentúan, porque se hace aún más difícil de aceptar la posibilidad de que unas candidaturas de ANV sean ilegales por estar al servicio de L ETA Batasuna y otras no. Tan inaceptable como que, a pesar de esa contaminación, ANV no esté siendo ya ilegalizada, a pesar de ser la nave nodriza de las listas contaminadas. La excusa de que un procedimiento de ilegalización de ANV consumiría demasiado tiempo y no impediría la presentación de sus listas electorales no tiene ningún fundamento. No lo tiene porque el fiscal y la Abogacía podían haber pedido desde el principio que se resolviera la ilegalidad de ANV como un incidente de ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 2003, lo que se puede realizar en un corto espacio de tiempo. Además, siempre habrían podido solicitar la medida cautelar de suspensión de las actividades políticas de ANV que supondría la automática desactivación de to, das sus candidaturas, sin necesidad de entrar a impugnarlas de forma individualizada. Por tanto, la Ley de Partidos Políticos no tiene ninguna laguna. Las carencias están en las demandas de la Abogacía del Estado y del fiscal, que han creado una tercera vía procesal- -inexistente e inadmisible- -para dar cobertura a la voluntad política del Gobierno de dejar a salvo a ANV y poder jugar a las dos bandas que lo ocupan: la de ETA, por un lado, que exigía la presencia de la izquierda abertzale- -así llamada por los terroristas- -en las elecciones del 27- M; y la de la opinión pública, por otro, que reclamaba una acción contundente para evitar la vuelta de ETA a las instituciones. El error de planteamiento jurídico ha quedado al descubierto por la decisión de la Sala del 61, pero también el error de apreciación política que subyace en esta sucesión de apariencias y mensajes equívocos que protagoniza el Gobierno. Zapatero parece no haber entendido aún que las concesiones parciales no calman a ETA lo más mínimo. Al contrario, ETA no encuentra ningún motivo para desistir del terrorismo porque sabe que el chantaje le resulta rentable: antes, con Otegi o con De Juana; y ahora, a pesar del atentado de la T- 4 y de las tres víctimas mortales, con estas argucias leguleyas, con las que el fiscal y la Abogacía del Estado han pretendido revestir de legalidad lo que es una mera servidumbre a las necesidades urgentes de un Gobierno empantanado en un proceso de paz inviable. DULCE DERROTA PARA DESPEDIR A BLAIR ESPUÉS de dar por hecho que representarían una derrota humillante para el primer ministro Tony Blair, las elecciones municipales y regionales celebradas en Gran Bretaña no han sido el varapalo que muchos esperaban. Es frecuente que los políticos se adjudiquen victorias hasta en las condiciones más inverosímiles, pero en este caso los resultados han desmentido claramente las predicciones más agoreras. En el momento de su retirada, se puede considerar que esta dulce derrota es, sin duda, un resumen más apropiado de sus diez años de mandato que la catástrofe estrepitosa que esperaban sus adversarios. Es más, después de una década, incluso cabe anotarla en parte como efecto del desgaste natural más que como el ajuste de cuentas que teóricamente los británicos estaban dispuestos a propinarle. Pese al avance de los conservadores, su líder, David Cameron, no debería pensar que el cambio político en el Reino Unido sea cosa hecha, porque todavía queda legislatura por delante para que los laboristas intenten rehacerse bajo la batuta de Gordon Brown. Ni ha sido una gran derrota para los laboristas, ni tampoco los conservadores pueden jactarse de haber logrado una gran victoria. D En Escocia, donde los desencantados de Blair tenían la oportunidad de elegir una alternativa que no le diera ventaja a los conservadores, los nacionalistas tampoco han obtenido- -ni muchísimo menos- -los resultados que esperaban. Es evidente que la promesa de proclamar la independencia no ha sido una propuesta atractiva para la inmensa mayoría de la población. Incluso teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista puede llegar a ser la primera fuerza política en número de escaños, los escoceses han sido sensatos y han puesto de manifiesto que, si el Partido Nacionalista sigue por el camino del soberanismo, su margen de maniobra se agota enseguida. Los que desde posiciones ideológicas equivalentes tenían expectativas de aprovechar el factor escocés como modelo y detonante para sus propios intereses locales no tienen nada que celebrar. Y por encima de todo, el principal reproche debe ser para la administración electoral, que ha hecho las cosas de la peor manera posible: la experiencia ha vuelto a demostrar que los intentos de sustituir las viejas urnas por mecanismos electrónicos no siempre contribuyen a la transparencia y la funcionalidad de las elecciones.