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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 2 s 5 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL AMARGO ADIÓS DE TONY BLAIR ONY Blair va a pasar a la historia de Gran Bretaña como uno de los grandes primeros ministros. Cuando toda la humareda que desprende en estos momentos la guerra de Irak permita vislumbrar las cosas más claramente, su paso por Downing Street será recordado entre los periodos que cambiaron Gran Bretaña para bien en muchos aspectos, sobre todo aquellos que se encuentran más cerca de los ciudadanos. Su juventud y arrojo convirtió al Partido Laborista que languidecía anclado en la derrota en una fuerza ganadora con la que ha logrado tres victorias seguidas. Blair habría podido también ser el gran renovador de la izquierda europea, igual que Margaret Thatcher lo había sido antes para una derecha asfixiada ideológicamente por la guerra fría, pero la tercera vía ha sido para casi todos los partidos socialdemócratas del continente una vía muerta, donde no han encontrado inspiración. Tal vez lo que le ha faltado a Blair para haber consolidado su influencia en el exterior haya sido un mayor acento en su política europea, donde el Reino Unido siempre ha tenido una actitud reticente que habría podido matizar con más decisión. Puede que haberse empeñado en hacer que su país entrase en el euro hubiera sido un paso demasiado audaz, pero, desde luego, eso lo habría anclado definitivamente en su espacio geoestratégico natural. Ha tenido tiempo de haberlo demostrado, incluso en el ejercicio de la presidencia de turno de la UE y en debates tan claros como el de las perspectivas financieras, y en los hechos Blair nunca ha querido desmentir las tesis de que, para Londres, la Unión no pasa de ser un conglomerado mecánico de intereses mercantiles sin un proyecto político común. El que fue considerado como su principal ideólogo, el profesor Anthony Giddens, tiene parte de razón cuando dice que Blair ha mirado demasiado a Estados Unidos y demasiado poco a Europa, aunque también es verdad que se equivocan los europeos que se empeñan en no mirar (o en mirar sólo con animadversión) a Estados Unidos. En esto Blair ha hecho lo que cualquier dirigente británico en su lugar: mostrar lealtad hacia un país que salvó a Gran Bretaña dos veces durante el siglo XX a costa de grandes sacrificios. En un caso como el de Irak, con toda su terrible controversia, los británicos son seguramente los únicos europeos que tienen siempre conciencia de lo que significa contribuir a garantizar su propia seguridad. Margaret Thatcher vivió la cara buena de esta situación cuando tuvo que ir a la guerra de las Malvinas y a Blair le ha tocado la cruz de la moneda en Mesopotamia. Y como tantos otros grandes gobernantes británicos, se va cuando le llegan las horas bajas, muy bajas incluso, y la opinión pública que hace diez años le encumbraba ya le da la espalda abiertamente. Así es la democracia; a un antecesor suyo, Sir Winston Churchil, le pasó lo mismo, a pesar de que él sí que había ganado la guerra. T LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA A economía española está en un punto de inflexión y se extiende la idea de que el modelo de crecimiento está agotado. Si le aplicáramos el carné deconducir por puntos, diríamos que de los doce recibidos al inicio de esta legislatura, ya se han dilapidado la mitad. Unos por exceso de velocidad, pues sólo de conducción temeraria se puede calificar la actuación del Gobierno en la saga de Endesa, y otros por distracción al volante, pues la insistencia en reescribir la historia en vez de encarar los retos del futuro es tan irresponsable como hablar por el móvil a 140 kilómetros por hora. En las últimas semanas todos los medios de comunicación internacionales de referencia en la creación de opinión entre los inversores internacionales han dedicado editoriales a la economía española. Con singular unanimidad, todos son pesimistas. No deben escuchar mucho al presidente del Gobierno y coinciden en señalar que se acaba la etapa de crecimiento de los últimos catorce años. Como resume The Economist la pasada semana, sólo queda saber si estamos ante un aterrizaje gradual o brusco. Lo primero era, en algún momento, perfectamente previsible, quizás inevitable y hasta probablemente deseable, aunque todo Gobierno habría querido posponerlo hasta después de las elecciones. Lo segundo, de producirse, es su responsabilidad directa por acción, como en Endesa o la CNMV o inacción, como en las reformas estructurales pendientes y recién recordadas por Trichet, gobernador del Banco Central Europeo. La preocupación por la salud de la economía española responde a causas reales y financieras. Entre las reales, el comportamiento conocido de la productividad, la competitividad y el déficit exterior. Este último se acerca al 10 por ciento del PIB, lo que explica que la posición deudora neta de la economía española frente al exterior haya crecido el 30,5 por ciento durante 2006. Esa es la magnitud del endeudamiento internacional de España. Por eso la imagen, reputación y credibilidad de la economía, la calidad de la política económica y el comportamiento de las instituciones son tan importantes para que el aterrizaje sea gradual. La L inversión directa extranjera en España viene cayendo desde hace tiempo y especialmente significativa resulta la de Estados Unidos, en claro retroceso desde 2004. No es extraño, ya que el Gobierno de EE. UU. recomienda a sus empresarios tomar mayores precauciones para invertir en nuestro país. Con el último dato publicado, el saldo negativo se duplica y episodios como el de Delphi no contribuirán a hacer más atractiva la localización industrial en España. Criminalizar la salida de una empresa que suspendió pagos hace más de cinco años y ejercitar la violencia contra sus directivos, sólo impedirá nuevas inversiones. La Bolsa, castigada por las dudas de los inversores, se aleja de máximos y el Ibex 35 se ha convertido en el índice europeo menos rentable en el año 2007. Siempre se pueden atribuir las culpas a un valor concreto, como siempre la inflación es culpa del pollo o las lechugas. Pero lo cierto es que la inversión extranjera se está retrayendo del parqué, a pesar de que los últimos resultados empresariales publicados superan ampliamente las previsiones. Estamos ante un problema de confianza. Sólo eso puede explicar que la inversión en cartera en España haya sido en el último mes un 30 por ciento inferior a la de 2006. Harían bien el Gobierno y los agentes económicos y sociales en preocuparse. Es evidente que la dimisión del presidente de la CNMV no ha contribuido precisamente a tranquilizar a los inversores y a consolidar la imagen de nuestro país en el exterior. Pero el Ejecutivo socialista, en vez de recapacitar, persiste en el error y lo magnifica. El nombramiento de Julio Segura, al margen de su indiscutible valía académica, no ha sido bien recibido porque no cumple ninguna de las tres condiciones objetivas que se esperan de un buen regulador de los mercados financieros: independencia, capacidad ejecutiva y conocimiento del sector. Exquisita independencia que en esta oportunidad exigía, como hizo el Partido Popular tras la dimisión de Pilar Valiente, traer a alguien de fuera del actual Consejo, que sin la menor duda está completamente contaminado por las inaceptables presiones recibidas. CONTRA EL ADOCTRINAMIENTO AJO el pretexto de la democracia participativa y el republicanismo cívico, la puesta en marcha de la Educación para la Ciudadanía puede suponer que los adolescentes españoles se vean sometidos a un baño ideológico de tipo progresista. No es extraño que muchas asociaciones de padres hayan manifestado serios reparos ante la nueva asignatura y que la Iglesia exprese su temor de que se convierta en instrumento para difundir actitudes laicistas. Así pues, hay quien trata de aprovechar la oportunidad para transmitir a los jóvenes puntos de vista ideológicos sobre el matrimonio en la familia, la memoria histórica o la Alianza de Civilizaciones. En definitiva, podría convertirse en una especie de educación para el progresismo que ofrezca opiniones puramente coyunturales como si fueran verdades firmes y establecidas, aunque ni siquiera las comparten todos los sectores del PSOE. De este modo, no sólo se elude un pacto de Estado en materia de educación, como reclama la comunidad escolar, sino que se utiliza una mayoría circunstancial para imponer una visión del mundo que los alumnos de enseñanza media no están en condiciones de asimilar con sentido crítico. El intervencionismo del Gobierno en materia educativa supone, de manera más o menos disimulada, la imposición por el Estado de unos contenidos materiales que vulneran el principio básico de la libertad de ense- B ñanza y la obligada neutralidad de los poderes públicos en una materia tan delicada. Sin necesidad de acudir a medidas extremas, los padres, los profesores y otros estamentos disconformes con el planteamiento de la nueva materia tienen todo el derecho a hacer valer sus argumentos ante las administraciones públicas competentes. El artículo 27 de la Constitución no es compatible con un contenido cerrado y dogmático de los programas de las asignaturas. Como mínimo, es exigible que se expongan los diferentes puntos de vista sobre las cuestiones morales, políticas o ideológicas sin caer en un dogmatismo inaceptable. Enseñar la Constitución y los valores superiores del ordenamiento jurídico conlleva, entre otras cosas, asumir la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes; entre ellos está la libertad de conciencia, que es incompatible con cualquier tipo de adoctrinamiento o de imposición de una verdad oficial. Bajo su apariencia inocua y su lenguaje políticamente correcto, la Educación para la Ciudadanía encierra un grave riesgo que viene a sumarse a los abundantes problemas que afectan a nuestro sistema educativo. Es lógico, si tenemos en cuenta que se trata de una ley aprobada por el PSOE y sus socios al margen del consenso con la oposición y de acuerdo con conceptos falsamente progresistas, ya superados en muchos países europeos.