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4 OPINIÓN LUNES 30 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL SILENCIO DEL GOBIERNO ANTE CHÁVEZ D MARAGALL, A BUENAS HORAS L ex presidente de la Generalidad catalana Pascual Maragall ha desvelado en los últimos días, con declaraciones a diversos medios de comunicación, todas las estrategias inconfesables que se escondían tras el nuevo estatuto de Cataluña y ha dejado en mal lugar a sus partidos- -el PSOE y el PSC- a su sucesor, José Montilla, y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Realmente no ha dicho nada que no se supiera por otras fuentes, pero la suya es una voz autorizada que confirma las denuncias contra el desbarajuste constitucional que, con ligereza inusitada, impulsó Rodríguez Zapatero. No obstante, las declaraciones de un Maragall traicionado por el jefe del Ejecutivo hasta el punto de dejar la presidencia del PSC resultan un tanto tardías y están aparentemente animadas por un ajuste de cuentas del que él mismo no puede escapar. Maragall ha reconocido que el actual estatuto catalán no merecía la pena y que cometieron un error, proyectar la reforma estatutaria en vez de una reforma de la Constitución Quizá sin saberlo- -o quizá sin importarle especialmente- Maragall ha reconocido de forma explícita que el estatuto catalán pretendía una reforma constitucional, que dejó de ser encubierta desde que el Partido Popular- -entre otros- -interpuso un recurso de inconstitucionalidad, haciendo que dieran la cara definitivamente las numerosas, radicales e insubsanables vulneraciones de la Carta Magana en las que incurre la norma estatutaria. Maragall se ha anticipado al Tribunal Constitucional- -que aún no ha sentenciado- -y parece dar por tocado de muerte el estatuto con ese lamento por no haber hecho primero la reforma de la Constitución. Y debe saber de lo que habla, porque él fue el impulsor del proyecto estatutario, iniciativa con la que concurrió a las elecciones autonómicas de 2003 y en la que proponía el reconocimiento de Cataluña como Nación y la instauración de un modelo de relación confederal y bilateral, tanto en lo político como en lo financiero, con el Estado. Ahora se da cuenta de que su proyecto era E inconstitucional desde su origen. No menos graves son las acusaciones contra Rodríguez Zapatero, dibujado por Maragall en una entrevista a un medio catalán de comunicación como un político utilitarista y nada fiable. Maragall se duele de que Zapatero prefiriera a Montilla como presidente de la Generalidad y pactara el estatuto con el nacionalista Artur Mas, otro que también se sintió engañado por el presidente del Gobierno antes que él. Muy sincero se muestra Maragall, pero también en esto parece que el presidente de la Generalidad llega tarde a conclusiones que eran evidentes desde el momento en que Rodríguez Zapatero encaró la aprobación del estatuto como una encrucijada para su futuro político personal, En todo caso, las palabras de Maragall confirman que la aprobación del estatuto catalán fue, ante todo, resultado de una especulación de la clase gobernante catalana- -CiU incluida- -en concurrencia con el deseo de Rodríguez Zapatero de iniciar una derogación a plazos del sistema político de 1978, ejecutada al margen de los procedimientos constitucionales y de consuno con los nacionalismos de todo tipo y en todo lugar donde los hubiera. Otra cosa es que el despecho de Maragall sea un síntoma del fracaso de Rodríguez Zapatero, que ya empezó en el pobre- -por participación y votos a favor- -referéndum estatutario y ha culminado con una litigiosidad constitucional sobre el nuevo estatuto, en la que está en juego no sólo la constitucionalidad de esta norma, sino también la capacidad de autodefensa del sistema político para neutralizar los intentos de vaciarlo mediante procedimientos de falsas reformas estatutarias. Tan significativas, en este sentido, son las palabras de Maragall como las insistentes advertencias- -casi amenazas- -que el tripartito catalán lanza a diario sobre las consecuencias de un fallo constitucional desfavorable para el estatuto. Cuanto antes se resuelvan los recursos, antes se despejarán las dudas legales sobre el estatuto catalán y, también, antes se podrá recuperar el rumbo constitucional del Estado. NUEVA INFANTA DE ESPAÑA L nacimiento de la segunda hija de los Príncipes de Asturias es motivo de alegría para el conjunto de la sociedad española, como bien reflejan las múltiples felicitaciones que llegan a la clínica madrileña donde se ha producido el feliz evento. ABC se suma a dichos parabienes, como es propio de un periódico centenario cuyas convicciones monárquicas forman parte de sus señas de identidad. De acuerdo con el anuncio realizado hace unos meses, Doña Letizia ha dado a luz a una niña. El régimen actual de sucesión a la Corona otorga primacía, dentro del mismo grado, al varón sobre la mujer. Es notorio que existeun amplio consenso socialy político para proceder a la reforma en este punto concreto del artículo 57 de la Constitución, una modificación que sólo puede realizarse según el complejo mecanismo previsto por el artículo 168. Es decir, previa disolución de las Cámaras y aprobación por medio de referéndum. Así pues, será preciso encontrar el momento apropiado para que esta equiparación entre el varón y la mujer, que goza del acuerdo general, no seconvierta en pretexto para un debate que sólo beneficiaría a grupos minoritarios y radicales. En este sentido, el nacimiento de una Infanta impide que ciertos sectores aprovechen la coyuntura para hacer ruido en su propio provecho, planteando problemas ficticios sobre eventuales derechos adquiridos o exigiendo reformas urgentes. La opinión de los juristas más pres- E tigiosos es unánime en el sentido de que la sucesión a la Corona sólo se abrirá en el momento en que Don Felipe sea proclamado Rey. Por tanto, no existe esa supuesta urgencia, aunque sería conveniente abordar la reforma en cuanto el clima político sea propicio. Una vez más, la Corona expresa la estabilidad institucional mediante la conversión del hecho biológico del nacimiento en un acto que refuerza la permanencia y continuidad del Estado. La alta valoración de la Monarquía en todas las encuestas demuestra, sin lugar a dudas, que los ciudadanos son conscientes del papel determinante que ha cumplido y sigue cumpliendo. Don Juan Carlos desempeña de forma ejemplar las funciones que le atribuye el ordenamiento constitucional al tiempo que goza del máximo respeto y afecto por parte de la inmensa mayoría de los españoles. Estas consideraciones son también extensibles a Doña Sofía y a los demás miembros de la Familia Real. De ahí el interés y expectación que ha despertado el nacimiento, la amplísima cobertura del mismo por parte de los medios de comunicación de ámbito nacional e internacional y, sobre todo, la alegría que se percibe en la sociedad porque el alumbramiento se ha desarrollado con la normalidad prevista. El cariño de la gente demuestra que los españoles se sienten identificados con la Familia Real y celebran hoy, con toda naturalidad, el nacimiento de la nueva Infanta. ESPUÉS de aquel discurso en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su célebre aquí huele a azufre de Hugo Chávez puede esperarse cualquier cosa. Nunca ha sido conocido ni por su sutileza ni mucho menos por su claridad de juicio, así que como ya solamente habla con los que le ríen sus gracias y nada más hace discursos ante sus seguidores o ante aquellos que aspiran a convertirse en sus beneficiarios, es de esperar que este tipo de exabruptos vaya in crescendo. Como por otro lado aumenta el número de aquellos que se dan cuenta de que, además de todo lo que se pueda censurar de sus posiciones políticas, el dirigente venezolano no está del todo en sus cabales, es previsible asimismo que se incremente la lista de ultrajes y ofensas. De modo que en lo que se refiere a lo que ha dicho últimamente el bolivariano gobernante y la fórmula con la que se ha referido al ex presidente del Gobierno español José María Aznar, hay poco de novedoso. Lo que no lo es tanto es que el ministro de Asuntos Exteriores no haya reaccionado con la seriedad que se espera de un país moderno, donde tales destemplazas no caben en los usos sociales y políticos. Lo que ha dicho Chávez de José María Aznar es una majadería y no importa que se trate de un representante del actual partido de la oposición o un posible adversario político del Gobierno: a Aznar le han insultado en cuanto que fue presidente del Gobierno de España y, por tanto, se trata de un ataque a la dignidad del cargo que ostentó y a lo que ello representa. No es una enemistad privada que sólo a ellos dos concierne, sino un ataque contra una personalidad que ha representado a España al más alto nivel durante ocho años y a la que se le debe, como mínimo, respeto. Cualquiera puede concluir que lo que ha dicho Chávez de él, comparándolo nada menos que con Hitler, es un insulto intolerable y mucho más cuando viene de alguien que está laminando a todos los sectores políticos- -disidentes o no- -para instaurar un gobierno de partido único. Y en cuanto a lo que dice Chávez sobre los sucesos de 2002, cuando renunció al cargo por presiones de Ejército, el propio ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sabe perfectamente, porque los hechos le desmintieron en su momento, que el comportamiento del Gobierno español en aquellos turbulentos días fue impecable. La falta de reacción ha creado un precedente intolerable que un día tal vez aplique Hugo Chávez, si es que le interesa para sacar tajada, a otras figuras de la política española, incluyendo las que en estos momentos tienen en sus manos las riendas del país. El pretexto de que tal reacción dañaría las relaciones con Venezuela no puede ser invocado en ningún caso porque con Chávez no puede haber relaciones normales. En su mundo virtual sólo existe él, y todo lo demás lo supone sometido a sus excentricidades.