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4 OPINIÓN DOMINGO 29 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MADRID, SIN COMPLEJOS AS recientes visitas institucionales a Cataluña de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del alcalde de la capital, Alberto Ruiz- Gallardón, son gestos de buena política que se contraponen a los prejuicios victimistas con los que habitualmente se justifican a sí mismos los nacionalistas. La relación Madrid- Barcelona no debe ser un espejismo bienintencionado, sino un eje imprescindible del desarrollo económico, social, cultural y, también, político de España. No hay duda de que la alianza de Gobierno y parlamentaria del socialismo con el nacionalismo independentista ha animado los sentimientos excluyentes más radicales y, lejos de apaciguar aquella tensión territorial que Zapatero imputaba a Aznar, ha dado expectativas a esos nacionalistas que nunca consideran suficientes las concesiones hechas a sus demandas. En todo caso, hacen bien Aguirre y Ruiz- Gallardón en poner de su parte la voluntad necesaria para una forma de practicar la política que deja sin argumentos a los que hacen de Madrid el chivo expiatorio de sus propias limitaciones e impotencias. La capital de España y la Comunidad madrileñaestángestionadas con suficiente amplitud de miras y sentido nacional como para abanderar, sin complejos, el estrechamiento de lazos con Cataluña. Cuestión distinta es que Madrid acabe cayendo en un síndrome de emulación ante la carrera desbocada que han emprendido el Gobierno central y el tripartito catalánpara aumentarlas competencias deCataluña, antes de que resuelva el Tribunal Constitucional los recursos contra el nuevo estatuto. Es comprensible que Madrid y cualquier otra comunidad autónoma- -la valenciana lo ha previsto como cláusula estatutaria- -demanden una política de transferencias basada en el tratamiento igualitario de las regiones, a salvo los regímenesespecialesde losTerritoriosHistóricos vascos y de la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha reclamado la participación del Gobierno autonómico en la gestión del aeropuerto y la transferencia de las competencias sobre el transporte ferroviario decercanías. Lohahecho sincondicionar sus demandas a la financiación de las competencias, importante diferencia con las reivindicaciones del tripartito catalán y, en general, con el trato financiero privilegiado- -y dudosamente constitucional- -que se establece en el estatuto de Cataluña. Si el criterio es la mejor eficacia en la administración de los recursos públicos, bienvenidasseanlas nuevas competencias. Si es una pugna por no ser menos que Cataluña, se trata de un error. Madrid, autonomía y capital, representa modelos de gestión pública, iniciativa privada y dinamismo social. También un ejemplo de progreso económico y político dentro del estado autonómico y del marco constitucional. Ningún madrileño reclama una relación privilegiada con el Estado con la excusa de que vivirá mejor si tienen derechos propios, su pueblo se llama Nación o su Gobierno autonómico trata al Estado de tú a tú. Madrid ha llegado hasta su nivel actual de riqueza y bienestar sin necesidad de sumarse a aventuras ajenas ni deasumir demandaslocalistas máspropias de nacionalismos miopes que de una región situada a la cabeza de Europa. L LA CONTRADICCIÓN EN ESTADO PURO ALTASAR Garzón ha decidido no suspender las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) con el sorprendente argumento de que este partido no tiene vinculación alguna con ETA- Batasuna. No es fácil entender la lectura que ha realizado el juez de los informes emitidos por la Policía y la Guardia Civil. Garzón expresó su irritación ante las supuestas discrepancias entre los informes previos, exigiendo a Joan Mesquida una opinión unitaria. Sin embargo, el enfado se convierte en benevolencia respecto de sus propias contradicciones. En todo caso, el documento unificado, aunque tuvo que ser elaborado con más urgencia de la deseable, ofrece indicios suficientes para determinar que ANV no es una marca aséptica, sino una de las formas que adopta la izquierda abertzale y que sólo engañan a quien está dispuesto a dejarse engañar. Policía y Guardia Civil ofrecían varios indicios muy precisos y advertían de otras pistas, estableciendo que un batasuno ha elaborado las listas de ANV y de ASB y que la primera estuvo bajo la dirección de ETA hasta hace sólo cinco años. Por tanto, ni discrepancias ni ambigüedades, sino hechos y pruebas concluyentes. La lógica jurídica sale malparada en el auto dictado por Garzón, en el cual se establecen datos en un sentido para después resolver en sentido contrario. En el colmo de la falta de rigor, el juez acude a su propio auto de agosto de 2002, relativo a Batasuna, en el que se encuentran- -escritos de su puño y letra- -antecedentes notorios para situar a ANV como una pieza más del entramado político de la organización terrorista. Entonces, Garzón subrayaba el origen de HB en la llamada mesa de Alsasua, constituida en 1977 por representantes de una serie de grupos, entre ellos ANV Más adelante afir. maba que el MLNV y la propia HB contaron con el respaldo de un conjunto de partidos, entre ellos- -de nuevo- -el que ahora pretende ser blanqueado. HB es calificada en esa resolución judicial como instrumento de ETA y frente institucional de la banda terrorista. A su vez, se afirmaba allí que ETA fija los objetivos a desarrollar por la izquierda abertzale Por ello, convertir ahora esta expresión- izquierda B abertzale -en una referencia puramente ideológica es una falacia que supone una grave alteración de los hechos ya determinados por el auto de 2002. Porque en último término- -como Garzón dejó escrito al establecer la relación de Herri Batasuna- Euskal Herritarrok- Batasuna con ETA en su origen y desarrollo- -todas ellas forman parte del entramado organizativo de esa izquierda abertzale que ahora Garzón convierte en cosa distinta, al margen de la actividad terrorista que el propio magistrado dio por probada hace casi cinco años. Ayer, pues, Garzón se contradijo y rectificó a sí mismo en un auto tan insólito como incongruente que abre una salida al Gobierno en su pretensión inequívoca de que Batasuna, con uno o con otro nombre, regrese a las instituciones de las que fue expulsada en virtud de la ley de Partidos. Queda claro que ETA y los suyos marcan los tiempos en un proceso que conduce al resultado pretendido por Rodríguez Zapatero. Unas veces presentan listas claramente contaminadas para que trabajen en balde los órganos del Estado, y otras veces recuperan del baúl de los recuerdos una marca abandonada y que ahora les servirá de cobertura gracias a interpretaciones ilógicas de la ley. La ceremonia de la confusión se acrecienta con otras decisiones del propio magistrado de la Audiencia Nacional. El mismo día en el que dicta un auto que permite seguir actuando a ANV decreta prisión incondicional para un detenido al que acusa de haber confeccionado las listas de este partido en Navarra. Es difícil ofrecer el mismo día y casi a la misma hora criterios tan diferentes sobre los mismos hechos. En cualquier caso, el Gobierno sigue avanzando paso a paso en su intención de permitir la participación del brazo político de ETA en las próximas elecciones locales y, en el colmo del equilibrio circense, continúa diciendo que no se ha derogado la ley de Partidos ni se ha vulnerado el Pacto Antiterrorista. Así, a base de planes A, B, C o los que hagan falta, Batasuna se burla del Estado de Derecho y defiende sin rodeos a ANV jactándose, para mayor escarnio, de su habilidad para aprovechar los mecanismos del Estado de Derecho. PADRES AL LÍMITE A dramática petición de unos padres a la Administración asturiana para que les retiren la tutela de su hija de trece años es un hecho insólito que obliga a reflexionar sobre ciertos aspectos de la sociedad actual. Ciertamente, no es la primera vez que los problemas familiares desembocan en una solicitud de intervención pública. Recientemente, un joven de veintidós años tuvo la desfachatez de demandar a sus padres para que le aumentaran la paga semanal. Por otro lado, diariamente los jueces de familia tienen que regular hasta las más mínimas condiciones de la vida familiar tras una separación o un divorcio. Hace pocos días, el caso del niño de El Royo volvió a la luz pública al darse a conocer que el menor, devuelto a su madre biológica por orden judicial en 2002, estaba nuevamente en situación de desamparo. Sin embargo, la situación de los padres de Susana, nombre de la menor asturiana, no tiene precedentes. La menor se niega a asistir a clase desde hace seis meses, ha amenazado a sus padres y a otros menores, está implicada en robos y agresiones y su conducta también ha sido denunciada por el vecindario. Los padres han pedido que la ingresen en un centro público por la imposibilidad de reconducir a la menor. Esta petición demuestra el grado de angustia e impotencia de los padres, pero al mismo tiempo revela las dificulta- L des legales de atenderla. El Estado no puede convertirse en un sustituto de la familia, que es a lo que parece abocado. Ni los jueces ni los funcionarios, por mucho que cambien las leyes y los procedimientos, podrán establecer pautas de comportamiento que sólo pueden generarse en el seno familiar. Menos aún podrán hacerlas cumplir en lugar de los propios familiares. Hay razones mucho más de fondo que las lagunas legales para entender situaciones como la de Susana y sus padres. Razones que- -compatibles también en este caso concreto con una pasividad difícilmente explicable de las autoridades autonómicas- -tienen que ver con las dificultades crecientes de los padres para educar a sus hijos en una sociedad que no ayuda, en absoluto, a establecer valores y límites, a prestigiar la autoridad paterna, a recriminar la falta de respeto y a fomentar una educación basada en el esfuerzo para estudiar y la jerarquía del profesor. Que una niña de trece años decida libremente no ir a clase, desaparecer de su casa un fin de semana y cometer actos violentos contra otros niños expone una situación crítica de su familia y la necesidad de que reciba ayuda, sin duda, pero es también un síntoma que, unido a otros cada vez más frecuentes, denuncia la dispersión interna de una sociedad temerosa de poner reglas a los jóvenes y hacérselas cumplir.